LEY DE CARRERA JUDICIAL

´Estado incumple pacto con la CIDH´

Alianza Ciudadana pro Justicia considera que los argumentos económicos para no implementar el proyecto de carrera judicial ´son solo excusas´.

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Solo 964 de los 3 mil 772 funcionarios del Órgano Judicial están amparados por la carrera judicial, según cifras de la Alianza Ciudadana pro Justicia. LA PRENSA/Archivo. Solo 964 de los 3 mil 772 funcionarios del Órgano Judicial están amparados por la carrera judicial, según cifras de la Alianza Ciudadana pro Justicia. LA PRENSA/Archivo.
Solo 964 de los 3 mil 772 funcionarios del Órgano Judicial están amparados por la carrera judicial, según cifras de la Alianza Ciudadana pro Justicia. LA PRENSA/Archivo.

Por considerar que incumple claramente compromisos adquiridos por el Estado panameño con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Alianza Ciudadana pro Justicia rechazó la decisión de la Asamblea Nacional de archivar el proyecto de ley de carrera judicial.

Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de la organización, recordó ayer que el Estado, a través de la Cancillería, asumió los referidos compromisos en 2010 al enviar a la CIDH una carta, en la que garantizó el cumplimiento de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia y entre estos, como primer punto, la implementación de la ley de carrera judicial.

Sin dicha normativa, sostuvo, “lo que tenemos es inseguridad e inestabilidad para los jueces y magistrados y esto, a su vez, permite la manipulación de la justicia y la inseguridad jurídica para todos los ciudadanos”.

Castillo resaltó que el Órgano Judicial tiene actualmente 3 mil 772 funcionarios y de estos solo 964 (25.5%) están amparados por la carrera judicial.

Precisó que con la firma del Pacto de Estado por la Justicia en 2005 se suspendieron los concursos dentro de la carrera judicial y aún hoy, ocho años después, se espera la aprobación de la nueva norma.

“En pocos meses tendremos el Metro y muchas inauguraciones de obras de infraestructura, pero seguimos con una justicia de cuarto mundo, sin una ley de carrera judicial que garantice un adecuado sistema de nombramiento, evaluación de desempeño, ascenso y remoción de los funcionarios judiciales”, acotó.

También rechazó los argumentos planteados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para no aportar los recursos que requiere la ley, especialmente el que indica que el pago de bonos de antigüedad a los funcionarios judiciales, que tienen muchos años de servicio, sería “muy oneroso” para el Estado.

“Son solo excusas”, dijo, al tiempo que aclaró que esos beneficios son un calco de los incluidos en la ley de carrera legislativa. “¿Por qué hay para unos y no para otros?”, se preguntó.

ARGUMENTOS

En un nota enviada por el titular del MEF, Frank De Lima, a la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Dana Castañeda, se resalta como argumento para declarar no viable el proyecto la falta de un estudio técnico.

Lo anterior, según De Lima, “revela que no se ha tomado en consideración leyes que crean otras jurisdicciones en el sistema judicial, así como las implicaciones que pudieran generar divergencias con disposiciones constitucionales”.

La diputada Castañeda, por su parte, envió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, y además de los argumentos planteados por De Lima fundamentó el rechazo del proyecto de ley en la imposibilidad de la Asamblea Nacional para “reconocer a cargo del Tesoro Nacional indemnizaciones de cualquier índole, llámese gratificaciones o bonos de antigüedad, como lo establece el proyecto de ley de carrera judicial”.

Para Ricardo Fuller, vocero de la Asociación de Servidores del Órgano Judicial, para hacer viable el proyecto se debe buscar un balance y recortar algunas de la figuras que se crean con la norma, como por ejemplo el Tribunal de Transparencia.

El proyecto de ley de carrera judicial original fue presentado en 2009 por el entonces presidente de la Corte Harley Mitchell.

El 29 de julio pasado, el magistrado Harry Díaz presentó una serie de modificaciones “consensuadas con asociaciones de magistrados y jueces, en las que se incluyó una norma que permitiríaa esos funcionarios acceder a una jubilación complementaria, lo que costaría $42 millones.

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