ANÁLISIS

El presupuesto general del Estado, otra víctima de las reformas constitucionales

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De Izq. a Der.: Marylín Vallarino, Leandro Ávila, Marcos Castillero, Tito Rodríguez y Corina Cano, el 28 de octubre pasado, cuando el texto fue aprobado en tercer debate.Raúl Valdés De Izq. a Der.: Marylín Vallarino, Leandro Ávila, Marcos Castillero, Tito Rodríguez y Corina Cano, el 28 de octubre pasado, cuando el texto fue aprobado en tercer debate.Raúl Valdés
De Izq. a Der.: Marylín Vallarino, Leandro Ávila, Marcos Castillero, Tito Rodríguez y Corina Cano, el 28 de octubre pasado, cuando el texto fue aprobado en tercer debate.Raúl Valdés

El proyecto de reformas constitucionales aprobado en tercer debate por el pleno legislativo el pasado lunes 28 de octubre, contiene una multiplicidad de mandatos financieros que impactarían muy seriamente los recursos del Estado.

Los mandatos introducidos son de orden cuantitativo y cualitativo, y en su conjunto afectarían la formulación, ejecución y control del presupuesto general del Estado, lo que a su vez impactaría la capacidad de formular una política económica por parte del poder Ejecutivo, y pudieran necesitar un aumento de impuestos o una disminución significativa de gastos en los rubros que no fueron priorizados por las reformas constitucionales.

Los mandatos cuantitativos son los siguientes:

1. Educación. El mandato constitucional propuesto establece que el 6% del producto interno bruto (PIB) debe dedicarse a la educación anualmente. Esta obligación ya está establecida en la ley, pero el Estado no la cumple. La aspiración del 6% es un objetivo internacional que tendría importantes efectos en mejorar la cobertura y calidad de los servicios educativos. Actualmente, Panamá destina aproximadamente 3.8% del PIB a educación, por lo que el 2.2% adicional representaría más de mil 400 millones de dólares adicionales por año, para el sector educativo.

2. Descentralización. Un mandato nuevo que proponen las reformas constitucionales es el de asignar un 6% de los ingresos del gobierno central, como fondos para la descentralización que serán destinados a los 71 municipios de la República. Actualmente los fondos destinados a la descentralización provienen de los importes del impuesto catastral. Debido a que este impuesto fue rebajado significativamente, los ingresos de los municipios van a disminuir. La nueva fórmula les garantiza un pedazo del pastel del presupuesto estatal, independiente de las fuentes de recaudación. Se calcula que si esta regla estuviera vigente para el presupuesto actual, sería el equivalente a 584 millones de dólares.

3. Justicia. Es una aspiración de grandes sectores de la ciudadanía panameña contar con un sistema de justicia eficiente, profesional, rápido y, sobre todo, íntegro. Parte de lo necesario para alcanzar estos objetivos es la dotación presupuestaria para que tanto el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense (Imelcf), puedan hacer su trabajo correctamente. Para evitar el matraqueo presupuestario, el Consejo de la Concertación propuso que el 2% del presupuesto general del Estado fuera destinado, como mínimo, para el sistema de justicia. Si esta cantidad excediera las necesidades de las instituciones involucradas, el sobrante sería remitido al tesoro nacional. En cifras del presupuesto del 2020, ese 2% representaría 466 millones de dólares.

Aunque la danza de los millones de los mandatos constitucionales puede ser causa de mareos o nauseas, es la propuesta de cambios en la formulación y aprobación del presupuesto de ciertas entidades, y la forma en que la Asamblea Nacional puede manipularlo, lo que debe generar más preocupación.

Así tenemos que tanto el proyecto de presupuesto de la Caja de Seguro Social (CSS) como el del Ministerio de Salud, solo pueden ser incorporados como están por el Consejo de Gabinete al proyecto de presupuesto general del Estado. Esto significa que si la CSS incluye algún disparate o comete alguna omisión en su proyecto de presupuesto, el Ejecutivo se queda como un simple mensajero que remitirá dicho proyecto a la Asamblea Nacional.

Por su parte, una de las modificaciones más criticadas de la propuesta de reformas constitucionales es la reforma al artículo 271 de la Constitución vigente, y que permitiría que la Asamblea Nacional aumente o modifique gastos o ingresos del proyecto de presupuesto general del Estado sin la participación del Órgano Ejecutivo.

Esta norma daría al traste con la contención del gasto público y el control del déficit presupuestario. Una norma tan irresponsable podría afectar la calificación de riesgo de Panamá, ya que nunca se sabría exactamente cuánto es el presupuesto del Estado panameño y, por supuesto, se desconocería cuánto sería la deuda y el déficit fiscal.

Este artículo pone en las manos de la bancada mayoritaria de la Asamblea, sin control alguno, los impuestos, los ingresos y los bienes de todos los panameños.

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