acuerdos de pena para el sistema inquisitivo

Lo malo y lo bueno del 245

El Ministerio Público defiende el proyecto 245 de acuerdos de penas, no obstante, abogados litigantes sostienen que la iniciativa es innecesaria.

Los puntos del proyecto de ley 245

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Los diputados de diferentes bancadas mantuvieron extensas negociaciones en el pleno de la Asamblea Nacional con respecto al proyecto 245 de acuerdos de pena, cuyo debate no se pudo empezar. Los diputados de diferentes bancadas mantuvieron extensas negociaciones en el pleno de la Asamblea Nacional con respecto al proyecto 245 de acuerdos de pena, cuyo debate no se pudo empezar.
Los diputados de diferentes bancadas mantuvieron extensas negociaciones en el pleno de la Asamblea Nacional con respecto al proyecto 245 de acuerdos de pena, cuyo debate no se pudo empezar. Isaac Ortega

El Ministerio Público (MP) señaló que es “necesario” que el proyecto 245, de acuerdos de pena, se convierta en ley de la República para agilizar procesos penales del sistema inquisitivo que requieren de esta figura, con el fin de que la rebaja de pena se pueda aplicar de forma temprana en los casos de la colaboración eficaz de los imputados.

Delia de Castro, coordinadora de la implementación del sistema penal acusatorio en el Primer Distrito Judicial, explicó que actualmente en el sistema mixto inquisitivo se permite la rebaja de pena, pero no de forma temprana durante el proceso, por lo que se busca esta reforma.

“La reforma es necesaria (...) los acuerdos de pena no limitan el resarcimiento al Estado en el caso de que sean delitos relacionados contra la administración pública”, destacó la funcionaria del MP.

De Castro indicó que el acuerdo de pena o colaboración es una figura que tiene su tradición en Estados Unidos, y en Panamá ha sido utilizada en el sistema penal acusatorio, ya que en las 227 sentencias que se han logrado en los últimos cuatro meses, el 90% ha sido gracias a los acuerdos de pena tras la colaboración eficaz del imputado.

“No es una figura que vamos a utilizar ahora, es una figura que se viene usando desde el 2 de septiembre de 2011 en el sistema penal acusatorio”, sostuvo.

Explicó que los acuerdos de pena serían aplicables a cualquier persona antes de la celebración de la audiencia ordinaria.

Puso como ejemplo que una persona que haya cometido el delito de robo y está a la espera de una audiencia, que se celebrará dentro de seis meses, podría junto con el fiscal y la defensa negociar un acuerdo de pena, siempre y cuando el individuo proporcione colaboración eficaz en cuanto al delito que permita frenar que los hechos sigan ocurriendo.

Indicó que los casos en que se aplicaría la colaboración eficaz son para el crimen organizado e investigaciones judiciales complicadas.

De acuerdo con la funcionaria, sería mucho más fácil obtener la verdad de lo que ocurrió dentro de la organización delictiva por una persona que estuvo adentro, además que esta persona podría señalar a otros implicados en el delito.

“Ese esquema y beneficio que nos da la persona no necesariamente será simplemente hacer un favor a la administración de justicia, sino que conlleva un beneficio para él”, apuntó.

Manifestó que la persona que se someta a la colaboración eficaz no queda exenta de que se le formulen cargos, ya que a partir de esa fase es que podría alcanzar un acuerdo de pena.

Si el individuo proporciona información falsa en la colaboración se le puede imponer la pena máxima que establece el delito que cometió, según lo que disponga la ley.

ES INNECESARIO

Roinel Ortiz, exfiscal auxiliar y defensor legal de varios exfuncionarios del gobierno anterior imputados por casos de corrupción, plantea que el tema de los acuerdos de pena en procesos penales tiene existencia en las normas del sistema penal acusatorio.

“Es innecesario, porque incluso en los procesos abreviados del sistema inquisitivo hay posibilidad de una rebaja de la pena al imputado”, destacó.

Mientras, el abogado Ángel Álvarez tiene un planteamiento similar al de Ortiz. Califica al proyecto de ley 245 como “innecesario y malo”. Argumenta que en el Código Procesal Penal, en su artículo 220, ya se establecen los acuerdos, y que eso está vigente desde el 2 de septiembre de 2011.

Expresó que la figura del acuerdo está vigente y “lo que tiene que hacer la procuradora es aplicar el artículo 220 del Código Procesal Penal, y punto”.

El abogado Armando Fuentes indicó que el proyecto ayudaría a conocer la verdad del escándalo de Odebrecht, pero advirtió que hay que hacerle reformas para que no se abra un espacio a la impunidad por parte de las personas que confiesen algún delito.

OTRA PROPUESTA

En tanto, ayer el diputado del Partido Popular, Juan Carlos Arango, presentó un anteproyecto de ley que crea una comisión que investigue los casos de corrupción y en la que participe la sociedad civil y sectores políticos, entre otros.

Los puntos del proyecto de ley 245

El proyecto de ley 245 es mucho más que el artículo 22 que establece el acuerdo de penas para los casos del sistema inquisitivo. Esta iniciativa nació para reducir el hacinamiento carcelario, modifica el sistema de casación penal, mejora el régimen de incentivos que aplican las medidas educativas y laborales para los privados de libertad, y busca modernizar el sistema de extradición vigente en el país. En cuanto al tema del hacinamiento carcelario, las propuestas del proyecto de ley 245 son muy útiles. Se le permitirá a los privados de libertad llegar a acuerdos de penas con los fiscales, lo que en la práctica significaría casi una amnistía general. Aproximadamente el 60% de los privados de libertad lo están por una detención preventiva. Se estima que casi 10 mil personas pudieran beneficiarse de este tipo de medida. Este es un reconocimiento implícito de que la justicia panameña no tiene la capacidad ni los recursos para funcionar plenamente. Al introducir instituciones del sistema penal acusatorio al llamado sistema inquisitivo mixto hay que tener mucho cuidado por el proceso de trasplante. En el caso del acuerdo de pena, vigente en el sistema penal acusatorio, hay sectores que apropiadamente lo hacen equivalente a una impunidad delictiva de los casos de corrupción de alto perfil. Aunque es cierto que con este sistema casos como los de Odebrecht y otros escándalos recibirán penas menores o incluso días multa, también es cierto que con el sistema inquisitivo mixto no se ha podido avanzar en los casos de alto perfil. Países como Estados Unidos, Italia y Brasil han podido usar estos mecanismos sin necesariamente producir impunidad. La aplicación general de estos acuerdos de pena enfrenta la realidad de que Panamá no tiene la arquitectura institucional para darle seguimiento a todos los privados de libertad, beneficiarios potenciales de este tipo de mecanismos. Además, el acuerdo de pena crearía un estímulo para que personas inocentes se declaren culpables de un crimen que no cometieron para poder salir más rápido de las cárceles. Los procedimientos que faciliten la liberación de los privados de libertad, tales como el acuerdo de pena, las libertades condicionales, o la reducción de penas por días de estudio y de trabajo, deben venir acompañados de incentivos para que los beneficiarios de estas medidas no vuelvan a delinquir. Una idea suelta pudiera ser la revocatoria del acuerdo de la reducción de las penas si comete otro delito en los siguientes cinco años. Por ninguna parte del proyecto se establecen mecanismos de seguimiento o de apoyo a los liberados para proveerles de un acompañamiento que aumente las probabilidades de éxito de su libertad. Sería muy valioso aprovechar esta oportunidad para introducir normas que establezcan recompensas para los familiares, auditores, abogados, banqueros, asistentes, socios de negocios u otros terceros que conozcan de fortunas mal habidas, y que a cambio de un 10% de lo que se recupere le indiquen a la justicia el paradero y el origen presumiblemente corrupto de esos bienes. Estados Unidos y la Unión Europea tienen mecanismos similares que ayudan muchísimo en el combate a la corrupción.  Mucho de lo que incluye el proyecto de ley 245 es necesario porque la justicia panameña está ahogada, y es ineficiente intencionalmente. Sería muy útil que los diputados y las fuerzas políticas del país considerasen con urgencia medidas que dupliquen el presupuesto asignado al Órgano Judicial, al Ministerio Público, al Instituto de Medicina Legal y al Sistema Penitenciario para que Panamá de verdad tenga una justicia en la que solo los culpables estén en las cárceles, y no existiese impunidad alguna para los delitos de alto perfil.
*El autor es abogado

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