LEGISLACIÓN

En el limbo, ley para prorrogar ayuda a heridos de Changuinola

El presidente Juan Carlos Varela decidió no sancionar el proyecto de ley que extendía el apoyo económico a los trabajadores de las bananeras, luego de reformas introducidas por la Asamblea.

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La Asamblea Nacional aprobó el año pasado el proyecto de ley 666, que aumentó de $200 a $300 el beneficio mensual para los afectados en las protestas que se dieron en julio de 2010 en la provincia de Bocas del Toro contra la ‘ley chorizo’. La Asamblea Nacional aprobó el año pasado el proyecto de ley 666, que aumentó de $200 a $300 el beneficio mensual para los afectados en las protestas que se dieron en julio de 2010 en la provincia de Bocas del Toro contra la ‘ley chorizo’.
La Asamblea Nacional aprobó el año pasado el proyecto de ley 666, que aumentó de $200 a $300 el beneficio mensual para los afectados en las protestas que se dieron en julio de 2010 en la provincia de Bocas del Toro contra la ‘ley chorizo’. Archivo

En un limbo permanece el proyecto de ley 666, que busca prorrogar la ayuda económica de $200 hasta 2020 a los trabajadores heridos durante las protestas en Changuinola, Bocas del Toro, contra la polémica “ley chorizo” en 2010.

Este subsidio fue aprobado mediante la Ley 28 de 2015 y venció en julio de 2018, no obstante, el Consejo de Gabinete aprobó varias prórrogas a través de resoluciones mientras presentaba una nueva propuesta de ley que garantizara el pago de esta ayuda financiera.

Finalmente, la iniciativa fue llevada por el Ministerio de la Presidencia a la Asamblea Nacional en agosto de 2018 y, tras varios meses, recibió tercer debate.

No obstante, el pasado mes de diciembre, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, envió una nota a la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, en la que le informó que objetaba el proyecto de ley, luego de que los diputados incluyeran aspectos ajenos al espíritu de lo presentado inicialmente por el Ejecutivo.

Los cambios

El documento entregado por la Presidencia se limitaba a un artículo, en el que prorrogaba el programa social de $200 al mes hasta 2020 para los heridos de forma parcial, siempre que se determine que su salud está afectada. De hecho, la Ley 28 de 2015 obliga a evaluar el programa cada tres años, a fin de determinar si ha mejorado o empeorado la salud de los afectados.

Sin embargo, durante el primer y segundo debate los diputados modificaron la propuesta de ley. Por ejemplo, incluyeron un segundo artículo, el cual señala que los trabajadores que prestaron o presten servicios en las empresas bananeras tendrán derecho a un “ retiro anticipado por vejez” cuando tuvieran 58 años de edad, los hombres, y 54 años de edad, las mujeres; y al menos 18 años de labor en la actividad.

Además, aumentaron el subsidio de $200 a $300.

A raíz de esto, el mandatario consideró que el artículo 2 sobre jubilaciones especiales constituye una “materia completamente extraña” a la propuesta original y que está vinculada a la legislación de la seguridad social.

Además, recordó que en 2017 fue presentada una normativa sobre jubilaciones especiales para trabajadores de las bananeras, la cual fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a que se podrían estar creando privilegios que van contra la Constitución.

Francisco Artola, viceministro de la Presidencia, subrayó que, más allá del aumento del programa, lo que les inquieta es el tema de las jubilaciones especiales. “Un tema son las jubilaciones, mientras que otro el apoyo económico a las víctimas de Bocas del Toro”, puntualizó.

Artola resaltó que el Consejo de Gabinete aprobó a través de una resolución extender el pago de $200 hasta julio de 2019, pero reconoció que es un “paliativo”, porque lo ideal sería aprobar la ley.

“Apelamos a la buena voluntad de la Asamblea para aprobar la propuesta”, dijo.

Por su parte, Jacinto Quintero, presidente del Movimiento de Heridos 8 de Julio, manifestó que no están de acuerdo con lo actuado por la Asamblea, ya que eso ha dilatado la extensión de la ayuda financiera.

Quintero dijo estar “preocupado”, ya que si bien se aprobó una prórroga hasta julio de 2019, “no es lo mismo que una ley” y de suspenderse estos pagos, estarían afectando a 279 personas que fueron heridas en 2010 y que aún viven con perdigones de plomo en su cuerpo. “Solo a finales de 2018 perdimos a un compañero y muchos de los afectados dependen de ese aporte económico, porque su salud empeoró con el tiempo”, expresó.

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