TITULACIONES EN JUAN HOMBRÓN

Las palabras y los testigos

Varios protagonistas de las adjudicaciones de Juan Hombrón dan testimonio de las irregularidades ocurridas durante el proceso.

Vínculos. El 3 de noviembre de 2010, la hoy exdirectora de Titulación de la Anati Anabelle Villamonte se reunió en Antón (Coclé) con José Fernández (a la izquierda) y Jorge Bethancourt, dos de los protagonistas de los hechos.Foto/Archivo Vínculos. El 3 de noviembre de 2010, la hoy exdirectora de Titulación de la Anati Anabelle Villamonte se reunió en Antón (Coclé) con José Fernández (a la izquierda) y Jorge Bethancourt, dos de los protagonistas de los hechos.Foto/Archivo
Vínculos. El 3 de noviembre de 2010, la hoy exdirectora de Titulación de la Anati Anabelle Villamonte se reunió en Antón (Coclé) con José Fernández (a la izquierda) y Jorge Bethancourt, dos de los protagonistas de los hechos.Foto/Archivo

El informe de auditoría de la Contraloría General sobre el proceso de titulación gratuita de 54 hectáreas en Juan Hombrón no solo concluye que se produjo un perjuicio económico al Estado de, al menos, $1.7 millón, sino que también recoge testimonios que dejan en evidencia complicidades, amenazas e incumplimientos de deberes de una pluralidad de funcionarios, entre ellos, la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte.

Por ejemplo, el excorregidor de El Chirú (Antón) Agustín Domínguez declaró a los auditores de Contraloría que entre el 1 de junio de 2009 y el 1 de octubre de 2010 llegaron a su oficina varias personas, entre ellas, abogados para pedirle que firmara “certificaciones de terrenos”. Al negarse a hacerlo, lo amenazaron con botarlo, y le dijeron que “cuidara mi pan, que eso venía de arriba”.

Entre los abogados que hacían esas gestiones estaba la propia Villamonte.

Domínguez también denunció que algunas de las personas que llegaban buscando su firma para obtener derechos posesorios tenían documentos con sellos de la Dirección de Catastro y del Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que otras se aparecían con certificaciones listas para ser firmadas.

El excorregidor de Antón Fernando Salazar ratifica el método utilizado al declarar que a su oficina llegaban personas que no tenían derechos posesorios ni eran moradores del área, pero que pedían certificaciones.

El informe, incluso, plasma el caso de una mujer que aparece cediendo terrenos a las sociedades y que no pudo asistir a la citación. Su hija, que habló con los auditores, relató que la mujer tiene 78 años y padece de alzheimer. Es decir, no pudo haber realizado la cesión.

Por su parte, el exalcalde de Antón Roger Ríos relató a los funcionarios de la Contraloría que “no se utilizó ningún criterio legal” para expedir las certificaciones de derechos posesorios entre 2004 y 2009.

El exalcalde, incluso, citó la existencia de oposiciones a las titulaciones, entre ellas las de los representantes de la finca Santa Mónica, oposición que no consta en las resoluciones.

La red

Los auditores de Contraloría también entrevistaron a seis personas que presentaron denuncias penales, en reclamo de la misma tierra titulada por Villamonte.

Uno de ellos, Antonio Pimentel, declaró que Jorge Chichi Bethancourt “era quien recogía a la gente de Bijagual [comunidad cercana a Juan Hombrón] para poder sacar los planos y titularlos a nombre de algunas empresas en concordancia con Anabelle Villamonte”.

Bethancourt –el autodenominado presidente de una asociación de pescadores de Antón– fue identificado en la investigación hecha por este diario como pieza clave en la cadena de acciones que culminó con la titulación gratuita de los terrenos de Juan Hombrón.

Su nombre vuelve a surgir en el testimonio de Audilia Barba, recogido por los auditores de la Contraloría, que lo acusa de vender su tierra “sin permiso”.

Bethancourt y Villamonte fueron también citados por Wigberto Jaramillo, quien reveló que se reunió con ambos en el restaurante Pío Pío de Penonomé, “con el ánimo de arreglar la relación” con Bethancourt, con quien tenía “problemas de tierras”.

Según Jaramillo, en esa reunión Villamonte ofreció $250 mil a Bethancourt “para que desistiera del conflicto de las tierras”.

Jaramillo terminó su relato a los auditores de Contraloría afirmando que “tiene las pruebas de que hubo actos de corrupción, de compromisos políticos, de compra de conciencias y de negar documentación pública por parte de los servidores de Catastro...”, entre los que están, además de Villamonte, el jefe del Departamento Legal de la Anati, Eric Lamboglia.

El informe de Contraloría identifica también al alcalde de Antón, Jorge Cáceres, como figura clave en el proceso de titulación de las tierras de Juan Hombrón.

Cáceres otorgó certificaciones que validaron supuestos derechos posesorios a José Fernández y José Gutiérrez, dos personas vinculadas a Villamonte, tal como diera a conocer La Prensa.

El nombre de José Fernández también fue citado por Bethancourt, que lo identificó como un “agente de bienes raíces” que quería gestionar la compra de terrenos en el área. Incluso, declaró: este “agente de bienes raíces” recorrió el área con Villamonte como abogada “cuando se hizo la transacción para la compra de los derechos posesorios”.

Contradicciones

Luego de que estas titulaciones salieran a la luz pública, varias de las personas llamadas por la Contraloría para que proporcionaran información sobre sus certificaciones de tenencia de tierras o su participación en el proceso de adjudicación, aseguraron que no vivían en Juan Hombrón o que no habían solicitado terrenos en ese lugar, sino en Las Uvas, que es otra comunidad de la costa de Coclé.

Uno de ellos es Raúl Mata, quien declaró a los funcionarios de Contraloría que compró un lote en Las Uvas de El Chirú, “que no es la playa de Juan Hombrón”.

Sin embargo, Mata defendió en su momento –incluso en noticieros de televisión– la veracidad de los derechos posesorios que justificaron las titulaciones que fueron a parar a manos de la familia Papadimitriu.

Otra contradicción se evidencia en algunas declaraciones: los supuestos poseedores de los derechos de tierra aseguran que colindaban con manglar, hecho que no consta en las resoluciones de adjudicación gratuita firmadas por Villamonte.

El informe deja también constancia de un buen número de personas que fueron citadas por la Contraloría y no acudieron a la cita.

La lista de quienes ignoraron la citación incluye a figuras claves, como Villamonte, Sue Hellen Scott, Joavana Robles de Fonseca y supuestos poseedores de derechos posesorios de tierras en Juan Hombrón.

Dualidad

El 26 de noviembre de 2010 no fue un día cualquiera para Villamonte. Mediante decreto ejecutivo de personal fue nombrada como directora general de Catastro. Ese mismo día renunciaba al poder legal de 13 sociedades que –luego se supo– eran de los padres del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

Posteriormente, el 6 de diciembre de ese año, tomó posesión del cargo y, al día siguiente, el entonces administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Alejandro Castillero, la facultó para aprobar las adjudicaciones de tierras de la institución.

Como consecuencia de ello, Villamonte es quien autorizó y firmó las resoluciones de adjudicación de las 54 hectáreas de Juan Hombrón que previamente había solicitado como abogada.

En el proceso, destaca la auditoría, Villamonte incumplió las normas existentes relativas a la titulación en riberas de playa y manglar.

Con relación al área de manglar declarada área protegida por el Consejo Municipal de Antón en 2005 y, en consecuencia, indajudicable, el informe cita a Hellintong Ríos, encargado de áreas protegidas y vida silvestre de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), quien señaló que, a pesar de la obligatoriedad de ser informados, no recibieron solicitud alguna de inspección de los planos de las 14 fincas tituladas.

Además del acuerdo municipal de Antón, el informe cita la Ley 41 de 1998, General de Ambiente que protege manglares y esteros, para calificar las tierras cedidas gratuitamente por Villamonte como inadjudicables.

Los auditores de Contraloría afirman que Villamonte incumplió el artículo 9 de la Ley 80 sobre segregaciones de terrenos para “beneficiar” a personas y sociedades anónimas, lo que justificó la titulación a título gratuito.

Confesión

Luego de la investigación hecha por La Prensa de octubre pasado, y tras varias declaraciones rechazando la vinculación de su familia en los hechos, el ministro Demetrio Jimmy Papadimitriu aceptó que sus padres “compraron en Juan Hombrón” y que Villamonte trabajó para ellos.

“Hablé con mis padres y ellos me confirmaron que sí invirtieron en la compra de títulos y derechos posesorios a pescadores en el área de Juan Hombrón”, admitió.

Fiscalía analizará la auditoría

La Fiscalía Quinta será la encargada de analizar el informe de la Contraloría que concluyó que Anabelle Villamonte y otros funcionarios a cargo de las titulaciones en Juan Hombrón violaron la Ley 80 de 2009, sobre titulación de derechos posesorios en islas y costas, así como la Ley 41 de 1998, General del Ambiente.

Lo anterior fue anunciado ayer por el secretario general de la Procuraduría de la Nación, Ramsés Barrera, sin dar más detalles sobre los avances de la investigación.

Hasta ahora, las investigaciones parecen limitarse a determinar si se cometió un delito ambiental, pese a que, según juristas, en este caso pudieron haberse perpetrado otros tipos delictivos, como falsificación de documentos, falso juramento, asociación ilícita o tráfico de influencias.

Nada se sabe, por ejemplo, de la supuesta falsedad en que pudieron haber incurrido quienes, bajo la gravedad del juramento, declararon tener los derechos posesorios de parcelas que fueron adquiridas por la familia Papadimitriu.

También han sido acusados por delitos contra el ambiente el jefe del departamento jurídico de la Anati, Eric Lamboglia, y los encargados de la sección de Cartografía, José Félix de la Cruz y Mario Ruiz Arrieta.

Elio Núñez

Rubén Polanco

Perjuicio o lesión: una cuestión de semántica

El 5 de marzo pasado, la contralora, Gioconda de Bianchini, envió al Tribunal de Cuentas los informes de auditoría relativos al proceso de titulación gratuita de 54 hectáreas en Juan Hombrón. Estos fueron enviados en enero de 2012, luego de tres meses de investigación por parte de auditores de la institución que concluyeron que las tierras cedidas gratuitamente eran inadjudicables, y que se había producido un “perjuicio económico al Estado”. Ayer, a raíz de la noticia de este diario que hablaba de “lesión patrimonial”, la Contraloría emitió un comunicado en el que se destaca que el informe la auditoría “no señala como indica la noticia que hubo una lesión patrimonial”... “No corresponde a la Contraloría llegar a esta conclusión, toda vez que la misma es una potestad de los tribunales...”,

Agrega que “es importante destacar que en el informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República se hace la salvedad que la ANATI emitió resoluciones anulando las titulaciones en investigación”. “Mientras tanto, estos tribunales no concluyan sus investigaciones, sería incorrecto, como hace la noticia en mención, llegar a la conclusión de que existe una lesión patrimonial del Estado”.

Pero dos excontralores difieren. “El perjuicio económico lo determina la Contraloría y la lesión patrimonial, un tribunal que debe ser el Tribunal de Cuentas; pero estamos hablando de semántica”, dijo Gabriel Castro. Para Alvin Weeden, no se trata de conceptos distintos. “El perjuicio económico es la consecuencia de una lesión patrimonial”. Weeden objetó la cuantía del perjuicio señalado por los auditores, calificando el informe como “sesgado para favorecer a la familia Papadimitriu”. “El punto es que se obtuvieron títulos gratuitos de terrenos del Estado cuando no podían hacerlo, y eso frente a la ley de la Anati, estamos hablando de más de $7 millones, y no de un millón, como sale en el informe de Contraloría”, agregó Weeden.

LINA VEGA ABAD 

EREIDA PRIETO-BARREIRO

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