Fallo de Benavides, De León y Fábrega

La protección del humedal es una ´política estatal´

Los magistrados advierten de que aún falta decidir la legalidad o no de la resolución de Anam que reconoce el valor del ecosistema de la bahía.
FRAGILIDAD. La firma Bolívar, Rivera y Castañedas afirmó que hay ‘actividades humanas’ que deterioran el ecosistema. LA PRENSA/David Mesa FRAGILIDAD. La firma Bolívar, Rivera y Castañedas afirmó que hay ‘actividades humanas’ que deterioran el ecosistema. LA PRENSA/David Mesa
FRAGILIDAD. La firma Bolívar, Rivera y Castañedas afirmó que hay ‘actividades humanas’ que deterioran el ecosistema. LA PRENSA/David Mesa

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia recapacitó.

Luego de valorar lo que han llamado “nuevos elementos que hacen obligatorio variar en sentido contrario la percepción de este tribunal”, los magistrados Víctor Benavides, Luis Ramón Fábrega y Hernán De León decidieron que la bahía de Panamá debía recuperar su condición de salvaguarda.

Hace un año, esta Sala dejó sin efecto –aunque de manera provisional– la Resolución de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) que en el año 2009 declaró el humedal bahía de Panamá como área protegida.

Entonces la Sala –bajo la ponencia del magistrado Alejandro Moncada– basó su decisión en que la Anam no hizo una “consulta pública” que diera validez al acto de darle protección a la bahía.

Este criterio ni siquiera contó con el apoyo unánime del pleno: a Moncada solo lo apoyó Efrén Tello, suplente de Fábrega. Benavides salvó su voto.

Aquel fallo motivó que se presentaran al proceso, en calidad de “terceros”, la fundación MarViva, la sociedad Audubon, el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá y miembros de la firma forense Rivera, Bolívar y Castañeda, y el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Puesto que Celma Moncada, prima hermana del magistrado, ejercía poder para actuar como representante de la Asociación de Abogados Litigantes, este se declaró impedido y fue reemplazado por el magistrado De León. Benavides pasó a ser el ponente.

El grupo de ambientalistas y abogados alegó que la suspensión de la resolución de la Anam contrariaba la Ley 6 de 1989, mediante la cual Panamá aprobó la Convención Ramsar, relativa a la importancia de los humedales. También desatendía varios decretos que reglamentan el ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las áreas metropolitanas del Pacífico y Atlántico, así como las “Normas para el control de desarrollo del sector manglares del corregimiento de Juan Díaz”, adoptado por el Ministerio de Vivienda desde el año 1980.

La firma Rivera, Bolívar y Castañedas sostuvo que retirarle a la bahía su condición de protección, “podría ocasionar perjuicios graves e irreparables, por actividades humanas que deterioran la existencia de esos ecosistemas”.

Cambio de opinión

La Sala Tercera –con Benavides, De León y Fábrega– hizo una valoración de los nuevos “elementos” aportados al proceso. Y cambió de parecer.

“La conservación y recuperación de los recursos naturales, como la biodiversidad, el agua, el aire y, en general, el ambiente deseable para el hombre, la fauna y la flora, es una política estatal que la misma Resolución No. AG-0072-2009 del 11 de febrero de 2009 y la suscripción al Convenio Ramsar, propenden para la preservación y restauración ecológica de los elementos constitutivos del sistema hídrico”, remarca el fallo fechado el 4 de abril de 2013.

Los tres magistrados advierten de que todavía les queda pronunciarse por “la legalidad o ilegalidad del acto demandado”, que es la Resolución AG-0072-2009.

VÍA CRUCIS AMBIENTAL

3 de febrero, 2009.

Anam expide la Resolución AG-0072-2009 que declara área protegida el humedal bahía de Panamá.

5 de marzo, 2012.

Aristides Figueroa, en representación de Constantino González, demandó la nulidad de la resolución de la Anam.

27 de abril, 2012.

La Sala Tercera (con ponencia de Alejandro Moncada) suspendió provisionalmente la resolución demandada.

17 de septiembre, 2012.

Admiten la participación de diferentes organizaciones ambientales y abogados.

4 de abril, 2013.

La Sala Tercera (con Víctor Benavides como ponente) levantó la medida de suspensión provisional que pesaba sobre la Resolución AG-0072-2009.

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