ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS AL ‘CÓDIGO ELECTORAL’

Las patas cortas de las reformas electorales

Se mantienen viejos vicios de la práctica electorera panameña, y oxigenan el clientelismo en el periodo previo a las elecciones generales.

Temas:

Se prohíbe la divulgación de encuestas o sondeos de opinión que no hayan sido previamente registrados ante el Tribunal Electoral. Se prohíbe la divulgación de encuestas o sondeos de opinión que no hayan sido previamente registrados ante el Tribunal Electoral.
Se prohíbe la divulgación de encuestas o sondeos de opinión que no hayan sido previamente registrados ante el Tribunal Electoral. Archivo

Las reformas electorales aprobadas en tercer debate actualizan la legislación panameña y establecen las reglas para el torneo electoral del 5 de mayo de 2019.

Aunque contienen importantes innovaciones en materia de transparencia de donaciones privadas, establecen topes para las campañas y reconocen un mayor rol del financiamiento público en materia electoral, las reformas mantienen viejos vicios de la práctica electorera panameña, y oxigenan el clientelismo en el periodo previo a las elecciones generales.

Cinco grandes temas fundamentan preocupaciones adicionales sobre el sesgo de las reglas del juego en favor de actores muy privilegiados dentro del sistema de partidos políticos y candidaturas independientes.

Estos temas son: La prescripción de los delitos electorales, el alto costo de las fianzas para la impugnación de resultados, la transparencia dilatada de los informes de las donaciones de campaña, la participación en nuevas elecciones de candidatos vinculados a irregularidades electorales, y el régimen regulatorio de los medios de comunicación en materia electoral.

La prescripción de los delitos electorales se mantuvo igual a la existente en el Código Electoral vigente, que es de tres años únicamente.

Esto quiere decir que los supuestos delitos electorales cometidos el 4 de mayo de 2014 prescribirán el próximo jueves.

El aprendizaje que debimos tener como país frente a la barbarie de excesos e irregularidades cometidas durante las elecciones pasadas, debió ser razón suficiente para extender el término de prescripción, por lo menos, a seis años, como fue recomendado por el propio Tribunal Electoral.

Esta medida debió estar acompañada de un aumento de las penas por delitos electorales, cuyo máximo es de apenas tres años.

Cabe aclarar que ninguna de estas iniciativas hubiese afectado a los presuntos implicados en delitos electorales cometidos en 2014.

Por otra parte, las reformas electorales establecen un blindaje económico para ejercer la demanda de nulidad de la proclamación de un cargo de elección popular.

Este blindaje consiste en una fianza que debe ser consignada por cualquier interesado (excepto las fiscalías electorales), que aspire a impugnar la proclamación de un candidato.

Así, debe consignar 2 mil dólares para impugnar a un representante de corregimiento, 10 mil dólares para impugnar a un alcalde, 25 mil dólares para impugnar a un diputado y 50 mil dólares para impugnar la proclamación del presidente de la República.

Este requisito taxativo lo enuncia el artículo 145 del proyecto de ley 292, que modifica el artículo 345 del Código Electoral.

En el resto del derecho procesal panameño no existe un equivalente a esta fianza para poder impugnar un acto en primera instancia.

La ciudadanía debe cuestionar detenidamente este requisito, porque es una limitante al debido proceso, y se puede transformar en un precedente que se repita en otra jurisdicción.

Aunque el proyecto consolida un avance importante en materia de las donaciones privadas a las campañas electorales, al establecer un tope y al obligar que el listado de donantes se haga público, se incumplió la expectativa de acceso expedito a esta información.

Los candidatos tienen 15 días después de las elecciones para presentar su informe de donantes privados, el cual será de acceso público en la página web del Tribunal Electoral.

Las campañas tienen dos topes con los que deben operar. Para la elección del presidente de la República, la campaña tiene un tope máximo de 10 millones de dólares en donaciones particulares, de los cuales un máximo de 300 mil dólares pueden provenir de un mismo donante.

En contraste, las campañas de diputados tienen un tope de 300 mil dólares en donaciones privadas, de los que hasta 75 mil dólares pueden provenir de un mismo donante.

Para el resto de los candidatos se mantiene como tope, para un solo donante, el 25% del total de las donaciones privadas autorizadas por la ley para ese candidato.

¿Tiene la capacidad el Tribunal Electoral de controlar y verificar estos aportes? Actualmente, es muy conocido el incumplimiento de múltiples campañas de diputados, alcaldes y representantes de corregimientos, que tras tres años de las elecciones de 2014, no han entregado sus respectivos informes contables.

El régimen de sanciones por la comisión de irregularidades no inhabilita a los candidatos que se hayan beneficiado de estas, salvo en los casos más graves.

Así, por ejemplo, un candidato que haya propiciado un exceso de gasto público y se haya beneficiado con diversos actos irregulares comprobados no queda excluido de volver a participar en la repetición de la contienda electoral.

En la práctica, la población debe participar de una nueva votación que incluye al candidato que cometió y se benefició de las irregularidades de la primera elección.

Aquí se perdió una gran oportunidad para sanear los procesos electorales.

En materia de nuevas regulaciones y obligaciones para los medios de comunicación, el proyecto de ley 292 desarrolla un régimen de regulación legal de los medios de comunicación excepcionalísimo. Aunque se eliminó la potestad existente en la actualidad que tiene el Tribunal Electoral para cerrar medios de comunicación que cometan infracciones a las normas electorales.

Para su crédito, esta potestad nunca ha sido utilizada por el Tribunal Electoral. El proyecto de ley aumenta los deberes electorales de los medios de comunicación.

Queda prohibido, por ejemplo, la donación de cuñas o espacios a algún candidato o campaña. Se prohíbe la divulgación de encuestas o sondeos de opinión que no hayan sido previamente registrados ante el Tribunal Electoral.

Toda la publicidad de las campañas electorales será pagada por el Estado, y este poder de compra se manifiesta en una obligación de deducir 20% de la tarifa publicitaria vigente, en el mes de diciembre anterior a las elecciones, con vista a favorecer por igual a todos los candidatos.

Los medios de comunicación se exponen a sanciones de 25 mil dólares a 50 mil dólares por cada infracción cometida, monto que puede aumentar hasta 100 mil dólares si hay reincidencia.

Existían numerosas propuestas que hubiesen contribuido a fortalecer la transparencia y la legitimidad en los procesos electorales panameños.

Se pudieron establecer normas interinas o un periodo transitorio, con fines de que las elecciones de 2024 tuviesen mayor transparencia, menores costos y fueran más incluyentes. Esta opción nunca se exploró.

En su lugar, los panameños tendremos que esperar los resultados del 5 de mayo de 2019 para empezar otra vez el proceso de reformas electorales, en el cual no hay garantías, como ocurrió en el año 2012, de que tengamos avances significativos en materia de democracia representativa.

Esa tarea les queda a los ciudadanos para que ejerzan su voto a conciencia y mucha responsabilidad.

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