Proponen elección transparente de los magistrados

Otro intento por la justicia

Grupos de la sociedad civil, empresa privada y funcionarios judiciales acordaron impulsar una agenda con puntos concretos para mejorar la justicia.

Para ejecutar los cambios propuestos en los ocho puntos de la Agenda Ciudadana de Justicia 2014-2019, se requiere de la voluntad política de los gobernantes.

Así lo manifestó Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, durante la reunión que dio inicio a la campaña de recolección de firmas de apoyo para impulsar la citada agenda que incluye puntos concretos para mejorar la administración de justicia en Panamá.

El viernes pasado organizaciones de la sociedad civil, empresa privada y funcionarios judiciales, incluyendo magistrados de la Corte Suprema, dieron su respaldo a la cita agenda, que entre otros puntos pide la implementación del sistema acusatorio en todo el país; aprobar la ley de carrera judicial; que 3% del presupuesto del Estado sea para la administración de justicia; y un mecanismo transparente de escogimiento de los magistrados de la Corte Suprema.

De acuerdo con Castillo, lo que se pretende es que la agenda ciudadana de justicia se convierta en un tema de Estado y sea incluida en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales.

En el encuentro, la Alianza Ciudadana Pro Justicia planteó que la agenda sea incluida en los programas de gobierno de los candidatos presidenciales para las elecciones de 2014.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Transparencia Internacional, el Colegio Nacional de Abogados, magistrados de tribunales superiores, jueces y funcionarios del Órgano Judicial la avalaron.

Los magistrados Harley Mitchell y Harry Díaz respaldaron la iniciativa, pero no firmaron el documento.

El abogado y exfiscal de Drogas Rosendo Miranda, de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Apede, señaló que modernizar el sistema judicial es una tarea pendiente de este y los anteriores gobiernos.

A su juicio, la realidad indica que hay un desface entre la justicia y la evolución socioeconómica de Panamá.

Miranda consideró que la carrera judicial viene a darle agilidad al sistema, lo que provocará que el crecimiento económico sea mayor y se garantice el fortalecimiento de la democracia.

En 2005, titulares de los tres órganos del Estado, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil firmaron el Pacto de Estado por la Justicia con el fin de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño.

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