CONDENA AL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

Un ‘millonario regalo’ del Estado

En un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se obligaría al Banco Nacional de Panamá a desembolsar 5.3 millones de dólares.

Una generosa indemnización

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En julio pasado, la Dirección General de Ingresos notificó al Banco Nacional de Panamá sobre el levantamiento del secuestro a los bienes de Constructora Urupan, S.A. En julio pasado, la Dirección General de Ingresos notificó al Banco Nacional de Panamá sobre el levantamiento del secuestro a los bienes de Constructora Urupan, S.A.
En julio pasado, la Dirección General de Ingresos notificó al Banco Nacional de Panamá sobre el levantamiento del secuestro a los bienes de Constructora Urupan, S.A. Archivo

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia podría obligar al Banco Nacional de Panamá (BNP) a pagar próximamente $5.3 millones a la empresa Constructora Urupan, S.A.

En el BNP consideran que las obras con las que el Gobierno ayuda a los panameños se podrían ver impactadas negativamente con esta acción.

El gerente del BNP, Rolando de León, lamentó que ahora se tenga que hacer frente a un “dudoso” fallo de la Corte Suprema que data de 2005, comprometiendo dinero que la entidad entrega al Tesoro Nacional para el beneficio de la población.

“Es una situación difícil para el banco y para el país, ya que tendrá una consecuencia directa en los beneficios que el país recibe, con base en las utilidades que el banco genera”, señaló de León.

Rolando de León Expandir Imagen
Rolando de León

En 2001, Constructora Urupan, S.A., demandó al BNP por rescindir tres contratos que ascendían a algo más de más de $716 mil. Sin embargo, la entidad bancaria sustentó que la acción se debió a retrasos en las obras, excesivas prórrogas e incumplimiento de contratos.

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Un ‘millonario regalo’ del Estado

De ese dinero, el BNP debía solo $132 mil a la empresa. En sentencia de la Sala Tercera de la Corte en 2005, los entonces magistrados Arturo Hoyos, Adán Arnulfo Arjona y Winston Spadafora declararon nula la resolución del banco y lo condenaron a pagar por daños y perjuicios sin especificar el monto.

Ese mismo año, los abogados de la empresa uruguaya fijaron una cuantía de $6.5 millones por “daño emergente y moral”, pero en un giro sorprendente, los demandantes fueron favorecidos con un nuevo fallo, por $7.1 millones, esta vez con los votos de Víctor Benavides y de Arjona, ya que el suplente de Spadafora salvó su voto.

Tras recursos de consideración, el monto del reclamo fue bajado a $5.3 millones.

De León dijo que “nos entristece tener que pagar una multa que nos parece totalmente injusta”.

DEFRAUDACIÓN

En 2010, el entonces administrador provincial de Ingresos (hoy Dirección General de Ingresos) inició un proceso contra Constructora Urupan, S.A., por supuesta defraudación fiscal por más de $2.2 millones.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo Tributario decretó en 2015 una prescripción de la acción penal fiscal solicitada por la firma Rosas & Rosas, abogados de la empresa.

Ahora, el dinero debe ser repartido entre las esposas e hijos de los accionistas de la sociedad demandante, ya que se aprobó una cesión que no contempla ni el pago de los tributos al fisco ni las cuotas obrero patronales, según se desprende de un documento al que tuvo acceso este medio.

¿SE PRESERVÓ EL DINERO?

Pero en este largo proceso lo que sobran son dudas.

¿Qué avances logró la Dirección General de Ingresos (DGI) en la actual administración durante las investigaciones de estos hechos denunciados? ¿Se citó a las partes involucradas o se hizo alguna auditoría a las finanzas de la empresa que demandó al Estado por más de 5 millones de dólares? La respuesta es todo un misterio, porque el director de esta entidad, Publio Cortés, decidió guardar silencio y acogerse al Código Fiscal y al Decreto de Gabinete 109 de 1970.

“Existe confidencialidad sobre el contenido de los casos, por tanto, la DGI no podrá contestar a tus interrogantes”, respondió el funcionario.

Cortés añadió que la entidad a su cargo “no está autorizada para comentar públicamente los casos que se manejan en ejercicio de sus competencias, con información de la situación tributaria de los contribuyentes”.

Publio Cortés Expandir Imagen
Publio Cortés

El pasado 14 de julio, Cortés notificó al BNP del levantamiento del secuestro de la empresa tras la decisión del Tribunal Administrativo Tributario.

Ante esta decisión, la exzarina anticorrupción Alma Montenegro, quien en su momento cuestionó este caso, consideró que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) accionar un reclamo de pago de impuesto.

“El MEF debe intervenir, y más para recuperar parte de ese dinero”, indicó.

Montenegro aseguró que existe una crisis de credibilidad en los fallos de la Corte Suprema de Justicia, puesto que han lesionado al Estado en varias ocasiones.

Por su parte, el excontralor Alvin Weeden aseguró no conocer a fondo el expediente, pero que “me parece extraño, no sé cómo puede suceder” que los magistrados entreguen más de lo que pide la parte demandante. “Eso me llama la atención”, comentó.

Una generosa indemnización

La condena al Banco Nacional de Panamá, por un monto de 5.3 millones de dólares, reiterada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, despierta serias preocupaciones acerca de los criterios utilizados por los magistrados de dicha sala para identificar responsabilidades contractuales y extracontractuales en contra del Estado. La primera alerta que cabe destacar es la posición reiterada de los procuradores de la Administración, quienes reciben traslado de todas las demandas contra el Estado y emiten su opinión al respecto. En este caso, los procuradores de la Administración, dos distintos, encontraron en su análisis jurídico que el Banco Nacional de Panamá no debía ser condenado por la Sala Tercera. Estas opiniones no son vinculantes, pero ofrecen una orientación clara y desinteresada del asunto.  La subrogación por parte de la compañía de seguros que afianzó a la empresa la convirtió en  titular de los derechos y obligaciones derivadas de las obras en controversia. No consta en los expedientes que la compañía de seguros cuestionara al Banco Nacional de Panamá (BNP), o le reclamara por rescindir los contratos con su cliente. En conclusión, esta condena, que obliga al BNP a pagar, le deja otra mancha a la Corte Suprema por las numerosas preguntas que quedan sin contestar.

*Abogado

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