ARGENTINA. UN JUICIO POR CRÍMENES DE LA DICTADURA.

La planta de las torturas

Varios obreros habrían sido detenidos y vejados en una planta automotriz con la supuesta complicidad de sus directivos, que hoy lo niegan.

Por los desaparecidos en Chile

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Antiguos obreros de la planta de la Ford en Buenos Aires portan camisetas con el logo de la empresa manchado de pintura, simulando sangre durante una audiencia en diciembre pasado. Antiguos obreros de la planta de la Ford en Buenos Aires portan camisetas con el logo de la empresa manchado de pintura, simulando sangre durante una audiencia en diciembre pasado.
Antiguos obreros de la planta de la Ford en Buenos Aires portan camisetas con el logo de la empresa manchado de pintura, simulando sangre durante una audiencia en diciembre pasado. Eitan Abramovich

Así lo cuenta él: “Militares en uniforme me secuestraron en mi puesto de trabajo. Estaba pintando. Me torturaron durante 12 horas. Me dieron palizas, rodando como una pelota en la escalera, picana...”. Esto fue lo que le dijo a mediados de diciembre pasado a la agencia noticiosa AFP Carlos Propato, de 69 años, que trabajó en la planta de Ford en Argentina, de 1970 a 1976.

Propato era el delegado sindical. “De ahí fuimos trasladados a la comisaría. Allí estuvimos 40 días con tortura casi diaria, hambre, mugre. Perdí un ojo y me fracturaron una vértebra”, recuerda.

Este testimonio es uno de los que han salido a relucir nuevamente, luego de que el pasado 19 de diciembre de 2017, varios exdirectivos de Ford se sentaran en el banquillo de los acusados en Argentina por el secuestro y torturas sufridas por 24 trabajadores dentro de una planta de la firma automotriz estadounidense, a manos de la dictadura militar del país austral (1976-1983).

La semana pasada, casi dos meses después de esa primera audiencia, continuó el proceso judicial con la presentación formal de los testimonios.

La causa ha sido considerada como emblemática, pues pone sobre el tapete la participación de empresarios de firmas transnacionales en crímenes ocurridos durante la dictadura militar.

En este caso se involucra a tres exdirectivos -dos de ellos ya fallecidos- y al jefe de seguridad de la firma, además de un jefe militar.

Los acusados son el exgerente de Manufactura de Ford Pedro Müller, el exjefe de Seguridad de la planta –ubicada en General Pacheco– Héctor Francisco Sibilla, y el exjefe del Cuerpo IV del Ejército Santiago Omar Riveros.

El presidente de la compañía en esa época, Nicolás Enrique Courard, y el gerente de Relaciones Laborales, Guillermo Galarraga, ya murieron.

Las víctimas, por su parte, eran todos operarios de la planta de Ford, ubicada en la localidad de Pacheco, en un suburbio al norte de Buenos Aires, algunos de ellos delegados gremiales.

GOLPE

Los hechos ocurrieron entre el 24 de marzo de 1976, fecha del golpe de Estado, y agosto de ese año, mientras los trabajadores cumplían sus labores habituales dentro de la planta.

Efectivos militares los retuvieron en un edificio en el que funcionaba un lugar de esparcimiento para los operarios.

Allí, las víctimas fueron golpeadas y torturadas por unas 12 horas, según testimonios que obran en la causa. Luego fueron trasladados a comisarías y más tarde alojados en cárceles a disposición del Poder Ejecutivo.

“El 24 de marzo, el Ejército, con el general Riveros, que era el jefe, invadió la fábrica y nosotros estábamos viendo cómo se metían en todos los rincones, y ese mismo día empezaron a levantar compañeros”, relató Pedro Troiani, extrabajador y querellante del juicio, a radio La Imposible.

“El 13 de abril cae un grupo en el que estaba yo, éramos cinco. A mí me sacan del puesto de trabajo, me esposan adelante de la gente, me pasean por los pasillos, eso era para intimidar a la gente”, contó Troiani.

Mientras estaban secuestrados, sus familias recibieron de Ford telegramas conminándolos a presentarse a sus trabajos, y más adelante telegramas de despido.

Según la querella, los responsables de Ford desempeñaron un papel clave en la identificación de los trabajadores que tenían una actividad sindical, pusieron a disposición la planta de la empresa y permitieron que allí se montara una sala de tortura, además de facilitar los vehículos para trasladar a las víctimas a prisión.

“¿Cuál era mi crimen? Solo reclamar los derechos de los trabajadores”, afirma Carlos Propato.

En la década de 1970, Ford suministró al Estado argentino, entre otros, los vehículos Ford Falcon de color verde que usaban los militares para los operativos de secuestro de disidentes.

Una fuente judicial próxima al caso dijo a agencias internacionales de noticias que si los 24 trabajadores “no fueron eliminados, fue porque no representaban un peligro para los criterios militares. Solo los castigaron por su acción sindical”.

La agencia The Associated Press, que cubrió la audiencia en diciembre, envió un mensaje a la oficina de prensa de la automotriz con sede en Michigan para obtener un comentario sobre el caso, pero no obtuvo una respuesta.

Entre tanto, los dos acusados han negado los cargos que se les formulan.

Según una nota del diario Página 12 de la semana pasada, se cuenta que los obreros debieron soportar años de “peloteo” entre magistrados que no querían hacerse cargo del debate. “La imposibilidad de integrar un tribunal fue una señal de alarma que indicó el peso que este juicio tiene para la corporación judicial. Durante mucho tiempo no tuvo fecha de inicio y luego fue pospuesto”, contó una de las abogadas de la causa.

En 2016, obtuvo una primera fecha de inicio, que sería en marzo del año pasado. Pero fue pospuesto. Finalmente, el juicio comenzó el pasado 19 de diciembre de 2017.

Según organismos de derechos humanos, unos 30 mil disidentes fueron asesinados durante la dictadura argentina. (Basado en servicios internacionales).

Por los desaparecidos en Chile

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció  a mediados de diciembre pasado la creación de un plan nacional de búsqueda y destino final de los desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet y de una comisión para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo ese régimen, justo cuando  está a punto de dejar el poder. La iniciativa surge en el marco del primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, en el que la mandataria anunció 500 medidas destinadas al respeto, la protección y la promoción de estos derechos, según divulgaron medios locales e internacionales. Entre ellas, se cuenta un plan nacional de búsqueda y destino final de detenidos desaparecidos y un registro nacional de víctimas calificadas de violaciones masivas ocurridas durante la dictadura de Pinochet, que dejó más de 3 mil 200 muertos y desaparecidos, y unos 38 mil torturados.

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