La agenda de Esmeralda de Troitiño en la CIDH

Esmeralda Arosemena de Troitiño se ha trazado la meta de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trabaje en la divulgación de los derechos humanos para empujar su cumplimiento en cada país.

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De Troitiño, electa el pasado martes 16, asumirá como comisionada de la CIDH el 1 de enero de 2016. De Troitiño, electa el pasado martes 16, asumirá como comisionada de la CIDH el 1 de enero de 2016.
De Troitiño, electa el pasado martes 16, asumirá como comisionada de la CIDH el 1 de enero de 2016.

Esmeralda Arosemena de Troitiño se ha trazado la meta de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trabaje en la divulgación de los derechos humanos para empujar su cumplimiento en cada país.

La exmagistrada asegura que la Comisión tiene una visión de las dificultades que afronta y afectan su efectividad, como el valor de las relatorías y la consideración del tema de medidas cautelares.

Una inyección de docencia

Esmeralda Arosemena de Troitiño llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de dejar su sello académico, porque cree que la entidad tiene la responsabilidad de promover el respeto y cumplimiento de los derechos de los ciudadanos del continente.

Aspira a que el período en el que accede al organismo –de franca renovación– ayudará a que los comisionados se tomen el tiempo de hacer introspección y aplicar los ajustes que les ayuden a cumplir su rol en el hemisferio.

¿Cuál es su visión del papel de la CIDH frente al escenario de la región?

La Comisión tiene hoy un momento importante y oportuno porque se integran cuatro comisionados, dos mujeres y dos hombres, en un nuevo período. Eso nos permite, porque somos en total siete, tener una probabilidad de hacer un examen serio de los cuestionamientos que se han hecho al trabajo de la Comisión en estos últimos dos años.

Mi visión es de un organismo que consolidado puede realizar una labor no solo de cuestionamiento, sino de promover los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional en los sistemas judiciales de nuestros países. Es decir, buscar un mecanismo que nos permita hacer un contacto con los países –las fórmulas están–, por ejemplo, a través del compromiso de remisión de informes y de las relatorías temáticas, ya que cada relatoría tiene un enfoque del problema, de la situación de los países. Si logramos que nuestros países reconozcan que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) está para el reforzamiento, para la garantía, para que nuestros conciudadanos tengan ese espacio, eso, creo yo, tiene que proyectarse en la política pública de los países, en la tutela judicial efectiva. Y si eso se fortalece, la Comisión tendrá más bien un trabajo de reconocimiento a los países que alcanzan metas. Esa es la inyección que quisiera darle a la Comisión, porque he trabajado en el sistema de justicia y sé de las dificultades que tiene.

Su perfil se inclina hacia género, niñez. ¿Va a imprimirle también ese enfoque a su trabajo?

Por supuesto que sí, porque el orden jurídico internacional se consolida precisamente porque los países reconocen que hay grupos que no están en planos de igualdad, que son diferentes por su condición económica, formativa, social, pero esas diferencias no los hacen desiguales. Este concepto de justicia y equidad está basado en las diferencias de la humanidad y estos grupos requieren de un reforzamiento de sus derechos en virtud de los factores que los colocan en una situación de desigualdad. ¿Quién tiene la responsabilidad? La justicia, la autoridad, la política nacional. Y ahí está discapacidad, indígenas, afrodescendientes, mujer, familia, niñez, adolescencia, juventud, porque son etapas de la vida y cada etapa te coloca en una determinada realidad. Por ejemplo, cuando uno habla de la discriminación está hablando de un acto de violencia. Excluir o impedir el ejercicio de un derecho es discriminar.

Hay cuestionamientos no solo a la CIDH, sino al sistema mismo y a la OEA, se habla de ineficacia del organismo, y durante la Asamblea General la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado mencionó como importante en su reestructuración la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Qué puede hacer la CIDH?

He estado haciendo una revisión del cuestionamiento al que ha estado sometida la OEA en general, y en estos dos últimos años el propio organismo de manera integral ha hecho suyos unos procesos de reflexión en los que se ha listado una serie de dificultades que enfrenta la Comisión, su estructura, sus funciones, y que afectan la efectividad de la respuesta.

¿Cuáles son?

Está el tema del valor que tienen las relatorías, la consideración del tema de las medidas cautelares, la necesidad de priorizar, el papel de promotor de derechos, que creo que se ha dificultado porque hay funciones que te demandan una respuesta más inmediata. También se ha cuestionado –Ecuador ha hecho mucho énfasis en eso– el porqué la Comisión dicta medidas cautelares.

Frente a esto, respaldo la posición que plantea la vicepresidenta y canciller, que es que la CIDH debe estar desligada de conflictos de interés, de relaciones de poder, actuar con transparencia y apegada a derecho. Si yo tengo un Tratado que me dice que yo tengo esta responsabilidad yo la voy a asumir apegada a lo que en materia de administración de justicia esto implica, porque lo que hay que puntualizar es que cuando has ido allá, al espacio internacional, es porque tu espacio nacional te ha fallado. Entonces, la Comisión tiene que garantizar que en esa etapa que es de investigación, de análisis, se determine si hay méritos para que esa denuncia se convierta en un proceso y pase a la Corte IDH, o si hay otros mecanismos para atender la petición, porque eso es lo que hace la Comisión.

Y esa es mi fortaleza, fue mi fortaleza cuando fui juez. Yo decía, mi independencia, mi verticalidad está en lo que me dice la Constitución y al lado la ley que aplico para el caso concreto. Es decir, la traslado a la motivación, que es explicar por qué esa es la posición que responde al derecho cuestionado.

Hay un elemento importante, una dificultad. Uno no se va a una oficina como comisionada, los casos se van presentando, hay una distribución de tareas, hay dos o tres sesiones formales ordinarias al año, el resto lo trabajas en el país. La Comisión tiene un equipo técnico permanente pero los comisionados solo se reúnen para el debate, para tomar una decisión. Entonces, eso puede mermar un poco la cohesión que da un cuerpo colegiado permanente.

¿Sería esto que menciona parte de una reforma que ayudaría al trabajo de la Comisión?

Creo que sí, hay que evaluar. Hay un mensaje muy claro del secretario general, Luis Almagro, de que hay que hacer unos ajustes. Tú hablabas de la efectividad, yo creo que esa estructura debe estar dirigida a alcanzar eso, porque cuando un país siente que, por ejemplo, el Comité Jurídico evalúa su informe y le da las consideraciones, le plantea recomendaciones, es decir, hay comunicación, ve que ese comité es efectivo, tiene funciones, y le representa al país una respuesta. Los países quieren también una OEA que les dé respuestas, porque la efectividad de las instituciones es para los ciudadanos que demandamos un derecho allá pero también para el país, que como integrante de esa comunidad internacional espera obtener de ese organismo, que implica recursos y aportes, también una visión.

Mucha gente dirá que ellos lo saben, claro que lo saben, pero cuando se firman los tratados hay una responsabilidad que se asume y no se internaliza. Eso es un proceso en el que tenemos que ayudar. Cuando uno lee la carta fundacional, la carta social, ve que los países tienen una expectativa para que el organismo contribuya a la paz, a la solidaridad, al progreso, al desarrollo. Y creo que la reestructuración debe ir por eso, un mirar para adentro el papel que ha estado jugando cada uno. Por ejemplo, hay un valor que se les debe dar a las relatorías, cada una debe buscar que su proyección tenga un peso, la de libertad de expresión se ha preocupado por tenerlo.

La elección de Patricio Pazmiño a la Corte IDH ha sido muy criticada. ¿Cómo cree que será su papel?

Al asumir la posición se destaca tu profesionalismo, tu intelectualidad, tu conocimiento y tu visión de lo que representa en este caso una organización como esta. Le doy el voto de confianza, que es una persona preparada, que es una persona con conocimiento y que lo va a utilizar en beneficio de la institución y del continente. De no hacerlo, la comunidad dirá teníamos razón de nuestra posición crítica. Independencia es poder desempeñarte en un nivel de política de Estado, que no esté comprometida con intereses de ningún orden, desvinculado del poder económico, político, religioso, gremial.

Sí hubo un cuestionamiento muy fuerte, también con el de Argentina. Tienen idoneidad académica y no una idoneidad ética, que la mide la sociedad y esas personas están en la mira de una sociedad que va a ver si tú vas a asumir una posición que te eleve.

Y mi expectativa es poder alcanzar no el desmembramiento de la organización –que fue una de las primeras de la comunidad internacional–, porque hay trabajos que se pueden hacer, la ciudadanía necesita tener confianza en sus instituciones, hay que fortalecerla, hay que demandarle, y demandándole a ella se le demanda a sus integrantes y sus integrantes deberán responder.

Tiene usted un peso sobre sus hombros al ser la primera vez que Panamá accede a una posición como esta.

Por lo menos en el Sistema Interamericano y en un organismo de derechos humanos, y me llena de satisfacción, con un gran reto. Yo digo que más que oportunidad es asumir la responsabilidad en un tema que ha sido el desarrollo de toda mi vida, por eso lo veo también como la culminación de mi carrera pública.

PERFIL

EJECUTORIA

Es licenciada en Filosofía, Letras y Educación, y en Derecho y Ciencias Políticas; Profesora de Segunda Enseñanza con especialización en pedagogía; tiene estudios de posgrado en género y familia. Fue representante de Panamá ante el Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño; magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia; dirigió la Comisión Presidencial para la Ley de Responsabilidad Penal para la Adolescencia; y fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

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