JUSTICIA

La prueba idónea ‘crea un privilegio’: Rigoberto González

El procurador de la Administración asegura que la prueba idónea riñe con el principio de la igualdad.

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A los diputados de la Asamblea Nacional los investigan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ana Rentería A los diputados de la Asamblea Nacional los investigan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ana Rentería
A los diputados de la Asamblea Nacional los investigan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ana Rentería

De “inconstitucional” tildó el procurador de la Administración, Rigoberto González, a la prueba idónea que se exige como requisito esencial para las denuncias o querellas contra diputados de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con González, la figura “crea un privilegio” que “riñe con el principio de igualdad” y, por lo tanto, “debe desaparecer”.

El procurador aplaudió la propuesta legislativa que elimina esa disposición y dijo que espera que la Asamblea se haga eco de la iniciativa de manera mayoritaria.

El pasado sábado, la Comisión de Gobierno, que preside el diputado perredista Leandro Ávila, prohijó la propuesta que, entre otras cosas, también establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

El proyecto fue presentado por el independiente Juan Diego Vásquez. Pero, algunos diputados han cerrado filas en defensa de ese blindaje.

En 2017, González sustentó que la prueba idónea era “inconstitucional”, entre otras cosas porque viola el debido proceso, consagrado en el artículo 32 de la Constitución, el cual establece que la autoridad competente debe realizar todas las investigaciones necesarias para corroborar la denuncia.

Esto, a raíz de que el abogado Ernesto Cedeño presentó un recurso para eliminar ese beneficio que tienen los diputados que tienen los diputados y que la mayoría de las veces los pone lejos del alcance de la justicia. Pero la Corte, tribunal que investiga a los diputados, lo desestimó.

La coraza que cubre a los diputados

Al debate sobre los fueros que crea la prueba idónea para investigar a los diputados se unió el procurador de la Administración, Rigoberto González, quien opinó que la figura crea un privilegio que riñe con el principio de igualdad y, por lo tanto, “debe desaparecer”.

El procurador planteó, además, que la figura le da discrecionalidad al juzgador para determinar cuándo es prueba idónea y cuándo no.

Es “inconstitucional”, planteó González, y recordó que el sistema penal acusatorio (SPA) permite una serie de garantías, por lo que se preguntó: “¿cómo es posible que se cree un sistema especial para blindar hasta cierto punto a ciertos funcionarios?”.

Rigoberto González Expandir Imagen
Rigoberto González

“Esperamos que la Asamblea Nacional se haga eco de manera mayoritaria y se logre superar eso de la prueba idónea”

No es la primera vez que el Procurador de la Administración cuestiona la figura. En 2017, le planteó a la Corte Suprema de Justicia que la prueba idónea “vulnera el principio de presunción de inocencia”, contenido en el artículo 22 de la Constitución. Esto, a raíz de que se exigen elementos que permitan relacionar al investigado con el hecho y esto establece, a priori, la culpabilidad del mismo antes de la investigación.

Asimismo, sostuvo que la prueba idónea viola el principio del debido proceso, consagrado en el artículo 32 de la Constitución, el cual establece que la autoridad competente debe realizar todas las investigaciones necesarias para corroborar la denuncia.

González dio su punto de vista a la Corte, luego de que el abogado Ernesto Cedeño presentó ante el máximo tribunal una demanda de inconstitucionalidad contra esa figura. La acción fue interpuesta en octubre de 2017 y un mes más tarde la Corte la rechazó.

La propuesta

El pasado sábado, la Comisión de Gobierno acogió un proyecto de ley presentado por el diputado independiente Juan Diego Vásquez que, entre otras cosas, plantea eliminar la prueba idónea.

En la actualidad, el artículo 288 de la Ley 63 de 2008 ( Código Procesal Penal) establece los requisitos para presentar una querella o denuncia contra diputados. El numeral 4 de esa norma dice que la acción legal deberá expresar la “prueba idónea del hecho punible imputado”.

Vásquez propone que se deben presentar “los elementos de prueba que se ofrezcan, indicando en su caso los datos que permitan llevar adelante su práctica”.

Para Gabriel Tribaldos, del Movimiento Independiente, la prueba idónea es una capa adicional al blindaje que pretenden agregar los diputados a su histórico manto de impunidad.

“Este país no es de castas y por tanto todos debemos ser tratados iguales ante la ley”, dijo. Tildó de “absurda excusa” la que algunos esgrimen cuando dicen que la prueba idónea es para protegerse de procesos viciados por intereses políticos. “No es más que un intento de echarle arena en los ojos a quienes no saben que ya la ley contempla suficientes recursos para defendernos de procesos desprovistos de pruebas (...)”, añadió.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, recordó que desde la aprobación del SPA esa organización ha dicho que la prueba idónea “establece un fuero que privilegia a los diputados” y pone en manos de los ciudadanos la responsabilidad de investigar los actos delictivos. “La consecuencia no es otra que favorecer la impunidad de los diputados”, manifestó.

‘Es necesaria’

Pese a que la Comisión de Gobierno prohijó el proyecto, esto no significa que tendrá un camino fácil.

De hecho, diputados de distintas bancadas han salido a defender ese privilegio.

Miguel Fanovich, del oficialista Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, dijo que la prueba idónea es “importante”. “Mire, las redes sociales han traído fake news y falsedades que se utilizan. Lo mismo puede ocurrir con el sistema judicial. Por ello, es importante que haya una prueba para que de verdad pueda haber una acusación. Sin prueba, no hay acusación”, expresó.

Otros han tildado el proyecto de Vásquez de “peligroso” y de “disparate jurídico”. Hernán Delgado, diputado de Cambio Democrático (CD) y “padre legal” de la figura, opinó que suprimirla significa “castrar” a los diputados en el ejercicio de sus funciones, y “coartarles” su libertad y derechos.

Por el momento, la decisión de aprobar o rechazar la iniciativa en primer debate recae en los miembros de la Comisión de Gobierno: Leandro Ávila, Alejandro Castillero y Ariel Alba, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Corina Cano del Molirena; Ana Giselle Rosas y Marylín Vallarino, de CD; Gabriel Silva, independiente; y Bernardino González, del Partido Panameñista.

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