‘CONSTITUCIÓN’

Dos nuevos derechos: el agua y la salud

El Estado estaría obligado a garantizar el acceso al agua, así como la atención y gratuidad de la salud.

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Garantizar la disponibilidad hídrica para el crecimiento socioeconómico de la población es uno de los grandes retos de las autoridades nacionales. Garantizar la disponibilidad hídrica para el crecimiento socioeconómico de la población es uno de los grandes retos de las autoridades nacionales.
Garantizar la disponibilidad hídrica para el crecimiento socioeconómico de la población es uno de los grandes retos de las autoridades nacionales. Archivo

Las reformas a la Constitución otorgan nuevos derechos a los ciudadanos, entre ellos, el que obliga al Estado a asegurar el acceso al agua potable, y el que dispone el derecho a la salud, garantizando la dotación de medicamentos, insumos quirúrgicos, reactivos, equipos y otras tecnologías.

Aunque estos cambios son consecuentes con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y responden a un eterno reclamo ciudadano, imponen grandes desafíos para los gobiernos en materia de política pública.

Pese a los millones de dólares que los últimos gobiernos le han invertido al tema agua y a la salud, suplir estas necesidades ha sido el gran talón de aquiles de las autoridades. Analistas afirman que estos son los típicos preceptos que se incorporan a la Constitución, y al final quedarán “como letra muerta”.

¿Derechos o letra muerta?

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció que el acceso a fuentes de agua potable es un derecho esencial para el pleno goce de la vida.

De hecho, agua limpia y saneamiento es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número seis: disponibilidad universal al agua limpia y a los servicios de saneamiento, y gestión racional de los ecosistemas de agua dulce determinan la velocidad del desarrollo sostenible de los pueblos.

En Panamá, el derecho al agua está a punto de entrar a la Constitución. El proyecto de ley de reformas constitucionales aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional el pasado 28 de octubre, contempla cambios al artículo 110 para establecer la obligatoriedad del Estado a garantizar el acceso al agua. “ Es un derecho fundamental de toda persona el acceso sostenido al agua potable. El Estado estará obligado a garantizarlo, priorizando su uso para consumo humano y seguridad alimentaria, bajo principios de equidad, solidaridad, y sostenibilidad”, dice el el numeral 10 del artículo 110 del proyecto de ley.

La disposición es una de las modificaciones que los diputados introdujeron al proyecto de reformas que presentó el Ejecutivo –como lo elaboró el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo–, luego de las consultas ciudadanas.

La propuesta surge en un país donde más del 50% de la población de las comarcas indígenas no goza de este recurso, según datos del Atlas Social de Panamá, y en donde a poblaciones como Chepillo –un corregimiento de Chepo, en Panamá este, en la capital– solo llega el agua una vez a la semana. En el país de los 500 ríos.

¿Podrá el Estado garantizar el agua?

El politólogo Carlos Guevara Mann opina que ese es el “típico” precepto que se incorpora a la Constitución pero quedará como letra muerta.

“Evidentemente, el acceso al agua es un derecho. Pero no hay en el Estado ni la capacidad ni el interés de hacerlo efectivo”.

Sin embargo, Guevara Mann afirma que reconociendo ese derecho en la Constitución, es posible que se cree un mecanismo para que los ciudadanos puedan insistir más en un manejo adecuado del agua. “Con la desidia del Ejecutivo y la corrupción del sistema judicial, lograr su efectividad no será nada fácil”, advirtió.

En su plan de gobierno, Laurentino Nito Cortizo propuso priorizar la construcción de infraestructuras básicas en nuevas redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial. Además, prometió frenar la tala ilegal en provincias como Darién y en las cuencas productoras de agua.

El pasado 8 de agosto se celebró el primer gabinete de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Rafael Mezquita. Allí se dio a conocer la entidad a otras instituciones ligadas al tema, y se habló de acciones conjuntas para implementar políticas públicas sobre la materia.

Conaguas nació en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), administración que apostó al programa Sanidad Básica para llevar agua a la población. Sin embargo, en octubre de 2018, la iniciativa registraba un lento avance.

El abogado Enrique De Obarrio, miembro del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, afirma que si bien el Estado está obligado a garantizar el derecho al agua priorizando su uso, el resto depende de la conducta ciudadana.

¿Qué nivel de solidaridad hay cuando un individuo lava su carro en una barriada pobre, donde al lado de él hay carros cisterna llevando agua a los habitantes porque no hay agua?, preguntó retóricamente, luego de afirmar que hace falta mejorar la conducta ciudadana “para conducirnos como ciudadanos y no como meros habitantes”.

Las medicinas

El agua no es el único derecho que podría entrar a la principal norma del país. El proyecto de ley aprobado añade otros artículos que elevan a derechos fundamentales una serie de temas.

Uno de ellos está contemplado en el artículo 109-A que se añade a la Carta Magna para establecer que es un deber del Estado, a través del Ministerio de Salud, garantizar “ todo el abastecimiento de medicamentos, insumos quirúrgicos, reactivos, equipos y otras tecnologías sanitarias, con el fin de garantizar el derecho a la salud”.

El Estado, de acuerdo con esa disposición, también debe “ garantizar la gratuidad de la entrada al sistema de salud sin barreras económicas, de accesibilidad o de atención. Para este fin, el presupuesto del Ministerio de Salud será incorporado al proyecto de Presupuesto General del Estado sin modificaciones”.

Aunque la disposición mejoraría notablemente la calidad de vida de la población, impone otro gran reto estratégico y económico a las autoridades de Salud, teniendo en cuenta la realidad: hospitales públicos sin insumos y sin medicinas es la constante.

En su plan de gobierno, Cortizo también se comprometió a integrar los sistemas de salud clínicos, farmacéuticos y logísticos del sistema de salud pública. Además, a establecer una norma única para la adquisición de medicamentos en el Estado.

De hecho, recientemente la Asamblea aprobó en tercer debate un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Salud, que permite exceptuar de registro sanitario aquellas medicinas que se tengan que adquirir por desabastecimiento o alguna situación crítica.

El diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, asegura que estos temas son un “reclamo justo de los ciudadanos”, y para ello, añadió, hay que establecer políticas públicas que debe hacer el órgano Ejecutivo.

Las audiencias

Por ahora, no se sabe cuál será la suerte del proyecto de reformas que ya fue aprobado en una primera legislatura. La Asamblea ha prometido más consultas antes de aprobarlo en una segunda legislatura, y el Ejecutivo no descarta mesas de diálogo en todo el país.

Las protestas ciudadanas siguen hoy, mientras que también se inician las audiencias a los 93 detenidos la semana pasada, durante las manifestaciones contra el proyecto aprobado.

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