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OPERACIÓN LAVA JATO

¿Estoy en la lista de Odebrecht?

Un ambiente tenso han provocado las delaciones premiadas de ejecutivos del gigante de la construcción de Brasil.

Lo que puede hacer el Gobierno

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Adriano Juca (centro), director legal de Odebrecht, tras la firma del acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de este mes. Adriano Juca (centro), director legal de Odebrecht, tras la firma del acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de este mes.
Adriano Juca (centro), director legal de Odebrecht, tras la firma del acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de este mes. Andrew Kelly

¿Cuánto dinero pagó en coimas Odebrecht? En el reciente acuerdo que firmó la empresa –así como su filial petroquímica Braskem- con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el holding brasileño admitió pagos de sobornos que superaron los mil millones de dólares, de los que unos 440 millones de dólares fueron pagados a políticos y funcionarios fuera de Brasil.

En Panamá, la cifra de sobornos alcanza hasta ahora los 59 millones de dólares, en un período de apenas cinco años (2009-2014).

Pero Odebrecht lleva en este país mucho más que eso. Su presencia se remonta, al menos, a 2006, lo que significa que aún faltarían por escrutar, teóricamente, cinco años, que comprenden, además de la administración de Ricardo Martinelli, la del expresidente Martín Torrijos y la de Juan Carlos Varela.

No obstante, nada de estas dos últimas administraciones mencionadas ha salido a relucir por el momento.

Por lo que es de suponer que la suma de los sobornos puede ser mayor. Por ahora, la única persona mencionada por su nombre es Carlos Ho González, un exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas que trabajó para dos gobiernos: el de Torrijos y el de Martinelli. Pero Ho niega relación alguna con el cobro de coimas a través de una offshore.

Solo es cuestión de tiempo saber más de cómo la mayor empresa de construcción de América Latina llegó a corromper a políticos y funcionarios del más alto nivel.

Hay otros tres personajes que, sin haber sido nombrados por sus nombres, podrían ser el expresidente Martinelli y sus dos hijos.

Las autoridades de Suiza solicitaron a Panamá a principios de año tomarles declaración a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares en calidad de acusados. ¿De qué se les acusa? Se desconoce hasta ahora, pero eso está por saberse pronto.

UN BANCO ‘COIMERO’

El volumen de coimas que manejaba Odebrecht era tan alto que tuvo que crear un departamento, llamado Sector de Operaciones Estructuradas, para mover cientos de millones de dólares para sus “clientes”. Además, tuvo que crear softwares especializados para llevar la contabilidad, que era paralela a la del grupo empresarial.

Y contrató a operadores financieros que se encargaban de crear la estructura de lavado a través de compañías fantasma offshore –muchas de ellas creadas en Panamá– que incluían contratos ficticios para dar la apariencia de legalidad a las millonarias transacciones que se realizaban diariamente. De hecho, uno de los programas creados para el pago de coimas se llamaba MyWebDay.

Estos operadores abrieron centenares de cuentas bancarias por todo el mundo –incluyendo en el sistema bancario panameño– y el dinero viajaba por circuitos de lavado por todo el mundo para finalmente recalar, ya “limpio”, en cuentas ubicadas en paraísos fiscales o en Suiza, Andorra y otros varios países europeos.

Tal era el volumen de coimas, que Odebrecht compró un banco en el Caribe, llamado Meinl Bank, en Antigua, sucursal de un banco del mismo nombre, ubicado en Austria.

Pero antes, Odebrecht había intentado comprar otro: el Antigua Overseas Bank (AOB), pero la compra nunca se pudo concretar. Este banco entró en problemas de liquidez, que Odebrecht intentó solucionar sin éxito, hasta que finalmente cerró.

Fue entonces que Odebrecht cumplió su sueño de adquirir un banco –el Meinl Bank– en 2010, institución que pasó a ser administrada por Vinicius Veiga Borin, quien venía de manejarle las cuentas de Odebrecht en el AOB.

Precisamente, este banquero fue el que delató a Carlos Ho González como el beneficiario de una compañía offshore que recibió fondos negros de Odebrecht.

Veiga Borin narró que entre los compradores que representaron a Odebrecht en la compra del Meinl Bank figuraron personas ya conocidas en Panamá, como Olivio Rodrigues, titular de una de las cuentas de Constructora Internacional del Sur en Panamá–que manejó, al menos, 50 millones de dólares–; Luiz Eduardo Soares, quien vinculó en una delación premiada a uno de los hijos de Martinelli en el pago de una coima de 6 millones de dólares; y Fernando Miglaccio, quien manejó otra de las cuentas bancarias en Panamá de Constructora Internacional del Sur.

LOS DELATORES

77 ejecutivos y empleados de Odebrecht se han acogido a la delación premiada. De ellos, uno es clave para Panamá: André Rabello, aunque no es el único que posee información sobre coimas y manejo de obras públicas en Panamá, sí es uno de los que tenía acceso al Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Su testimonio está ahora en proceso de “homologación”; es decir, está siendo revisado por un juez, a fin de que se cumplan las formalidades de los acuerdos de delación premiada.

Su declaración aún se desconoce en su totalidad, pero, sin duda, muchos acá se preguntan si su nombre será mencionado por este ejecutivo, quien era conocido por su cercanía al poder.

Durante unos 10 años, –como parte de los acuerdos de delación premiada– Rabello puede ser citado por los fiscales brasileños para responder sobre sus actividades ilegales; a quién pagaba; cómo lo hacía; cuánto; con qué frecuencia, a qué sociedades; si la empresa hacía los pliegos de cargo en las obras en las que participaba; dónde se hacían las reuniones para decir las condiciones de una obra o el pago de las coimas; si Odebrecht obligaba a sus socios empresariales a ofrecer y pagar coimas; si sabía que las empresas en los consorcios de los que era parte pagó coimas. ¿Fueron los mencionados hasta ahora los únicos que recibieron coimas?

Seguramente, muchas de esas preguntas ya han sido respondidas por Rabello y otros ejecutivos que tenían que ver con las operaciones ilegales de Odebrecht en América Latina.

Solo es cuestión de tiempo saber más de cómo la mayor empresa de construcción de América Latina llegó a corromper a políticos y funcionarios del más alto nivel.

Lo que puede hacer el Gobierno

La conducta de Odebrecht en Panamá según el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, constituye dos delitos distintos: El de corrupción de servidores públicos en la modalidad de soborno transnacional (artículo 338 del Código Penal) y el de blanqueo de activos (artículo 254).
Ambos implican penas de prisión para los ejecutivos de Odebrecht y para los panameños participantes.
La ley 23 del 2015 sobre blanqueo de activos le concede la facultad a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros para multar hasta por $1 millón y pedir la cancelación de la licencia de operación de la empresa infractora. Esta ley es aplicable a empresas constructoras.
El presidente de la República cuenta con amplios poderes para tomar las siguientes determinaciones:
1. Demandar civilmente a Odebrecht por el monto de los sobrecostos y coimas reconocidas, más los daños y perjuicios.
2. El Estado puede emitir un decreto ejecutivo indicando que mientras no haya un resarcimiento de los daños causados, la empresa queda excluida de nuevas licitaciones. Esto seguramente será atacado judicialmente, pero dado el rechazo de la opinión pública será muy difícil que la Corte lo anule.
3. El presidente debe darle las instrucciones a la Unidad de Análisis Financiero de que comparta con el Ministerio Público y todos los fiscales extranjeros los datos de la Constructora Internacional del Sur filial panameña de Odebrecht.
4. Además, puede pedirle a las Naciones Unidas la creación de una Comisión Internacional para la investigación de la corrupción, similar a las comisiones contra la impunidad que funcionan en Guatemala y Honduras.
5. Puede anunciar que se hará una auditoría forense independiente de todos los proyectos de la empresa en Panamá (de 2006 a 2016).
6. Puede proponer una nueva revisión de la ley de contrataciones públicas y de las propuestas de las reformas electorales para fortalecer los controles contra la corrupción y blanqueo de activos.

*El autor es abogado

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