INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN

Bajo la lupa están 44 cuentas de BPA

Los padres del exministro Demetrio Papadimitriu  manejaron hasta 45 cuentas en BPA y el banco Crèdit Andorrà, para movilizar, al menos, $16 millones provenientes de pagos de tres constructoras, entre ellas Odebrecht.

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Las pesquisas en Andorra sacaron a la luz la dinámica de BPA como operador del lavado de las coimas pagadas por Odebrecht en toda Latinoamérica. Las pesquisas en Andorra sacaron a la luz la dinámica de BPA como operador del lavado de las coimas pagadas por Odebrecht en toda Latinoamérica.
Las pesquisas en Andorra sacaron a la luz la dinámica de BPA como operador del lavado de las coimas pagadas por Odebrecht en toda Latinoamérica. Reuters - Archivo

La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) recibió 116 reportes de transacciones financieras de todo el sector bancario en 2017, una cifra que supone un incremento superior al 100% respecto al año anterior, cuando se señalaron 53.

De acuerdo con el último informe que recogen las principales actividades desarrolladas por el órgano competente andorrano para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, del número total, la gran mayoría, 107, fueron indicadas por los bancos.

El responsable de la Uifand, Carles Fiñana, quien presentó el documento la semana pasada, puso de relieve que, de las 107 alertas indicadas por las entidades financieras, la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) sospecha que 44 tienen relación con el caso de Banca Privada d’Andorra (BPA).

Además, el dosier pone de manifiesto que de los 116 expedientes bajo sospecha que fueron registrados en 2017, 56 se pusieron en manos de la Fiscalía de Andorra.

En total, en 2017 se investigó a mil 729 personas, una cifra muy superior a las 437 de 2016.

También se incrementaron las solicitudes de asistencia judicial de otros países. Perú y Francia lideran la lista de países que más cooperación han solicitado, con seis y cinco peticiones, respectivamente. Panamá tramitó una solicitud en 2017 que tardó en contestarse 26 días, según el informe.

El banco andorrano fue intervenido en marzo de 2015, después de que el Gobierno de Estados Unidos (EU), a través del Departamento de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), publicó un informe en el que acusa a la entidad de blanquear dinero de terceros en nombre de organizaciones criminales.

Las investigaciones del Tribunal de Andorra sacaron a la luz las dinámicas corruptas de BPA como operador del lavado de las coimas pagadas por Odebrecht en toda Latinoamérica.

La fiscal Canòlic Mingorance ha imputado hasta ahora a 32 personas –entre las que figuran exempleados del instituto financiero andorrano, asesores, abogados, exejecutivos de Odebrecht y políticos de primera línea– que “estarían vinculados de manera directa o indirecta a la trama de sobornos provenientes de la constructora Odebrecht”, según los documentos judiciales a los que tuvo acceso este periódico.

La causa fue decretada secreta.

Asimismo, según el diario El País, los padres de Demetrio Papadimitriu, ministro de la Presidencia en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), María Bagatelas Papadimitriu y Diamantis Papadimitriu, manejaron hasta 45 cuentas en BPA y el banco Crèdit Andorrà, para movilizar, al menos, $16 millones provenientes de pagos de tres constructoras: Odebrecht, Constructora Meco y Constructora Panacol, según un informe del Uifand.

Estas operaciones financieras con evidencias de blanqueo de capitales se dieron entre 2010 y 2014, y podrían ser mucho más caudalosas, ya que el rastreo de sus movimientos evidencia que abrieron cuentas “de forma compulsiva”.

Cuando saltó el escándalo, y ante la amenaza de que la crisis endémica de BPA contagiase a todo el sistema bancario andorrano, el Gobierno fulminó a todo el consejo de administración y delegó a la AREB la tarea de separar a los clientes del banco con actividades lícitas de los que estaban bajo sospecha de estar involucrados en actividades criminales.

El proceso estipula un robusto escrutinio de los fondos de BPA, a fin de poder determinar si la cuenta bancaria es susceptible de ser reportada como sospechosa. De no encontrar evidencias de irregularidades, la AREB dispone el traspaso de BPA en Vall Banc, un banco de nueva creación, controlado a su vez por la firma de inversión estadounidense JC Flowers.

El último traspaso se produjo el mes pasado, cuando se transfirieron 80 cuentas bancarias consideradas aptas, cuyos fondos sumaban $34 millones.

El proceso de migración de BPA a Vall Banc podría alargarse hasta finales de este mes. En total, se han producido siete traslados. El primero se hizo en abril de 2016 y aglutinó el 93% de los clientes de BPA. En esa primera criba, el 3% fue considerado sospechoso de blanqueo de capitales, mientras que el 4% restante fue considerado no apto por falta de aportación de documentación justificativa de su operativa. Este 4% correspondía a mil 242 clientes, con un volumen de negocio de 708 millones de euros (unos 833.1 millones de dólares).

Andorra ha ido sometiendo su opaca estructura fiscal a un marco regulatorio estandarizado con arreglo a los patrones de la Unión Europea (UE). En 2012, firmó un acuerdo para la prevención del blanqueo de capitales y prevención del fraude y falsificación de moneda.

En 2009 se iniciaron los cambios legislativos que culminaron en 2017 con la aprobación de la ley que regula el intercambio de información financiera, que básicamente derribó el secreto bancario.

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