caso Odebrecht

10 objeciones a apelación de fiscal Moore

El Juzgado Duodécimo Penal remitió al Segundo Tribunal la apelación de la fiscalía al fallo de la jueza Lania Batista.

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El juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, presidirá la audiencia de homologación para validar un acuerdo de colaboración eficaz en el caso Odebrecht. El juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, presidirá la audiencia de homologación para validar un acuerdo de colaboración eficaz en el caso Odebrecht.
El juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, presidirá la audiencia de homologación para validar un acuerdo de colaboración eficaz en el caso Odebrecht. Archivo

Un total de 10 escritos de oposición contra la apelación de la fiscal especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, al fallo de la jueza duodécima interina Lania Batista -que negó una adecuación de los plazos en la investigación sobre las coimas pagadas por Odebrecht- presentaron los abogados de los imputados.

Mientras que el juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, cerró ayer el período de 10 días concedidos por la ley para la presentación de oposiciones a la apelación de la fiscal Moore.

Tras el vencimiento de este plazo, el juez remitió al Segundo Tribunal de Justicia la apelación de la fiscal, además de los escritos de oposición de los defensores legales de los imputados.

Corresponderá al Segundo Tribunal realizar un reparto para designar a un magistrado ponente de la apelación, el cual tendrá 30 días para tomar una decisión final.

Tras surtido este proceso queda suspendida la resolución emitida por la jueza Batista hasta que el Segundo Tribunal de Justicia tome la decisión final sobre esta apelación.

En tanto, mañana el Juzgado Duodécimo celebrará nueva audiencia para validar un acuerdo de colaboración entre la fiscalía con algunos de los panameños que fueron intermediarios para recibir las coimas que pagó Odebrecht.

ACUERDO CON INTERMEDIARIO DE SOBORNOS, A AUDIENCIA

El Juzgado Duodécimo de lo Penal fijó para mañana, jueves, una segunda audiencia pública con el fin de validar un acuerdo de colaboración efectiva dentro del proceso relacionado con los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios y particulares panameños.

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que el acuerdo es entre la Fiscalía Especial Anticorrupción y uno de los panameños que sirvieron de intermediarios para los sobornos que pagó la constructora brasileña.

El MP había informado que efectuaba negociaciones para un posible acuerdo de colaboración eficaz con José Luis Saiz y Jorge Espino.

En la primera audiencia de homologación, el 9 de este mes, durante la cual fueron validados acuerdos de colaboración con los delatores de Odebrecht André Rabello, Olivio Rodrigues Junior y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, la fiscal especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, reveló las vinculaciones de Saiz y de Espino con las coimas.

Saiz declaró que fue contactado por el extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Frank De Lima, para recibir dinero proveniente de Odebrecht en una cuenta de Andorra que era controlada por el exfuncionario.

Espino, en tanto, confesó a la fiscalía que registró una cuenta –también en Andorra– en la que la constructora depositó dinero para Jaime Ford, exministro de Obras Públicas (MOP).

La fiscalía también ha negociado acuerdos con Olmedo Méndez Tribaldos, quien según las investigaciones sirvió de testaferro del exministro De Lima.

En la audiencia pasada, Moore precisó que Méndez Tribaldos reveló, al rendir declaración indagatoria, que cuando prestaba sus servicios en el MEF se le ofreció un negocio de inversión que consistía en abrir una cuenta, cuyo beneficiario final era De Lima.

En el caso de Espino y Saiz, los acuerdos alcanzarían la misma dimensión que los validados el pasado 9 de noviembre con Rabello, Rodrigues y Da Rocha Soares, que implicaron la ruptura de la unidad procesal y el archivo de la investigación seguida a los delatores por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

REGLAS

El juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, fijó la audiencia de mañana para las 8:30 a.m. y en esta podrán participar los abogados defensores de algunos de los imputados en el proceso.

Durante la diligencia, el juez podrá validar o no el acuerdo de colaboración, mas no modificarlo.

Carrasquilla también dispuso la asignación de 20 puestos para miembros de la prensa y otros 20 espacios para representantes de gremios profesionales y de la sociedad civil organizada.

Al igual que en la pasada audiencia de homologación, el Ministerio Público deberá sustentar el acuerdo de colaboración alcanzado con el imputado y, además, se le dará oportunidad a la defensa legal del procesado para que también explique el documento.

También el imputado deberá declarar que ha firmado el acuerdo sin ninguna presión, que fue informado de sus repercusiones legales y que fue asistido legalmente durante su negociación, entre otros aspectos.

OPOSICIÓN A APELACIÓN

Mientras tanto, fuentes del Órgano Judicial informaron que ayer, 14 de noviembre, concluyó el período para que los abogados defensores presenten escritos de oposición al recurso de apelación que presentó la fiscal Moore al fallo de la jueza duodécima penal interina, Lania Batista, quien negó adecuar los plazos a la investigación y ordenó a la fiscalía entregar la vista fiscal del caso.

Entre los abogados que presentaron oposición a la apelación figura Jair Urriola, quien asiste a Humberto De León y a Eduardo Patrao, ambos exempleados de Credicorp Bank, entidad en la que la sociedad Constructora Internacional del Sur –que Odebrecht usaba para pagar coimas– mantenía cuentas bancarias.

También presentaron escritos de oposición la abogada Marcela Araúz, representante legal de Riccardo Francolini; así como Nicolás Brea, abogado del exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu.

ARGUMENTOS

En su escrito de oposición, Urriola solicitó a los magistrados del Segundo Tribunal Superior Penal que declaren improcedente la apelación presentada por la fiscal Moore, porque, de acuerdo con su criterio, contra autos [fallos] como el dictado por la jueza Batista no cabe reconsideración.

“El Código Judicial, en el artículo 2425, establece el catálogo de resoluciones susceptibles del recurso de apelación, entre ellas, no se enmarcan los autos para decidir respecto a prórroga de la investigación”, señaló.

“Hecha la anterior acotación, llegamos a la conclusión indefectible [de] que el Tribunal Superior carece de competencia funcional, de conformidad con lo previsto en el artículo 2424 del Código Judicial, para conocer el recurso de apelación promovido contra el auto mediante la cual el tribunal de primera instancia niega una segunda prórroga de la investigación”, señala el escrito de oposición.

Contrario a lo argumentado por Urriola, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, confirmó en un comunicado divulgado el 30 de octubre pasado que la fiscalía tenía tres días hábiles, a partir del día siguiente, para apelar el fallo dictado por la jueza Batista el 25 de ese mismo mes.

Fue el 7 de noviembre que la fiscal Moore presentó la apelación ante el Juzgado Duodécimo Penal.

SUSPENDEN RESOLUCIÓN

En el citado comunicado, Ayú Prado precisó que, una vez que los defensores de los imputados presentaran los escritos de oposición a la apelación de la fiscalía –periodo que venció ayer–  “se suspenderán los efectos de la resolución apelada hasta que se emita la decisión del Segundo Tribunal [Superior] de Justicia”.

De acuerdo con lo anterior, queda suspendida la resolución mediante la cual la jueza Lania Batista rechazó adecuar los plazos de la investigación, un recurso que le había solicitado la Fiscalía Especial Anticorrupción.

APELACIÓN DE LA FISCAL

Para que se le conceda una adecuación de los plazos en el proceso, la fiscalía argumentó, entre otras razones, un aumento en la cantidad de imputados –63 personas–, tras la acumulación de dos expedientes más con la investigación primaria.

En efecto, el Juzgado Duodécimo Penal acumuló en un solo expediente la investigación de la denuncia interpuesta por el excontralor Alvin Weeden sobre el supuesto uso que dio Odebrecht al sistema bancario local para blanquear capitales; la denuncia sobre los sobornos pagados por la constructora a través de la banca en Suiza; y la denuncia relacionada con Carlos Ho González, exdirector de Proyectos Especiales del MOP en el pasado gobierno.

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