Caso lavítola

Las pesquisas de los napolitanos

Las autoridades judiciales italianas, que se muestran reacias a dar detalles del curso de las investigaciones, manejan la hipótesis de corrupción internacional.

“La hipótesis que estamos manejando en esta investigación es la corrupción internacional”. Esta fue una de las pocas afirmaciones que hiciera el procurador adjunto de Nápoles, Francesco Greco, cuando recibió el pasado viernes 16 de diciembre en su despacho a los enviados especiales de La Prensa a Italia.

No hubo manera de obtener muchos datos más sobre la nueva investigación que adelanta la Procuraduría de Nápoles en relación a los millonarios contratos suscritos por el Gobierno de Panamá y el conglomerado italiano Finmeccanica por unos $250 millones.

“Es por el secreto de la investigación. ¿Entienden lo que significa?.... Yo soy el que hace las preguntas”, agregó con firmeza, pero sin perder del todo la característica simpatía napolitana.

A la oficina del procurador Greco fueron llegando los miembros de la policía judicial que el miércoles 14 de diciembre interrumpieron la entrevista que La Prensa le hacía a Mauro Velocci, el empresario italiano que vio frustradas sus gestiones de venderle a Panamá un sistema de cárceles modulares por $176 millones, como parte del acuerdo suscrito entre Panamá e Italia el 30 de junio de 2010.

En el centro de esta nueva investigación por peculado, concusión, corrupción e instigación a la corrupción de personas en el ejercicio de sus funciones públicas (artículo 322 bis del Código Penal italiano) está Valter Lavítola, el italiano que hoy está prófugo de la justicia de su país, pero que solía moverse por Panamá con escolta presidencial y en vehículos oficiales, como representante del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi y agente comercial de Finmeccanica.

Como resultado de sus gestiones se produjeron los hoy cuestionados contratos con las empresas del grupo Finmeccanica, Selex, Augusta y Telezpasio, para la adquisición de radares, helicópteros y una cartografía digital, respectivamente. Y justamente por esta relación con Panamá, las nuevas pesquisas incluyen a funcionarios aún por identificar.

Las autoridades judiciales italianas estaban muy interesadas en saber qué información tenía La Prensa sobre Lavítola, Velocci y los contratos con Finmeccanica. Sus preguntas evidenciaban su profundo conocimiento de los antecedentes, el entramado de relaciones que produjo los contratos, así como los protagonistas de la trama.

Durante el intercambio hubo momentos de suerte y los italianos dejaban caer algún dato. “Lavítola está casado en Italia... sabemos que está en Panamá...”.

Panamá reclama, Italia calla

Dos días después de que el Gobierno de Panamá emitiera un comunicado en el que explicaba que había solicitado al Gobierno italiano que aclarara que la transacción con Finmeccanica había sido transparente, desde la Cancillería italiana no ha salido comentario alguno.

Consultado por este diario, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia pidió tiempo para obtener una respuesta debido a que la pregunta se le hacía un sábado. Al cierre de esta edición, la respuesta no se había producido.

Mientras, el vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y la dirigente de la oposición Balbina Herrera fueron entrevistados vía telefónica por periodistas de Il Fatto Quotidiano, el diario que ha liderado la cobertura del caso Lavítola en Italia.

Varela, quien en su calidad de excanciller de Panamá fue testigo de los encuentros y las gestiones que precedieron la firma del acuerdo entre el presidente panameño, Ricardo Martinelli, y Berlusconi el 30 de junio de 2010, reiteró su petición de que se suspendieran los contratos con el grupo italiano, con el objetivo de defender los intereses de Panamá. Igualmente, solicitó el inicio de una investigación judicial.

Por su parte Herrera, dirigente del opositor Partido Revolucionario Democrático, afirmó que se requiere que tanto el Gobierno Italiano como el panameño aclaren quién pagará por los trabajos de instalación de los radares comprados a Selex. “Se ha tratado de justificar el precio de los radares (mayor que los vendidos por la misma empresa a Turquía y Yemen), asegurando que se tienen que instalar desde cero. Entonces, ¿quién hace esos trabajos y quién los paga?”, se preguntó Herrera.

Y mientras las investigaciones judiciales avanzan en Italia, el procurador de la Nación panameña, José Ayú Prado, se mantiene en su posición: no hay indicios que justifiquen en en este momento la acción del Ministerio Público en el caso de los millonarios contratos con Finmeccanica.

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