CARRERA ADMINISTRATIVA

Por ley, cargos públicos irán a concurso

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Con la llegada de la nueva era democrática, en 1990, se intentó definir un esquema de contratación que al tiempo diera estabilidad a los funcionarios. Con la llegada de la nueva era democrática, en 1990, se intentó definir un esquema de contratación que al tiempo diera estabilidad a los funcionarios.
Con la llegada de la nueva era democrática, en 1990, se intentó definir un esquema de contratación que al tiempo diera estabilidad a los funcionarios. LA PRENSA/Archivo

A partir del próximo 2 de julio, los funcionarios solo podrán acceder al cargo mediante concurso.

Ese día entra en vigencia la última etapa de la Ley de Carrera Administrativa aprobada en 2017, que contiene lo referente a los nombramientos.

La norma, que impulsó la Presidencia, no aplica para los altos cargos y crea el Tribunal Administrativo de la Función Pública, formado por dos magistrados nombrados por el Ejecutivo y uno por el Legislativo.

Nombramientos políticos, vieja práctica oficial

La práctica del clientelismo ha imperado por años en la administración pública panameña. Superar la elección selectiva de servidores del Estado es una promesa incumplida que ha trascendido gobiernos.

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Por ley, cargos públicos irán a concurso

Con la llegada de la nueva era democrática, en 1990, se intentó definir un esquema de contratación que, al tiempo que diera estabilidad a los funcionarios, los vinculara al servicio público por mérito propio, basado en aptitudes e integridad para el cargo. Así llegó en 1994 la Ley 9, por la cual se estableció y reguló la carrera administrativa.

Ese primer intento no logró acabar con los nombramientos políticos.

De allí que, cada cinco años, con cada cambio de gobierno, estos trabajadores se han visto sometidos a las coyunturas producto de la alternancia del poder de los partidos políticos. Solo en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), con la Ley 43 de 2009, se desacreditó a 20 mil empleados públicos que había nombrado su antecesor, Martín Torrijos (2004-2009), en la carrera administrativa. La Ley 43, que reformó la carrera administrativa, autorizó al gobierno a nombrar a servidores públicos sin la condición de carrera. Fue aprobada en julio de 2009 por la Asamblea Nacional, en ese entonces presidida por el diputado José Luis Varela.

¿Esta vez sí?

En el gobierno de Juan Carlos Varela, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, que reformó la Ley 9 de 1994. La iniciativa, entre otras cosas, fijó el procedimiento especial de ingreso a los puestos oficiales, un sistema de remuneración salarial y mejorar los derechos de los servidores públicos. Sin embargo, aún persiste la duda de cuán efectiva será.

La Ley 23 establece, por ejemplo, que a partir del 2 de julio del presente año, los puestos permanentes en el gobierno serán ocupados por concurso. Esto quiere decir que la persona que desee ocupar un puesto público deberá competir con los demás aspirantes. Los concursos serán abiertos para los funcionarios y el resto de los ciudadanos.

Alejandro Haynes, secretario general de la Federación Nacional Empleados Públicos (Fenasep), manifestó que la Ley 23 está enfocada en que este “hábito” de hacer nombramientos políticos sea descartado. Explicó que el ingreso por mérito a los puestos coadyuvará a este aspecto.

Alejandro Haynes. Expandir Imagen
Alejandro Haynes.

Alcance

Aunque la meritocracia se impondrá para la mayoría de servidores públicos, esta ley no será aplicable para los ministros, viceministros, directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, así como los gerentes y subgerentes de sociedades en las que el gobierno tenga una participación mayoritaria. También se exceptuarán administradores y subadministradores de entidades del Estado.

Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, manifestó que aspira a que en Panamá se pueda tener un sistema en donde los más altos puestos sean ocupados por personas con mayor capacidad, pero, sobre todo, con “probidad”.

“Ojalá que para los puestos que ocupan los ministros de Estado se tuviera mucho más allá de lo que exige la ley, que en algunos casos los requisitos son mínimos... Ojalá que pudiéramos confiar en que la implementación de la Ley de Carrera Administrativa suba el nivel general de los servidores públicos y [que] esto obligue a buscar mejores personas para estos puestos, que tradicionalmente han sido políticos”, remarcó.

Olga de Obaldía. Expandir Imagen
Olga de Obaldía.

Hay escepticismo

Carlos Ayala, abogado especialista en derecho del trabajo en el sector público, manifestó que hay una gran incertidumbre en relación con la aplicación de la ley.

A juicio de Ayala, hay escepticismo sobre si se respetarán los tiempos, es decir, que ocurran tres cosas: se comiencen a dar los concursos para nombramientos, que este año se presente la Ley General de Sueldos (que busca equiparar los salarios para los funcionarios de carrera, los permanentes sujetos a la carrera administrativa y todo aquel que no esté amparado por una ley especial) y que empiece a funcionar el Tribunal Administrativo de la Función Pública (ver nota relacionada).

Dijo, además, que la efectividad de esto dependerá de la cultura política y de que los servidores públicos defiendan sus derechos. “Cada gobierno entrante suspende la ley original acomodándola a sus intereses. La administración de turno acusa a sus predecesores de haber aplicado políticamente la Ley de Carrera Administrativa, un argumento válido para que entonces la normativa se suspenda”, advirtió.

Según el jurista, históricamente los gobiernos se han preocupado por velar por la estabilidad de sus empleados allegados, lo que ocasiona los despidos masivos cada vez que hay cambio de administración.

Desde la dirección

David Montenegro, director de Carrera Administrativa, contó que más que enfocarse en la selectividad -es decir, en cómo se ha escogido al funcionario- la ley busca generar una política pública que otorgue más estabilidad y equipare los derechos de la empresa privada al servicio público.

“Se va a asegurar que cada funcionario esté por mérito a través del ingreso por concurso. Es una manera de garantizar que la persona cumpla con el perfil mínimo para lo que fue contratada. También pasarán por una serie de evaluaciones de desempeño para conocer si en efecto tienen el compromiso y la ética para servir”, detalló.

Instalan Junta Técnica y Rectora de Carrera

El pasado miércoles, 21 de marzo, se instaló la  Junta Técnica y Rectora de Carrera Administrativa. Entre sus funciones está asesorar al mandatario en materia de administración de recursos humanos y  proponer    políticas de recursos humanos del sector público. También podrá  aprobar o rechazar el reglamento interno de la Dirección General de Carrera Administrativa y evaluar el desempeño de su director general.

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