La presa de la discordia

Fue en 1981 cuando la firma consultora Chas T Main International Inc. entregó al Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) un estudio sobre el potencial hidroeléctrico en la cuenca del río Changuinola, en Bocas del Toro.

Pero pasarían 20 años antes de que ese potencial fuese explotado.

En 2005, la empresa Hydro Teribe, S.A. empezó a hacer consultas entre las comunidades del río sobre la posible construcción de una presa, mientras gestionaba estudios de impacto ambiental.

Esto generó inquietudes entre pobladores y ambientalistas, pues afectaría al bosque protector de Palo Seco, parte del Parque Internacional La Amistad, y a más de 5 mil habitantes de la etnia ngäbe.

El 24 de abril de 2006, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) otorgó la concesión a Hydro Caribe para construir la Central Hidroeléctrica El Gavilán, en el corregimiento de Valle del Riscó, del distrito de Changuinola, denominada también Chan 75. La concesión fue por una potencia nominal instalada de 158 megavatios.

El 13 de diciembre de 2006, Hydro Teribe, S.A cambió su nombre a AES Changuinola, quedando así como una filial de la poderosa empresa estadounidense de energía AES, presente en 27 países.

En diciembre de 2007 la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep, sucesora del ERSP) declaró de interés social y público tres proyectos concesionados en el curso del río Changuinola, entre estos, Chan 75. Para entonces la Asep también había aprobado una adenda a la concesión, permitiendo a esta planta aumentar la generación nominal instalada a 223 megavatios.

Las primeras obras empezaron en enero de 2008. Entre tanto, los pobladores denunciaban que eran presionados para vender y salir de sus tierras. En varias ocasiones, tras protestas y resistencia, intervino la policía. AES propuso, entre tanto, una serie de planes de reasentamiento a los desplazados por el proyecto.

En marzo empezaron las detonaciones en el sitio de la futura presa y hubo incidentes con activistas ambientales y sociales que acompañaban la protesta de los pobladores.

Mientras la empresa seguía los planes de reasentamiento, en abril, el Congreso Ngäbe Buglé escuchó testimonios de pobladores sobre violaciones a sus derechos humanos en el sector de Charco La Pava. El congreso emitió una declaración para exigir la suspensión del proyecto.

En mayo, la Comisión de Asuntos Indígenas, las autoridades provinciales de Bocas del Toro y representantes de AES Changuinola se reunieron para tratar sobre la situación en Charco La Pava, mientras las obras se intensificaban, con jornadas de trabajo de 24 horas.

Las denuncias llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que a mediados de junio de 2009 exigió al Gobierno panameño la suspensión de las obras.

Sin embargo, el gobierno del entonces presidente Martín Torrijos alegó que la comisión no se había informado “de forma objetiva” sobre la situación, por lo que no acataría la medida.

En julio de 2010, ya en el poder el gobierno de Ricardo Martinelli, la Asep declaró a Chan 75 (ahora también conocido como Chan I) como proyecto de “interés público y carácter urgente”.

Entre tanto, el calendario de entrada en operaciones de la planta se había retrasado. Estaba programada para el 31 de julio de 2011 y ahora tendría que esperar.

Amnistía Internacional se pronunció esta vez ante la inminencia del llenado del embalse y pidió solidarizarse con los desplazados.

No sería sino hasta julio de 2012 cuando, finalmente, se inauguraría Chan 75. A un costo de 630 millones de dólares, la planta estaba supuesta a cubrir aproximadamente el 15% de la demanda energética del país.

En abril de 2013, la Defensora del Pueblo, Patria Portugal, visitó los trabajos de reasentamiento de la comunidad de Valle Rey. Portugal había sido mediadora y testigo de honor de los compromisos a los que llegaron AES Panamá y las comunidades ngäbe. Portugal pidió que se terminaran de cumplir los compromisos, como mejorar la carretera y la edificación de más viviendas.

En mayo, tras una reunión de dirigentes de las comunidades afectadas y representantes del Ministerio de Gobierno, las inquietudes persistían.

Una concesión que vuelve al Estado

En junio de 2011, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) le canceló la concesión a AES Changuinola para la construcción de la segunda fase de la hidroeléctrica de Changuinola.

El proyecto denominado Chan II (para diferenciarlo de la fase ya construida, Chan I o Chan 75), no se desarrollaba “bajo una adecuada optimización del recurso hídrico”, según dijo el director nacional de electricidad de la Asep, Rodrigo Rodríguez, a la agencia noticiosa EFE en 2011.

El proyecto también ha sido cuestionado por los indígenas ngäbe, porque implica más desplazamientos. Ahora lo maneja la Empresa de Generación Eléctrica (Egesa), y ya se han adelantado estudios de factibilidad y de impacto ambiental.

Los ngäbe, entre tanto, recuerdan el pacto de la Coordinadora Indígena con el Estado, las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en 2012, que puso fin a las protestas en la comarca Ngäbe Buglé por los proyectos hidroeléctricos y mineros que pueden afectarlos.

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