INVESTIGACIÓN POR PAGO DE SOBORNOS

Cuatro panameños, bajo la lupa por el caso Odebrecht

El Ministerio Público no descarta que la empresa constructora haya dado más coimas en Panamá para adjudicarse los contratos.

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La Fiscalía Especial Anticorrupción, a cargo del caso Odebrecht, tiene su sede en el edificio Avesa, ubicado en vía España. La Fiscalía Especial Anticorrupción, a cargo del caso Odebrecht, tiene su sede en el edificio Avesa, ubicado en vía España.
La Fiscalía Especial Anticorrupción, a cargo del caso Odebrecht, tiene su sede en el edificio Avesa, ubicado en vía España. Archivo

El secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez Cedeño, informó ayer que se investiga a cuatro panameños “de muy alto perfil”, como parte del proceso seguido a la constructora Odebrecht por los sobornos pagados a funcionarios panameños a cambio de contratos de infraestructura pública.

En relación a las averiguaciones que ha realizado la Fiscalía Especial Anticorrupción, ente que creó el Ministerio Público (MP) para este caso, Rodríguez Cedeño reveló que se han incautado “dineros panameños en bancos suizos... [dineros] de personas naturales y jurídicas”.

Sin embargo, no precisó nombres, “por respeto a la reserva del sumario”.

Sobre el acuerdo verbal entre Odebrecht y el MP, que dio a conocer la procuradora Kenia Porcell el pasado jueves 12 de enero, Rodríguez Cedeño dijo: “ [son] los primeros $59 millones porque dentro de la conversación y dentro de lo que es el contexto de la misma investigación, nosotros no podemos eliminar o no podemos desechar (...) que solamente esta haya sido la suma pagada en concepto de sobornos o de coimas”.

“Existe un corruptor y un corrupto. Se pactó [con Odebrecht] la devolución y colaboración eficaz de la forma, lugar, modo, fecha y nombres de las personas que participaron activa, directa o indirectamente en estos sobornos”, señaló el funcionario a los medios de comunicación.

“[Los representantes de Odebrecht] están con un ánimo de colaborar. Esto implica que deben dar datos certeros sobre la forma de ejecución y quiénes son los participantes o autores, y así mismo quiénes intervinieron en todos estos eventos”, añadió.

“Precisamente, lo que a nosotros nos interesa como investigadores es conocer todos los detalles del hecho. Luego de ello, entonces se podrá tener a través de esta colaboración eficaz la comisión del hecho punible y la participación de todas las personas que participan”, sostuvo.

LE APUESTAN AL PROYECTO DE LEY 245

El secretario general de la Procuraduría expresó, además, que el Ministerio Público se siente compenetrado con el proyecto de ley 245, que se debate en la Asamblea Nacional y que contempla cambios para el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Rodríguez Cedeño explicó que “si hay una colaboración se puede dar un tratamiento diferente en cuanto al acuerdo de la pena, pero no representa o significa en ninguna medida impunidad(...)”.

La mencionada iniciativa legislativa, aprobada en primer debate el pasado martes 10 de enero, permite la posibilidad de que el imputado junto con su defensor y el Ministerio Público puedan celebrar acuerdos de penas o de colaboración para todos los casos que quedaron vigentes antes de que entrara en vigencia el sistema penal acusatorio, mecanismo que en el primer distrito judicial entró a regir desde el 2 de septiembre de 2016.

Por ejemplo, si se aprueba esa ley, en los casos iniciados con el sistema inquisitivo mixto, también se puede llegar a un acuerdo de pena.

La propuesta, que espera su discusión en segundo debate y que además dispone de artículos para evitar el hacinamiento carcelario, fue presentada a la Asamblea en septiembre de 2015 por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado.

DIPUTADOS REACCIONAN

A raíz de lo dicho por Rodríguez Cedeño en relación al proyecto de ley 245, diputados de distintos partidos políticos hablaron ayer al respecto. José Luis Varela, del oficialista Partido Panameñista, piensa que la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público deben participar “activamente” en el debate para así contestar cualquier inquietud de los diputados.

“Este gobierno tuvo la entereza que no tuvieron otros gobiernos de implementar el sistema penal acusatorio, que era tan necesario para agilizar la justicia. Si este proyecto ayuda a resolver la mora judicial, no debe tener problemas en el pleno. Sin embargo, el mismo no está escrito en piedra y puede sufrir modificaciones”, argumentó.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático Elías Castillo piensa lo contrario.

Sentenció“que ese proyecto de ley morirá en su cuna”, debido a las “intenciones que pueda tener encerradas”. No obstante, aclara que no puedo hablar por sus colegas. “Odebrecht tiene tanta gente enlodada. Aquí van a hacer las del gato que tiende a enterrar la caca (...) es vergonzoso. Odebrecht... sus contratos le han creado una lesión al país, una lesión que debe estar por los $900 millones. Es una lesión muy grande para un país chico que tiene sectores marcados de pobreza”, declaró.

Considera que “no se puede legislar para crear complicidad(...) e insiste en que la propuesta “tiene beneficios ocultos”. “¿Dónde queda la transparencia y qué pasa con la ley de contrataciones públicas?”, se pregunta.

El también perredista Leandro Ávila expresó que aún no ha revisado esa propuesta de ley, pero que es un tema que será tratado en una reunión de su bancada la próxima semana.

“Por lo delicado del tema, no lo vamos a ver individualmente como diputados, sino como bancada de partido. Sé que hasta el momento levanta alguna suspicacia”, expresó.

“En lo personal, me llama un poco la atención que se tenga que hacer una norma para poder atender casos que se han dado en una jurisdicción legal que ya existe”, añadió.

En tanto, el panameñista José Antonio Domínguez asegura que el MP “no se puede agarrar de nada, excepto de sus funciones”. “Ellos tienen que hacer su trabajo (...)”, agregó. En su opinión, lo que las autoridades judiciales tienen que hacer es usar las herramientas que tienen, por lo que si tienen que enjuiciar a alguien “no hay que esperar nada”. “Si hay la casualidad que cuando inicien el proceso, el otro está vigente [el proyecto de ley 245], se aplicará, pero ahora debemos ir por lo regular y [el Ministerio Público] tiene que acomodarse a lo que existe(...)”, manifestó.

En 10 años, en Panamá la constructora Odebrecht ganó contratos que suman $9 mil 226 millones.

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