CASO LAVA JATO

Los tres puntos clave del anuncio de la procuradora

Odebrecht prometió devolver ‘los primeros $59 millones’ que pagó en sobornos a personas naturales y jurídicas de Panamá.

R. Dominicana pide inhabilitar a compañía

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Durante el pasado gobierno, la empresa brasileña se encargó de la construcción de la cinta costera 3, obra que costó $782.1 millones. Durante el pasado gobierno, la empresa brasileña se encargó de la construcción de la cinta costera 3, obra que costó $782.1 millones.

Durante el pasado gobierno, la empresa brasileña se encargó de la construcción de la cinta costera 3, obra que costó $782.1 millones. Foto por: Archivo

Procuradora Kenia Porcell. Procuradora Kenia Porcell.

Procuradora Kenia Porcell. Foto por: Ricardo Iturriaga

Dos bancos están en la mira de las fiscalías del Ministerio Público por suministrar información a personas cuyas cuentas son investigadas en la trama relacionada con los sobornos que dio la constructora Odebrecht a funcionarios panameños entre 2010 y 2014.

Este fue el segundo punto que destacó ayer la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, cuando a las 12:30 del mediodía se dirigió al país.

Los bancos, cuyos nombres se reservó por el momento, dieron información a personas con cuentas investigadas sobre las acciones que adelanta el Ministerio Público (MP) “bajo estricta reserva de la investigación”, dijo la procuradora. “Estas acciones están siendo evaluadas por los fiscales para adoptar las acciones que correspondan”, añadió.

Una de las primeras pesquisas que realizó la Fiscalía Especial Anticorrupción que creó el MP para este caso fue precisamente una inspección en tres bancos de la capital. En ese momento se informó que la diligencia era para determinar el estatus de las cuentas que tiene la compañía brasileña en Panamá, país donde ha ganado contratos por $9 mil 226 millones.

La fiscalía especial está conformada por las fiscales anticorrupción Tania Sterling, Vielka Broce, Zuleyka Moore, y Ruth Morcillo, cuatro mujeres que hasta el 27 de diciembre de 2016 estaban encargadas de las fiscalías anticorrupción donde reposan los expedientes de corrupción de más alto perfil del país.

‘LOS PRIMEROS $59 MILLONES’

Porcell, rodeada de los micrófonos de los periodistas, empezó diciendo que luego de varias reuniones en la mañana de ayer jueves 12 de enero, con el equipo de fiscales especiales anticorrupción y los abogados de Odebrecht, recibió el compromiso formal de parte de la constructora de entregar “en un breve plazo, los primeros $59 millones como pago de sobornos a personas naturales y jurídicas”. Dijo además que esto no afecta el resultado de las investigaciones que adelantan.

Apenas terminó de leer el comunicado, la procuradora se retiró, por lo que no hubo oportunidad de consultarle sobre qué quiso decir cuando habló de “los primeros $59 millones”. ¿Odebrecht pagó más de $59 millones en coimas en Panamá? Esta es una de las preguntas que surge ahora, a juzgar por lo dicho por la jefa del Ministerio Público.

EL PROYECTO 245

El tercer punto del comunicado habla de separación de poderes, una ley y un acuerdo. “La aprobación del proyecto de ley que contiene la figura “del acuerdo” por parte de la Asamblea Nacional permitirá que muchas de las causas complejas y los más de 4 mil procesos que lleva el Ministerio Público por el sistema inquisitivo mixto puedan resolverse prontamente y desahogar el torrente de causas tanto del Órgano Judicial como del Ministerio Público”.

Cuando se refiere al “acuerdo por parte de la Asamblea (...)” está hablando del proyecto de ley 245 que se debate en el Legislativo y que contempla cambios para el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Esta semana, esa iniciativa legislativa fue noticia. El pasado martes 10 enero, la Comisión de Gobierno de la Asamblea aprobó en primer debate la mencionada iniciativa legislativa que incluye además, medidas para evitar el hacinamiento en las cárceles del país.

En la comisión se aprobó un artículo que permite la posibilidad de que el imputado junto a su defensor y el Ministerio Público puedan celebrar acuerdos de penas o de colaboración para todos los casos que quedaron vigentes antes de que entrara en vigencia el sistema penal acusatorio, que en el primer distrito judicial, que incluye a Panamá, entró en vigencia el pasado 2 de septiembre.

Armando Medina, director de proyectos especiales del Ministerio de Gobierno, y quien participó en el debate, explicó que si se aprueba esta ley, en los casos iniciados con el sistema inquisitivo mixto, que aproximadamente son 10 mil, también se pueda llegar a un acuerdo de pena. (Leer enfoque en esta página).

Este proyecto de ley llegó al Palacio Justo Arosemena de la mano del presidente de la Corte Suprema de Justicia José Ayú Prado el 21 de septiembre de 2015.

En esa misma época se aprobó en primer debate y durante meses esperó que el pleno lo tuviera en cuenta para su discusión en segunda instancia. Pero, la semana pasada los diputados se acordaron de él y lo bajaron a primer debate, donde le introdujeron la modificación referente a los acuerdos.

REACCIONES

Cuando Porcell se dirigía al país, en la Asamblea Nacional se leía el proyecto de ley que reforma el Código Electoral pero esto no impidió que los diputados Ana Matilde Gómez y José Antonio Domínguez se levantaran corriendo de sus curules para ubicarse frente a un televisor de unos de los salones contiguos al pleno para ver a la procuradora hablar sobre del escándalo de corrupción que por estos días estremece al país.

Una vez terminó la transmisión opinaron sobre el tema. “Quiero confiar en que lo que nos ha transmitido la procuradora es que no solo están dispuestos a cooperar [Odebrecht], sino que esto implica que va a haber investigaciones contundentes en Panamá (...)”, dijo Gómez.

Añadió que con la información surgida en Estados Unidos se va a tener “el conocimiento pleno” sobre quiénes fueron los servidores públicos y personas del sector privado que recibieron dinero de la empresa.

Manifestó también que con el pronunciamiento de Porcell ya se dieron los pasos necesarios en la dirección correcta para que Panamá tenga pronto una investigación que revele todos los nombres, con las medidas inmediatas que se van a tomar. “Porque $59 millones nada más es un pedacito de todo lo que se coimeó aquí”, advirtió.

Mientras que el diputado panameñista José Antonio Domínguez espera que el Ministerio Público “consiga de primera mano la lista real de todas las personas implicadas, desde el gobierno de Martín Torrijos hasta el actual.

“Esto no puede ser que yo devolví la plata y no ha pasado nada. Aquí hay personas implicadas. Los nombres tienen que salir una vez que se le abra el proceso legal y eso le toca al Ministerio Público, y tiene que hacer las investigaciones (...)”, advirtió.

Por su parte Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Projusticia, en su cuenta de Twitter comentó: “Señora procuradora, lo primero que queremos de Odebrecht son los nombres de los que recibieron coimas”.

Esta semana se dio a conocer que el Juzgado Decimosegundo Penal ordenó reabrir el caso que el MP seguía a Odebrecht por la presunta comisión de delitos económicos. El proceso estará a cargo de la Fiscalía Especial Anticorrupción.

R. Dominicana pide inhabilitar a compañía

La Procuraduría dominicana solicitó ayer inhabilitar a la compañía brasileña Odebrecht para que no pueda asumir nuevos contratos con el Estado mientras dure la investigación sobre supuestos sobornos millonarios a funcionarios locales. El procurador general, Jean Alain Rodríguez, dijo que envió su solicitud a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas para que impida que el Estado vuelva a contratar a Odebrecht. Rodríguez envió sus solicitudes como parte de la investigación que abrió a finales de diciembre  para determinar el destino de cerca de 92 millones de dólares que Odebrecht admitió ante autoridades estadounidenses haber pagado como sobornos en República Dominicana a cambio de conseguir contratos con el Estado. Las autoridades locales interrogaron esta semana al gerente de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, quien dijo que la compañía no hizo  pagos a ningún funcionario, sino a un intermediario.

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