INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES EN LA ERA MARTINELLI

Papadimitriu confirma compra

El exfuncionario reveló que el equipo se adquirió debido a una crisis de seguridad en julio de 2010, fecha de protestas en Bocas del Toro.

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Los israelíes de la empresa M.L.M. Protection, que vendió la máquina para interceptar comunicaciones, custodiaron durante meses al expresidente Ricardo Martinelli. Los israelíes de la empresa M.L.M. Protection, que vendió la máquina para interceptar comunicaciones, custodiaron durante meses al expresidente Ricardo Martinelli.

Los israelíes de la empresa M.L.M. Protection, que vendió la máquina para interceptar comunicaciones, custodiaron durante meses al expresidente Ricardo Martinelli.

Personal de la empresa M.L.M. Protection entrenó al SPI en marzo de 2010. Personal de la empresa M.L.M. Protection entrenó al SPI en marzo de 2010.

Personal de la empresa M.L.M. Protection entrenó al SPI en marzo de 2010.

Demetrio Papadimitriu Demetrio Papadimitriu

Demetrio Papadimitriu

Federico Suárez Federico Suárez

Federico Suárez

Lucy Molinar Lucy Molinar

Lucy Molinar

Guillermo Ferrufino Guillermo Ferrufino

Guillermo Ferrufino

El exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu parece ser el único que vio el equipo para escuchas telefónicas que costó $13.4 millones y que hoy no aparece en el Consejo de Seguridad Nacional.

“El equipo llegó y estuvo ahí. ¿Qué pasó con ese equipo? No sé. Pero el equipo se compró y se recibió”, dijo el exfuncionario, quien fue el titular de la Presidencia entre septiembre de 2009 y julio de 2012.

Las declaraciones de Papadimitriu contrastan con la de los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional, quienes reiteran una y otra vez que nunca vieron, recibieron o se enteraron de la existencia de este equipo.

Rolando López, actual titular de la entidad, denunció ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción a su antecesor, Alejandro Garuz, por la misteriosa desaparición de este artefacto.

“Mi conciencia está tranquila y limpia. No tengo de qué preocuparme”, señaló Garuz en una conferencia de prensa organizada por él mismo para, supuestamente, aclarar las acusaciones.

Garuz es consuegro del expresidente Ricardo Martinelli. Su hija Marelisa está casada con Luis Enrique Martinelli, el menor de la familia expresidencial.

TIEMPOS DE CRISIS

Documentos de la Contraloría General demuestran que la compra entró a la institución el 23 de julio de 2010. Fue refrendada cinco días después. Una fuente de la Contraloría explicó que en la práctica, cuando el contrato entra a la institución tiene varias semanas de estar negociado. Y que, incluso, si se tiene la certeza de que el contrato será refrendado, la entrega del bien por adquirir se hace mucho antes.

“El equipo se compró durante una época que tuvimos un problema de seguridad. Por eso se compró”, manifestó Papadimitriu, quien no detalló el propósito específico de este artefacto.

La sugerencia, agregó, vino de la empresa israelí M.L.M., contratada entonces para entrenar a agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI), a cargo de escoltar y cuidar a los presidentes.

Las fechas coinciden, sin embargo, con las protestas en Bocas del Toro contra la denominada ley chorizo, que dejaron dos muertos y más de 700 heridos.

Durante esa época, precisamente, fue que surgieron las primeras acusaciones de espionaje contra Martinelli y su gobierno. En las redes sociales, por ejemplo, apareció una grabación del dirigente del Partido Revolucionario Democrático Francisco Sánchez Cárdenas, en la que conversaba con un supuesto líder sindical sobre su participación en las protestas.

Sánchez Cárdenas interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, pero al momento de acercarse a rendir declaración descubrió que la misma había sido archivada.

Otros adversarios al gobierno de Martinelli también advirtieron que estaban siendo “pinchados”. Al igual que en el caso de Sánchez Cárdenas, las redes sociales se convirtieron en el escenario idóneo para dar a conocer conversaciones privadas de los opositores, como los perredista Mitchell Doens y Zulay Rodríguez.

Unos meses después de adquiridos los equipos de escuchas, la gestión de Martinelli tomó otro paso importante sobre este tema. En noviembre de 2010, le concedieron asilo político a la colombiana María del Pilar Hurtado, la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad de su país.

Hurtado era requerida por la justicia colombiana precisamente por haber participado, gestionado, y propiciado interceptaciones telefónicas a los opositores del entonces presidente Álvaro Uribe. Pese a las críticas que generó este asilo, el gobierno de Martinelli se mantuvo firme en su determinación.

Un mes después, en diciembre, se filtró uno de los cables de Wikileaks en el que se mencionaba a Panamá. La embajadora estadounidense en el país, Barbara Stephenson, le comunicó a sus autoridades que Martinelli le había solicitado ayuda para interceptar llamadas telefónicas. “Necesito ayuda con la intervención de teléfonos”, le pidió Martinelli en agosto de 2009 mediante un mensaje a su celular.

CÓDIGO DE SILENCIO

Pese a su vínculo familiar con Garuz, Martinelli aún no ha hecho comentarios sobre este tema.

Ello, aun cuando era Martinelli quien dirigía al Consejo de Seguridad Nacional desde la Presidencia. Así lo impuso el 19 de marzo de 2010, cuando firmó el decreto ejecutivo que reorganizó la institución. Un día antes, el 18 de marzo, la Asamblea Nacional había derogado el decreto con el que el expresidente Martín Torrijos organizaba al consejo.

“El consejo es la instancia del Órgano Ejecutivo y máximo organismo de consulta para establecer y articular la política de seguridad y defensa del Estado, por lo que debe recomendar, formular y evaluar la política y estrategias en esta materia, al igual que aquellos asuntos que le sean encomendados por el presidente de la República”, apuntó Martinelli en el segundo artículo de este decreto, que también deja claro que el único que puede convocar una sesión de esta institución es él. En su ausencia, el ministro de la Presidencia.

La mañana del pasado jueves, este diario visitó las oficinas del mandatario en el edificio Oceanía de Punta Pacífica, pero Martinelli prefirió no atender. Alegaron que estaba ocupado. Ayer, La Prensa intentó localizarlo nuevamente a través de su celular, pero no atendió.

Por su parte, el exministro de Seguridad José Raúl Mulino, quien también trabajó de cerca con el Consejo de Seguridad Nacional, aseguró que desconocía la existencia de este equipo y su posterior desaparición. “El Ministerio de Seguridad que yo dirigí no tiene nada que ver con el Consejo de Seguridad”, dijo.

En su momento, incluso, Mulino aceptó que el gobierno realizaba escuchas. Explicó que el programa ‘Matador’, donado por Estados Unidos, era utilizado solo en casos de que hubiera actividad vinculada al tráfico de drogas o algún otro crimen de gravedad.

Según Olmedo Alfaro, quien dirigió el Consejo de Seguridad Nacional al momento de la compra, esta tuvo que ser gestionada con otro procedimiento. “Lo que se está dando ahora es que se compran cosas a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN)”, afirmó.

La ley orgánica del PAN establece que una compra de esta magnitud debió autorizarse no solo por el director de ese momento, Giacomo Tamburrelli, sino también por su junta directiva, compuesta entonces por Papadimitriu, como ministro de la Presidencia; Federico Suárez, ministro de Obras Públicas; Guillermo Ferrufino, ministro de Desarrollo Social; y Lucy Molinar, ministra de Educación. A excepción de Papadimitriu, ninguno contestó el teléfono.

(Con información de Santiago Cumbrera).

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