BONIFICACIÓN. los orígenes DEL CEPADEM.

El largo camino de un pago

35 años esperaron los trabajadores de la década de 1970 para poder cobrar un dinero prometido casi desde la creación del décimo tercer mes.

Del Cerdem al Cepadem

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Finalmente, a finales de 2017, los jubilados, que eran trabajadores regulares en la década de 1970, pudieron cobrar sus décimos atrasados. Finalmente, a finales de 2017, los jubilados, que eran trabajadores regulares en la década de 1970, pudieron cobrar sus décimos atrasados.
Finalmente, a finales de 2017, los jubilados, que eran trabajadores regulares en la década de 1970, pudieron cobrar sus décimos atrasados. Archivo

A comienzos de la década de 1970 el gobierno militar surgido tras el golpe de Estado de 1968 promovió la creación de una bonificación especial para los trabajadores regulares del país: el décimo tercer mes.

Esta medida se instituyó primero mediante el Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971, pero solo beneficiaba en un principio a los trabajadores del sector privado. Los servidores públicos estaban excluidos de este beneficio.

Se estableció que el pago de esta bonificación debía realizarse en tres partidas durante el año, con fechas definidas: 15 de abril, 15 de agosto y 15 de diciembre. Los montos pagados no estarían sujetos al pago de cuotas obrero-patronales para la seguridad social.

En 1974 se extendió el décimo tercer mes a los servidores públicos a través de la Ley 52 de 16 de mayo de ese año.

Otra medida de la misma época, el Decreto Ejecutivo No. 22 de 18 de octubre de 1973, determinó que la segunda partida del décimo tercer mes no se pagaría directamente a los trabajadores, sino que se utilizaría, en calidad de préstamo, para financiar programas de vivienda social y que tales dineros irían al Banco Hipotecario Nacional, con el compromiso del Gobierno de devolverlos pasados 10 años.

Cumplido ese lapso, en 1983, la Ley 17 de 22 de agosto estableció que se volvería a pagar la segunda partida del décimo tercer mes directamente a los trabajadores, pero no los dineros acumulados durante los 10 años anteriores ni sus intereses. La nueva norma dispuso, en cambio, aparentemente sin consultar a los trabajadores, que esos fondos adeudados pasarían a la Caja de Seguro Social (CSS) para financiar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS, según el artículo 2 de la citada ley.

La norma estaba firmada por el entonces presidente de la República, Ricardo de la Espriella, y el ministro de Trabajo y Bienestar Social, José G. Montenegro.

Aquello no fue del agrado de los trabajadores y pensionados de la CSS, que iniciaron una lucha por la recuperación de esos dineros, un derecho al que no estaban dispuestos a renunciar.

La deuda ascendía a unos 131 millones de dólares a poco más de 100 mil trabajadores.

La crisis del país desatada por la dictadura de Manuel Antonio Noriega y la posterior invasión estadounidense de 1989 que lo derrocó, hizo que la lucha por los dineros adeudados a los trabajadores pasara a un segundo plano.

La Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados fue una de las principales organizaciones dedicadas a mantener vivo el reclamo. Tras el retorno de la democracia, su lucha se reanudó.

Entre tanto, 87 mil 457 funcionarios no habían cobrado las terceras partidas del décimo tercer mes correspondientes al período comprendido entre diciembre de 1989 y agosto de 1991. El país que heredó Guillermo Endara estaba en bancarrota y no había cómo pagar esa deuda.

Veinte años después, en las postrimerías del gobierno de Martín Torrijos y gracias a la constante presión de otro grupo, el Movimiento de Rescate del Décimo Tercer Mes, se lograría concretar un solución para esto, con la Ley 19 de 2 de marzo de 2009.

Pero no sería sino hasta junio de 2013 que la administración de Ricardo Martinelli resolvería este otro problema por medio de la Ley 40 de esa fecha, y se creó para tal fin el certificado de pago negociable llamado Cerdem.

Para los reclamantes de los décimos adeudados de la década de 1970, el Cerdem se convirtió en un modelo. Y redoblaron su clamor de justicia, pues su caso era anterior y no había recibido respuesta.

En 2014, una iniciativa legislativa, a instancias de los grupos de jubilados de la CSS, propuso extender el beneficio de los Cerdem a los trabajadores del período 1972-1983.

La solución, sin embargo, no se concretaría sino hasta 2017, en la administración de Juan Carlos Varela, con la expedición de la Ley 15 del 10 de abril, que planteó financiar esos pagos con dineros recuperados por el Estado en casos de delitos contra la administración pública. En julio, sin embargo, el Consejo de Gabinete propuso reformas a ese texto, donde estableció los certificados de pago negociables de la segunda partida del decimotercer mes (Cepadem), que empezaron a pagarse, por fin, en noviembre pasado.

Del Cerdem al Cepadem

Ambos son instrumentos negociables. Ambos fueron la solución a un problema que amenazaba con volverse explosivo. Ambos tuvieron como origen deudas con las partidas del décimo tercer mes.  Y uno sirvió como antecedente y modelo del otro. El Certificado de Pago negociable del Décimo Tercer Mes (Cerdem)  sirvió para resolver la deuda de la tercera partida del décimo tercer mes de los años 1989 a 1991.

Es representado por certificados negociables que emite la Contraloría General de la República. Sus valores de emisión son iguales a la suma de los montos adeudados y dejados de pagar y están libres del impuesto sobre la renta. Entre tanto, los Certificados de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem)  son documentos similares  que reconocen el pago de la partida de agosto del décimo tercer mes que dejaron de recibir los trabajadores que cotizaron en la Caja de Seguro Social entre 1972 y  1983.

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