El perfil de los aspirantes, de acuerdo con la evaluación

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Grupos civiles, ayer, en la presentación de la evaluación hecha a los 10 aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Grupos civiles, ayer, en la presentación de la evaluación hecha a los 10 aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Grupos civiles, ayer, en la presentación de la evaluación hecha a los 10 aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Gabriel Rodríguez

Ana Zita Rowe, magistrada suplente en las jurisdicciones civil, de Competencia y de Asuntos del Consumidor, fue la que más se acercó al perfil elaborado por varias organizaciones de la sociedad civil para evaluar a los 10 aspirantes a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Los grupos listaron en orden descendente, teniendo en cuenta la evaluación más alta hasta la más baja, a los candidatos que quieren relevar a Harley Mitchell y Víctor Benavides en la corporación de justicia. (Ver gráfica).

“Al momento de presentar este informe, desconocemos la existencia de situaciones comprobadas que afecten la integridad o solvencia moral de algunos candidatos. De existir alguna de estas situaciones, la misma sería causal de descarto del proceso”, asegura una nota que leyeron ayer en conferencia de prensa representantes de Agentes por la Paz Electoral, el Centro de Incidencia Ambiental, el Centro de Innovación y Acción Social, el Consejo Nacional de Organización Comunitaria, el Espacio Encuentro de Mujeres y el Movimiento Independiente (Movin).

Annette Planells, vocera de Movin, explicó que entregarán el resultado de su informe a la Comisión de Estado por la Justicia y al Ejecutivo para que analice el trabajo. Los grupos civiles detallaron que su proceso de evaluación se prolongó desde el 15 de octubre hasta el 29 de noviembre de este año, y se dividió en tres fases.

Primero, desarrollaron el perfil que consideran debe tener un magistrado de la Corte. Para ello, se tomó en cuenta la coyuntura actual que vive el país, la experiencia sobre el particular en otras naciones y las recomendaciones de mejores prácticas internacionales para desarrollar el proceso.

La segunda fase incluyó una validación de las capacidades de cada persona, a través de entrevistas, una prueba psicométrica estandarizada y además se les presentó un caso de análisis legal orientado hacia la valoración de su razonamiento jurídico, y sus criterios para emitir fallos y desarrollar una jurisprudencia moderna e incluyente. Y, por último, se evaluaron las audiencias públicas realizadas por los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia. Juan Antonio Tejada, de Asesoría Legal de Movin, dijo que este ejercicio debe ser un modelo a seguir para la evaluación de personas que aspiren a ocupar altos cargos públicos.

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