PINCHAZOS

Las razones de la competencia de la Corte Suprema

El resultado del debate sobre la existencia o ausencia de competencia de la Corte Suprema de Justicia para juzgar al expresidente definirá la legitimidad del sistema de justicia panameño.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia discutiría hoy el proyecto de fallo que declina la competencia en el caso de las escuchas. Archivo El pleno de la Corte Suprema de Justicia discutiría hoy el proyecto de fallo que declina la competencia en el caso de las escuchas. Archivo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia discutiría hoy el proyecto de fallo que declina la competencia en el caso de las escuchas. Archivo

Una madrugada de julio de 2014, el expresidente de la República Ricardo Martinelli viajó a la ciudad de Guatemala para juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Con ese acto, el político y magnate de los supermercados asignó la competencia de todos los casos penales que se abrieran en su contra a la Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien, según una nota del 5 de julio pasado, el Parlacen certificó que Martinelli dejó de ser diputado de esa corporación el 27 de junio, tras su renuncia.

De acuerdo con el amparo de garantías constitucionales que presentó el abogado Luis Eduardo Camacho hijo, esa renuncia de Martinelli cambia la competencia de su caso y, por lo tanto, la Corte debe declinarla hacia la justicia ordinaria tal y como se encuentre.

En dos ocasiones, el pleno de la Corte no admitió igual número de amparos con la misma argumentación, supuestamente por razones de forma y con la misma ponencia del magistrado Oydén Ortega Durán. Sin embargo, en la tercera versión del amparo, Ortega reaccionó con una ponencia distinta, favorable a la declinatoria de competencia.

En el día de hoy, el pleno debe deliberar acerca de si Ortega tiene razón o si, por el contrario, la propia Corte mantiene la competencia del proceso de los pinchazos.

Consideraciones legales

Para entender la naturaleza del debate, es claro precisar qué es la competencia.

En términos generales, es la potestad o facultad de un funcionario, juez o de un tribunal colegiado de conocer un proceso.

La competencia se puede asignar por el territorio. Por ejemplo, Chiriquí o Darién. Igualmente, se puede fijar por la cuantía del objeto del caso. No es lo mismo una estafa callejera por un dólar que un engaño bancario por 1 millón de dólares.

Entre los otros criterios de competencia está el de la calidad de las partes, que es aquel que se refiere a ciertos servidores públicos a procesos especiales. Por ejemplo, el presidente y el vicepresidente de la República y los magistrados de la Corte son investigados y enjuiciados por la Asamblea Nacional. Mientras tanto, los diputados lo son por la Corte Suprema de Justicia.

El principio general de la competencia es que, una vez iniciado el proceso, esta no se puede cambiar a voluntad de las partes.

En materia procesal penal, el artículo 31 dice textualmente: “Competencia, carácter y extensión. La competencia es improrrogable. Se fija por razón del territorio, por la pena, por factores de conexidad y por la calidad de las partes...”.

Entre las razones por las cuales la Corte mantiene la competencia está la coherencia jurídica con las propias actuaciones de esa corporación.

El magistrado Jerónimo Mejía expuso en su dictamen del 26 de noviembre pasado la naturaleza compleja de las múltiples decisiones tomadas por la Corte en el proceso de los pinchazos, en las que ha afirmado implícitamente su competencia.

La Corte Suprema de Justicia es un tribunal de apelación para las decisiones tomadas por Mejía. Además, ha sido tribunal de conocimiento de las medidas cautelares, de la solicitud de extradición y los pedidos de cambios de la medida cautelar de detención provisional existente.

Finalmente, la Corte ha actuado como tribunal constitucional al conocer todos los habeas corpus, acciones de inconstitucionalidad y amparos de garantías constitucionales interpuestos por la defensa de Ricardo Martinelli.

En ninguno de esos roles, la Corte ha declinado su competencia; por el contrario, la ha confirmado en decenas de ocasiones.

Más alegatos

Otro poderoso argumento es el de economía procesal; es decir, la forma más eficiente de realizar las tramitaciones judiciales.

Desde agosto de 2015, la Corte ha realizado actividades sumamente complejas en el caso de los pinchazos. No solo designó un fiscal y un juez de garantías, sino que también procedió con la solicitud de extradición y ventiló más de una veintena de recursos, incidentes, apelaciones de toda naturaleza interpuestas por la defensa del exgobernante.

Si la Corte declina ahora la competencia a un juzgado ordinario, el proceso continuaría y probablemente el Ministerio Público, las víctimas y/o la defensa interpondrían nuevos recursos judiciales que llevarían el caso de vuelta al máximo tribunal de la República.

Además, el acusado en esta causa, a pesar de haber renunciado el 27 de junio a la diputación del Parlacen, aspira a una curul por el circuito 8-8. Es decir, se podría dar el escenario de que la Corte declinara el caso en 2018, pero de salir electo el procesado el 5 de mayo de 2019, el caso volvería a la Corte el 1 de julio de 2019. Parece bastante absurda esta situación.

De acuerdo con los artículos 233 del Código Judicial y 31 del Código Procesal Penal, la competencia es improrrogable. No cambia por ningún hecho posterior haya sido fijada.

La renuncia del 27 de junio fue fútil, porque ya la Corte, desde diciembre de 2015, al dictar la detención provisional y solicitar la extradición, fijó esa competencia.

Todas las actuaciones posteriores corresponden al cumplimiento de las decisiones de 2015.

Un argumento adicional al de la competencia es el de la ausencia de una segunda instancia a la que pudiera recurrir el expresidente, en caso de una condena por parte de la Corte.

Al respecto, el jurista Mario Galindo publicó un artículo el 23 de agosto en La Prensa, cuando Martinelli ya había renunciado al Parlacen, en el que explicó que esa doble instancia se podía dar si los magistrados que la conocieran no fueran los mismos de la primera decisión.

En otras palabras, la Corte Suprema de Justicia tiene la capacidad de llevar adelante el caso de los pinchazos y cumplir con todas las garantías del debido proceso, y los magistrados suplentes que no participaron de la primera decisión lo harían en la segunda.

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