EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HAN OCURRIDO 12 EVENTOS QUE COMPROMETEN AL ESTADO PANAMEÑO

432 muertos por ´desidia´

Solo por los casos de los sobrerradiados en 2001, por el dietilene glycol en 2006, y por la bacteria KPC en 2011 han muerto 377 personas.

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El pasado mes se cumplieron cinco años desde que estalló el escándalo del envenenamiento con dietilene glycol, y a la vez finalizó una década durante la cual la capacidad de asombro de los panameños ha sido puesta a prueba año tras año, a causa de eventos por los que se ha responsabilizado al Estado y que han cobrado la vida de 432 personas.

Son tres los hechos desde 2001 en los que ha sido invocada la responsabilidad de servidores públicos de Salud, con resultado de 377 víctimas fatales; y otros nueve sucesos atribuidos a funcionarios de la Fuerza Pública y otras entidades, que dejaron otros 55 fallecidos (ver infografía).

En la contraparte, solo cinco de esos funcionarios –activos en los gobiernos de Mireya Moscoso (1999- 2004), Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009) han sido condenados, y un particular está detenido sin sentencia. Ninguno de esos gobiernos ha aceptado la responsabilidad directa del Estado.

La cronología comienza en 2001 con el caso de los 28 pacientes del Instituto Oncológico Nacional (ION) que fueron afectados por una sobrerradiación, y quienes a la postre fallecieron.

En este caso la investigación penal concluyó con la condena de los físicos del ION Olivia Saldaña y Alexis Alveo, encargados del manejo de la máquina de rayos X.

Ni los afectados ni sus familiares presentaron demandas contra el Estado, pero sí acudieron ante la Corte Suprema de Justicia y un tribunal del Circuito de Missouri, Estados Unidos, para solicitar el pago de una indemnización por 40 millones de dólares contra tres compañías que construyeron los equipos, pero ambos reclamos fueron negados.

Intoxicaciones

El otro evento –y quizás el de mayor resonancia por el número de víctimas– es el de las medicinas contaminadas con dietilene glycol, que desde 2006 han cobrado la vida de 258 personas y afectado a otros mil 920 panameños, según las últimas cifras reveladas por el Ministerio Público.

El expediente de este caso está en el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que no ha fijado fecha de audiencia, mientras Ángel De la Cruz, dueño de la empresa Medicom, que importó a Panamá el tóxico, sigue detenido.

En este caso, la Fiscalía Superior Especial imputó a 23 personas por delitos contra la seguridad colectiva, y aplicó un impedimento de salida del país y separó de sus cargos a cinco miembros de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), pero la Corte dejó sin efecto dicha medida para Guillermo Puga, Lastenia Canto y Roberto Valencia, mientras que los hábeas corpus de Manuel Tajú y Erasmo Muñoz no han sido resueltos.

Además, el Segundo Tribunal levantó la medida de casa por cárcel a Teófilo Gateno, señalado como el empresario que autorizó el financiamiento de Medicom para la introducción al país del lote de glicerina que terminó siendo el químico.

El Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida asegura que son 8 mil los muertos por el envenenamiento y 11 mil las personas que recibieron las medicinas contaminadas, por lo que nunca se sabrá la cantidad real de afectados.

Por contacto

Finalmente, el tercer caso que se atribuye a las autoridades de Salud del país tiene que ver con las 91 muertes supuestamente ocasionadas por la bacteria Klebsiella pneumoniae carbapenemasa (KPC) resistente en el complejo de la CSS.

En este caso, el fiscal tercero superior, Sofanor Espinosa, abrió una investigación de oficio en septiembre pasado y ya realizó inspecciones en las instalaciones del complejo.

El fiscal también confirmó que hay otras 73 personas afectadas por la bacteria y que su despacho verifica si hubo algún tipo negligencia en el manejo del brote.

Hasta ahora se han presentado nueve denuncias contra el director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, que fueron enviadas a la Corte Suprema por el procurador de la Nación, José Ayú Prado, para su acumulación en un solo expediente.

Familiares de las víctimas han señalado que las autoridades de la CSS tardaron varios meses en alertar a la población sobre la presencia de la bacteria, y que ello produjo que algunas personas se contagiaran y fallecieran. Aseguraron que si se hubiese dado la alerta a tiempo, muchas vidas se hubiesen podido salvar.

Sáez-Llorens ha restado importancia a estos señalamientos y ha afirmado que la crisis está controlada.

Se buscó una reacción de las autoridades de Salud, pero no respondieron.

(Con información de Juan Manuel Díaz C., Rubén Polanco y José Otero).

>>> Otros casos en el mundo

Cuando se habla de sobrerradiación en el mundo, un informe de Naciones Unidas difundido en abril pasado registra 32 accidentes entre 1945 y 2007, con resultado de 46 muertes.

Esos accidentes contemplan hechos ocurridos en centrales nucleares, instalaciones con armas atómicas, el uso de rayos X por y pérdida o robo de materiales radiactivos.

El informe no incluye las 47 víctimas del desastre de Chernóbil, registrado en abril de 1986 y considerado el más grande de la historia.

En tanto, con las 258 muertes ocasionadas por los medicamentos envenenados con dietilene glycol, Panamá se convirtió en el país con mayor cantidad de víctimas por este tipo intoxicaciones.

Entre 1937 y 1992 hubo 10 eventos, que dejaron 486 personas muertas, y en lo que va de este siglo otros dos, incluyendo el de Panamá.

Los casos que más resaltan después del de Panamá son: el de Bangladesh en 1992, con 200 muertos; y el de Estados Unidos en 1937, con resultado de 105 fallecidos.

Mientras, informaciones de la agencia de noticias AP dan cuenta de que la bacteria KPC apareció en 1996 en Carolina del Norte, Estados Unidos, y desde esa fecha se han registrado brotes en Canadá, varios países de Europa, China, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.

Los últimos brotes ocurrieron en 2010 en Brasil, con al menos 200 casos y 24 muertos; y en la población de Oberá, Argentina, donde en noviembre de 2010 hubo dos muertos. También en Argentina, aunque en la provincia de Buenos Aires, se reportaron siete decesos en febrero de este año, todos circunscritos al hospital de Ramos Mejía.

Rafael Luna Noguera

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