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AUdiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

´La protección jurídica del ambiente se debilita´: Wing

Activistas acudieron a Washington para exponer el estado de indefensión de las reservas naturales panameñas y su impacto en la población.

El llamado de atención fue claro ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “La protección jurídica del ambiente se debilita en Panamá”.

Grupos pro ambientalistas aprovecharon ese escenario con sede en Washington, Estados Unidos, para denunciar el poco compromiso del gobierno de Ricardo Martinelli y de las autoridades judiciales para resolver los procesos legales que tienen que ver con los recursos naturales.

En una audiencia temática en ese foro internacional, Félix Wing, director del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), presentó un informe que señala que en los primeros tres años de la presente administración se ha dado prioridad a megaproyectos extractivos, hidroeléctricos, urbanísticos y turísticos mal planificados, que han provocado un retroceso de hasta dos décadas en la evolución de la normativa ambiental.

El documento planteó, por ejemplo, que durante esta administración se bajó la tasa para deforestar los manglares y se suspendió provisionalmente la categoría de área protegida que gozaban el humedal bahía de Panamá, y Donoso, en Colón. Además, se intentó eliminar los estudios de impacto ambiental (EIA) –al final se redujo su plazo de revisión y consulta obligatoria– y reformar el Código Minero.

Una de las principales inquietudes de los activistas es el desarrollo de proyectos urbanos y turísticos en manglares y otros humedales, pues con ello se pone en peligro la vida, salud y bienes de algunos de los centros más poblados del país.

Apuntan específicamente al humedal bahía de Panamá –con categoría Ramsar desde el año 2003– , porque allí –según reportes de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam)– hay más de 10 proyectos en la zona de amortiguamiento.

Anam admitió recientemente que hay dos proyectos que se aprobaron por “error”, en esa reserva protegida.

“Están dando permisos de construcción y aprobando estudios de impacto ambiental cuya categoría no corresponde al tipo de proyecto que se va a desarrollar en el área natural”, aseveró Wing ante los miembros de la CIDH.

Mencionó también la construcción innecesaria e injustificada de carreteras y otros proyectos energéticos y de infraestructura, que destruyen sitios con categoría de patrimonio de la humanidad, reconocido por la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

Prueba de ello es la construcción de la ampliación de la vía Cincuentenario, que ejerce un impacto directo sobre el sitio arqueológico de Panamá Viejo, y la tercera fase de la cinta costera, que afectará al Casco Antiguo de San Felipe. Ambas zonas son consideradas por Unesco como patrimonio mundial.

Los ambientalistas también señalaron que los procesos ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia tardan “más de dos, tres o cuatro años” en resolverse, sin que en muchos de estos casos se haya dictado una medida cautelar de suspensión provisional que dé cumplimiento a los principios de prevención y precaución en materia de conservación.

Los grupos que solicitaron la audiencia ante la CIDH son Ciam, Fundación Panamá Sostenible, Alianza pro Ciudad, Alianza Ambiental pro Desarrollo Integral “Unidos por Panamá”, Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), MarViva y ProMar.

GOBIERNO SE DEFIENDE

En la audiencia, el Estado panameño estuvo representado por el embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez, y el director de asuntos jurídicos de la Cancillería, Vladimir Franco.

Según Cochez y Franco, Panamá ha sido “pionero” en defensa del medio ambiente con 13 leyes. “Incluso el tema ambiental ha sido elevado a rango constitucional”, dijo Franco, para quien no hay debilidad alguna en las normas que protegen los recursos naturales del país.

Sobre los EIA, ambos resaltaron que estos son espacios de participación ciudadana, en los que se realizan consultas, encuestas y foros para que los que se sientan afectados puedan informarse y opinar. También hicieron hincapié en la “imparcialidad” del Órgano Judicial.

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