James Cavallaro

‘Hay que pasar de la lógica militar a la lógica ciudadana’

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‘Hay que pasar de la lógica militar a la lógica ciudadana’

En entrevista con este medio, James Cavallaro profundizó sobre algunos de los argumentos que desde la perspectiva de los derechos humanos aplican a las políticas de seguridad estatales y cuya utilización implicaría un cambio del modelo represivo ­basado en la lógica militar y de mirar al otro como el enemigo a abatir­ hacia el modelo preventivo, que se enfoca en garantizar al ciudadano sus derechos y en que este vea al policía como un miembro de la comunidad en el que puede confiar.

El término que se usaba y que se usa es seguridad pública e históricamente seguridad pública no ha significado la seguridad de las personas sino del Estado, frente a la amenaza de la oposición, de grupos en huelga, de estudiantes, de grupos armados, de lo que sea, lo que llevó a nuestro continente a una Policía de represión, violenta, a una Policía militarizada. Entonces la seguridad ciudadana se refiere a lo que el ciudadano espera en términos de seguridad, qué es lo que puede esperar de sus autoridades, cuáles derechos tiene el ciudadano frente a los cuerpos policiales, a las instituciones del Poder Judicial, etc., pero me limito a la Policía.

Cuando se pone al ciudadano en el centro y no al Estado o los que están ocupando el gobierno, cambia la forma de pensar sobre qué debe hacer la Policía, cómo debe estructurarse, cómo debería relacionarse con la sociedad, cuánto del trabajo debería ser de prevención y cuánto de represión, porque la función de la Policía no es reprimir, no es controlar, es garantizarle a los ciudadanos sus derechos.

Pasa por lo menos por dos procesos. El de construcción, muy nuestro, en el que la Comisión ha participado, ya que la seguridad ciudadana busca analizar por una parte la base jurídica de los derechos humanos y como todo derecho crea necesariamente obligaciones por parte de las autoridades y de terceros.

El derecho a la vida, por ejemplo, implica que los Estados –que han ratificado las convenciones- tienen que prevenir, investigar y sancionar y tienen que estructurar el aparato de tal forma que todos los derechos puedan ser disfrutados. Y a la Policía le corresponde cumplir esas tareas. Esto implica proteger a manifestantes cuando se trate del derecho a la libertad de expresión, entre otros. La otra parte tiene que ver con la administración de la Policía y le corresponde al Estado desarrollar esas políticas, tomar decisiones administrativas e implementarlas. Lo que nosotros podemos decir es si cumplen o que hay una violación.

También tiene que ver con las desigualdades, la facilidad de compra de armas, la historia violenta de muchos países. Evidentemente, ni de cerca, la gran mayoría de los pueblos son violentos, es algo excepcional. La correlación va más entre desigualdad y criminalidad que entre pobreza y desigualdad, qué porcentaje de la riqueza tienen los más ricos y qué porcentaje tienen los otros y es ese choque el que es un factor más determinante. Además, si se nota, los tres países en esta subregión centroamericana, con índices más altos de delincuencia, son justamente los países más afectados con las guerras civiles de 1970 y 1980. Pero hay un elemento histórico que es importante analizar, que es una región que históricamente ha tenido índices altos de violencia política que ahora se han convertido en violencia de las pandillas, de la delincuencia organizada, de la delincuencia común. Lo digo porque si se ve hacia pobreza y exclusión entonces por qué no tener los índices más altos en África que en América Latina. Y en el continente es fácil conseguir un arma. Entonces, muchas veces hay choques en las pandillas, hay riñas o peleas que podrían terminar con una patada u otra acción, pero si todos tienen arma la pelea puede terminar en homicidio.

¿Cómo se define la seguridad ciudadana en el contexto de los derechos humanos?

Y en función de eso, ¿cómo se construye esa política de seguridad?

¿Cuáles serían esas obligaciones?

En América Latina los índices de violencia son elevados. ¿Podríamos decir que la base de esos problemas son la pobreza y la exclusión?

Usted dijo que un desafío es tener estadísticas confiables. En Panamá la gente no cree en las cifras oficiales.

La gente no cree en las cifras oficiales porque muchas veces, y sin referirme a Panamá, las autoridades las lanzan con la frecuencia que deciden en función de las elecciones o cualquier otro tema, y no hay una base permanente, coherente y consistente de datos y de estadísticas que permita hacer la comparación. Como académico le digo que con todo tipo de cifra la primera cosa que va a hacer cualquier estudioso serio es ver de dónde viene y cómo la monta, porque sin saber eso no se sabe si se puede confiar. Y lo ideal es que haya equipos técnicos que no dependan del gobierno de turno, que tengan garantías para hacer el trabajo de análisis estadístico. Sin eso, hay mucho interés y mucha presión para darle toques.

¿O sea que uno de los desafíos también entra por la profesionalización de la Policía y la capacitación del personal?

Pero no es necesariamente la Policía la que tendría que estar haciendo el levantamiento de las cifras de la criminalidad. Puede ser un cuerpo independiente dentro de la Policía. Lo que se necesita es un equipo capaz, técnico; de la misma forma que defendemos en la CIDH y en otras instancias que quien hace el levantamiento de la escena del crimen tiene que ser independiente de la Policía y muchas veces no lo es. Si quiere estadísticas confiables tiene que haber equipos confiables sin claros intereses políticos o corporativos. Cuando eso no existe el chance de tergiversación y manipulación de las estadísticas aumenta.

 

La entrevista completa en prensa.com

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