ENFOQUE

El TE puede compartir la información

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ANÁLISIS. El carácter especialísimo de la normativa electoral le concede al Tribunal Electoral (TE) una presunción favorable por parte de la ley panameña y de los máximos tribunales del país. Sin embargo, ante un delito confeso ¿puede el Tribunal Electoral compartir la información con la ciudadanía? La exégesis de la legislación y jurisprudencia electoral indicaría que esto no es posible, pero las normativas internacionales que ha ratificado Panamá van en la tendencia opuesta, y sugieren, en principio, que el Tribunal Electoral pudiera tener la potestad de compartir esta información más ampliamente. La Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por la Ley 42 de 1998, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Panamá mediante la Ley 23 de 2004, establecen como principios comunes la transparencia de toda la información en manos del Estado, que puede servir para la prevención y combate de la corrupción. Este punto es mucho más contundente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por Panamá por medio de la Ley 15 de 2005. El numeral 3, del artículo 7 de esta Convención, señala que los Estados partes deberán adoptar las medidas que hagan transparentes las fuentes de financiamiento de las campañas políticas, y de los propios partidos políticos. Este principio de Derecho Internacional debe ser entendido como un mandato para el Estado panameño y sus distintos órganos. Por brevedad de esta exposición, hemos omitido presentar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y de la Corte Europea de los Derechos Humanos, que han desarrollado la obligación de transparencia del Estado en asuntos de interés público como este. Además, ya existe una confesión de que se realizó un delito que implicó el pago de sobornos a servidores públicos y familiares por parte de la constructora brasileña. Al acabarse la presunción de inocencia, se pierde la garantía de confidencialidad establecida por el artículo 209 del Código Electoral. De lo contrario, el Tribunal Electoral podría convertirse en cómplice de otros muchos delitos tales como: el blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y la corrupción de servidores públicos, al ocultar evidencia fundamental para estas investigaciones. Sería sumamente interesante y necesario que el Tribunal Electoral fuera objeto de un habeas data para que la Corte Suprema de Justicia le ordene divulgar la información requerida por la ciudadanía.

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