ENFOQUE

El nuevo proyecto de ley 245

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ANÁLISIS. La pluralidad de temas del proyecto de ley 245, tal y como consta en la versión del 30 de enero de 2017, se concentra en temas delicados para la justicia panameña. La intención original del proyecto era disminuir el hacinamiento carcelario, y todavía este motivo constituye el cuerpo principal de la propuesta. De la iniciativa, se ha eliminado todo lo pertinente a la reforma de la casación penal, y se ha reestructurado lo relativo a la extradición.

En este asunto, se han introducido varias innovaciones importantes. Se propone un juez de garantías especializado en temas de extradición, se aclaran los roles de los distintos actores estatales en el proceso de extradición, y quizás, lo que puede ser una innovación problemática, se establece un recurso de impugnación vía incidente contra la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores al darle trámite a las solicitudes de extradición. Esta actuación dilatoria es innecesaria, y equivale a interponer un recurso para que la oficina de correos no entregue una carta o no reciba un paquete. La norma no hace diferenciación sobre si este tipo de recurso es aplicable para las extradiciones activas, en las que Panamá está solicitando que se traiga al país a un presunto implicado en un delito, o las pasivas, en las que otro país le solicita a Panamá que le remita a una persona. Otro aporte importante que contiene el proyecto de ley 245 es la concentración jurisdiccional de todos los implicados en un caso que tenga como autor o partícipe al presidente de la República, al vicepresidente, a los diputados y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de forma que lo ocurrido en el caso Moncada Luna no se repita. Cuando se juzgó al magistrado Alejandro Moncada Luna, la Asamblea Nacional fue capaz de producir una sentencia condenatoria del magistrado, pero los otros participantes de la conducta delictiva fueron remitidos a la justicia ordinaria, en la cual, para efectos prácticos, no ha pasado nada.

La propuesta del proyecto 245, en los artículos 16 y 17, concentraría todos los casos similares a los de Moncada Luna en la Asamblea Nacional, incluyendo a los coautores y cómplices del delito por el cual fue condenado el magistrado, evitando la impunidad actual. Igual sucedería ante la Corte Suprema de Justicia con los casos de los diputados, que también llevarían al pleno de la Corte a los coautores y cómplices del delito, aunque no fueran diputados. En el derecho comparado, este mecanismo no es usual, pero parece ser una solución panameña a un problema real. Respecto al tema más álgido de la propuesta, lo que en las versiones anteriores de este proyecto era el artículo 22, y ahora es el 33, sobre el acuerdo de pena aplicable al sistema inquisitivo mixto.

La primera mitad del artículo 33 es potable en cuanto repite la fórmula del Código Procesal Penal. Esta fórmula es la que ya está vigente en Panamá. La novedad de la segunda parte del artículo 33 es que permite que el fiscal llegue a un acuerdo con el imputado, por el cual no se formularán cargos y se cerrará el expediente del caso. Esta redacción es peligrosa, porque las presiones políticas sobre los fiscales harían poco transparente la transacción. El imputado no adquiere obligación alguna, tal como devolver los sobornos ni recibe una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

No hay una autoridad superior que pondere o controle que este acuerdo sea beneficioso para el interés público, o que el mismo no tenga un elemento de corrupción. Aunque este tipo de variante del acuerdo de penas existe en Estados Unidos, el mismo tiene controles y le establece obligaciones a los beneficiarios. Nada de esto está incluido en las nuevas reformas al proyecto. El proyecto omite hacer referencia a la situación de los ejecutivos brasileños, que enfrentan acciones judiciales en su país por los sobornos pagados en Panamá, y que están obligados a cooperar con la justicia panameña. Tampoco se incluye medida alguna para las empresas o personas jurídicas que hayan participado en casos de corrupción compleja, como los que conoce el país. A pesar de que en el artículo 51 del Código Penal se establecen sanciones importantes para estas empresas, el acuerdo de pena propuesto las eximiría de enfrentar dichas responsabilidades.

*El autor es abogado

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