La larga espera atlántica

El 30 de diciembre de 1992 la entonces Asamblea Legislativa aprobó la ley Colón Puerto Libre, que establecía un sistema fiscal y aduanero especial con estructura de puerto libre, aplicable, en principio, al territorio de la provincia de Colón.

Desde el año 1991, intensas jornadas de protesta habían paralizado varias veces la capital de la provincia atlántica, bloqueando la entrada y salida de la carretera Transístmica, para exigir al entonces gobierno del presidente Guillermo Endara, una solución a sus endémicos problemas de empleo, vivienda, y condiciones de vida deterioradas.

Entre las quejas se denunciaba el poco impacto de la actividad comercial de la Zona Libre de Colón en la ciudad y la provincia.

Poco después de su aprobación, por primera vez, la ley fue vetada por Endara, que la calificó de inexequible.

Los legisladores colonenses insistieron y finalmente la ley pasó. Su implementación sería otro cantar.

Para 1994, Julio Luque, presidente de la Cámara de Comercio de Colón en esa época, se quejaba de que no se había avanzado en la aplicación de la norma.

Informaba en enero de ese año que los primeros pasos ya los había dado la junta asesora de Colón Puerto Libre, pero que requería del apoyo del gobierno central.

Pero el entusiasmo de Luque no lo compartía el Consejo Nacional de la Empresa Privada. El gremio había demandado la ley.

Darío Selles, presidente del poderoso gremio empresarial, decía ese mismo año que Colón Puerto Libre adolecía de una “gran cantidad” de fallas jurídicas que lo hacen prácticamente nulo.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo había declarado “constitucional”.

En septiembre de 1995, el viceministro de Hacienda y Tesoro del gobierno de Ernesto Pérez Balladares, Miguel Heras Castro, calificó la Ley Colón Puerto Libre como una norma legal “muy difícil de implementar, porque está mal hecha” pero que debía cumplirse por ser ley de la República.

El gobierno propuso una sectorización para poder aplicar la ley en la provincia atlántica. Para ello, el ejecutivo sostuvo reuniones y giras con legisladores y comerciantes. En un principio se restringió a la isla de Manzanillo. Hubo protestas nuevamente en la ciudad.

En diciembre de 1998, la Defensoría empezó una investigación “de oficio” al presidente Ernesto Pérez Balladares por no haber implementado durante su mandato la ley de puerto libre.

Pese a que ya había grandes proyectos en marcha, como el puerto de cruceros Colón 2000 y las zonas portuarias de Manzanillo y Cristóbal, los colonenses seguían sintiéndose disconformes.

Justamente, el proyecto Colón 2000 se desarrolló bajo los incentivos y parámetros contemplados en la ley, a través de un decreto ejecutivo firmado por Pérez Balladares que demarcó solo un área de la ciudad de Colón para su aplicación.

En 2000, luego de la asunción de la presidenta Mireya Moscoso, las cosas parecieron cambiar. La Presidenta había prometido reformar la ley, mediante un nuevo decreto que modificara las restricciones (limitadas al proyecto Colón 2000), establecidas por Pérez Balladares.

A través del Decreto 251 del 31 de octubre de 2000, Moscoso incorporó toda la ciudad de Colón al proyecto y no solo a un reducido sector de esta.

Sin embargo, a finales de 2001, el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Gassam Salama, se lamentaba de que la ley seguía sin implementarse.

En 2002 surgieron las dudas en torno al proyecto del Centro multimodal Industrial y de Servicios (Cemis). De la ley Puerto Libre, nada se decía.

En 2003 se recrudecieron las protestas por el escándalo del Cemis y el fracaso de Colón Puerto Libre.

“Nos parece que nunca ha existido voluntad de los gobiernos de turno” para el desarrollo de Colón Puerto Libre, dijo amargamente en marzo de 2006 Carlos Manuel Gómez, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón.

En marzo de 2009, durante la recta final de la campaña de la entonces alianza opositora, y en una gira a la provincia caribeña, Ricardo Martinelli se refirió a la implementación de una zona especial de comercio y turismo en la ciudad de Colón y mencionó que desarrollaría a plenitud el proyecto Colón Puerto Libre, así como la conclusión de la autopista Panamá-Colón.

El tema de la controvertida ley reapareció en un almuerzo-reunión de la Cámara Americana de Comercio e Industrias, el miércoles 16 de marzo de 2011, tras una charla del entonces viceministro de Comercio Exterior (hoy ministro de Vivienda), José Domingo Arias.

Pero desde entonces no ha pasado nada nuevo.

Colón, proyectos y realidades

Según un informe de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (Usaid), el nivel de pobreza en la provincia de Colón es del 42.7%, frente al 36.8% del total del país.

El producto interno bruto (PIB) de la provincia de Colón representa el 15% del PIB total del país, aun cuando solo asienta el 7.1% de la población, debido a la presencia de la Zona Libre de Colón, que funciona como un “enclave” económico donde la mayor parte de la riqueza no permanece en la provincia.

En 2008 contaba con un total de 13 mil 804 desempleados. El Gobierno impulsa algunos proyectos en Colón, como el nuevo aeropuerto internacional de France Field, nuevas instalaciones portuarias y la culminación de la autopista Panamá-Colón, entre otros, con los que busca paliar la precaria situación de la provincia.

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