Análisis

El jaque mate a los casos de corrupción de alto perfil

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El caso Odebrecht, la causa penal más controvertida de los últimos tiempos, y por la cual se ha criticado al Ministerio Público por su supuesta pasividad, se encuentra a la espera de una solicitud de extensión apelada al Segundo Tribunal Superior. El caso Odebrecht, la causa penal más controvertida de los últimos tiempos, y por la cual se ha criticado al Ministerio Público por su supuesta pasividad, se encuentra a la espera de una solicitud de extensión apelada al Segundo Tribunal Superior.
El caso Odebrecht, la causa penal más controvertida de los últimos tiempos, y por la cual se ha criticado al Ministerio Público por su supuesta pasividad, se encuentra a la espera de una solicitud de extensión apelada al Segundo Tribunal Superior. Archivo

Existen múltiples formas en que se puede descarrilar el tren de una investigación criminal. Se le puede cortar la energía o se puede neutralizar a los operadores de la investigación. Hasta ahora, esas habían sido las estrategias de los grupos de poder involucrados en los casos de corrupción de alto perfil. Con la llegada del “buen gobierno”, ha aparecido una tercera estrategia, que parece sumamente efectiva para descarrilar este tren: quitarle los rieles. En una investigación criminal, los agentes y oficiales investigadores de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional son los rieles del tren que conduce el Ministerio Público.

La decisión del equipo directivo del Ministerio de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de trasladar personal sensitivo y de mandar de vacaciones a los agentes investigadores de campo de la DIJ asignados a las fiscalías especiales anticorrupción viola directamente el artículo 9 de la Ley 69 de 2007, que prohíbe apartar de una investigación en curso a los agentes y oficiales de la DIJ. Esto puede configurar el delito de abuso de autoridad.

Entendamos las consecuencias concretas de estas acciones. El caso Odebrecht, la causa penal más controvertida de los últimos tiempos, y por la cual se ha criticado al Ministerio Público por su supuesta pasividad, se encuentra a la espera de una solicitud de extensión apelada al Segundo Tribunal Superior. Si este tribunal falla a favor del Ministerio Público, el caso no tendría a los investigadores de campo de la DIJ para concluir. Incluso, si el Segundo Tribunal le niega la extensión, todo el expediente Odebrecht debe ser preparado para su entrega, pero sin la valiosa colaboración de los investigadores de campo puede desmejorarse la calidad de la información que se presente.

En los casos del sistema penal acusatorio, tales como Pandeportes, juntas comunales, planillas 080 y 172 de la Asamblea Nacional, por solo mencionar algunos ejemplos, también se quedaron sin sus investigadores de campo. Aquí se dan dos circunstancias distintas. En aquellos casos en que haya habido imputación, el tiempo de investigación ya está corriendo y sin los agentes de la DIJ que conocían los expedientes los casos quedarían a la deriva. Por otra parte, en los casos que todavía no tienen imputación, las investigaciones y todas las demás diligencias deben detenerse hasta que haya un nuevo equipo que le dé seguimiento. El efecto obtenido es una parálisis en la investigación de los principales casos de corrupción de alto perfil.

La sustitución del personal investigativo es un proceso complejo, ya que toma meses para que el nuevo equipo se ponga al día y maneje con propiedad toda la documentación y las piezas que conforman el caudal probatorio de expedientes de inmensa complejidad. Por ejemplo, el caso Odebrecht ya superaba los 80 imputados y alcanzaba casi la misma cantidad de tomos. Esta investigación contiene documentos en español, inglés, portugués y es posible que incluso haya que trabajar con documentos en francés y alemán. El expediente contiene, según lo divulgado por los medios, miles de archivos de Excel que deben ser analizados con sumo cuidado. Preparar un investigador desde cero para que conozca de este caso consumiría el término de la posible extensión solicitada al Segundo Tribunal Superior.

¿Por qué la nueva dirección de la Policía Nacional tomó estas acciones? El comisionado Jorge Miranda se debe jubilar en unos 15 meses, por lo que cualquier beneficio de esta medida va dirigida hacia sus benefactores civiles. Paralizar el caso Odebrecht, neutralizar las investigaciones de las planillas, las juntas comunales o los bates de 400 dólares puede favorecer a personas muy allegadas al actual gobierno. Si el Ministerio Público y la ciudadanía no defienden la institucionalidad, el resultado final de los traslados y las vacaciones de los agentes de la DIJ será la más descarada impunidad.

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