EXPRESIÓN. LAURA CHINCHILLA PIERDE JUICIO POR DIFAMACIÓN.

La red aguanta (casi) todo

¿Hasta dónde se puede decir cualquier cosa de una persona en las redes sociales? Un juicio reciente en Costa Rica deja algunas inquietudes
La expresidenta costarricense Laura Chinchilla ha dicho que apelará el fallo. ‘Ha quedado demostrado que fui víctima de una mentira’, ha dicho. LA PRENSA/Archivo. La expresidenta costarricense Laura Chinchilla ha dicho que apelará el fallo. ‘Ha quedado demostrado que fui víctima de una mentira’, ha dicho. LA PRENSA/Archivo.
La expresidenta costarricense Laura Chinchilla ha dicho que apelará el fallo. ‘Ha quedado demostrado que fui víctima de una mentira’, ha dicho. LA PRENSA/Archivo.

Todo empezó el 15 de junio de 2013, cuando la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla aún era la primera mandataria del vecino país.

El empresario Alberto Rodríguez Baldí había publicado en su perfil de Facebook que la hoy expresidenta había supuestamente comprado terrenos en la provincia de Guanacaste (Pacífico norte) por valor de 2.5 millones de dólares, y que además tenía una presunta participación en negocios de generación de energía eólica.

El cuestionamiento fundamental era: ¿de dónde había sacado los fondos Chinchilla para esta supuesta transacción?

La denuncia no era ni original ni propia. Al parecer Rodríguez Baldí había copiado, sin verificar, la denuncia de otra persona y la había pegado en su muro de Facebook. Un clásico copy-paste como el que hacen a diario millones de usuarios de la red social.

Sin embargo, las afirmaciones de Rodríguez Baldí, un empresario del sector hotelero que ya se había hecho notorio por sus denuncias contra el gobierno, se propagaron de manera notoria a a través de la propia red.

Fue entonces cuando la Presidente reaccionó con indignación.

Al parecer, las afirmaciones que hacía Rodríguez Baldí no eran ciertas.

Aquello dio pie a que Chinchilla, por intermedio de sus abogados, promoviera una acción penal contra Rodríguez Baldí.

“El juicio no es contra las redes sociales, sino contra quienes hacen un uso malévolo de las mismas. La internet y las redes sociales deben ser protegidas de quienes estafan, acosan, agreden o difaman. Si no incentivamos una actitud responsable de parte de quienes hacen uso de la internet y las redes sociales, terminaremos por justificar regulaciones burocráticas y autoritarias sobre las mismas, lo cual debemos rechazar”, dijo entonces la mandataria, para variar, en su perfil de Facebook.

Y fue entonces que se encendió un debate sobre el tema de la libertad de expresión en las redes sociales.

Chinchilla buscaba que se sancionara al empresario, que este se retractara públicamente de sus dichos y que le pagara una suma cercana a los 200 mil dólares por daño moral.

Sin embargo, el pasado martes, un tribunal costarricense le negó sus pretensiones a Chinchilla, pese a que censuró el hecho de que la información fuese falsa.

El juicio había durado una semana. El tribunal determinó que la publicación del empresario no había constituido una ofensa explícita hacia Chinchilla y que el texto se prestaba para distintas interpretaciones, según informaron agencias internacionales de noticias.

Para enmarcar su decisión dentro del ámbito de la libertad de expresión, los jueces dijeron que los funcionarios deben mantener cierto margen de tolerancia a la crítica de los ciudadanos.

Luego de conocerse el fallo, el abogado de la exgobernante, Alexander Rodríguez, dijo a la prensa que respetaba pero lamentaba la decisión del tribunal y que una vez que se conociera la sentencia completa presentaría una apelación.

“Hoy ha quedado demostrado que fui víctima de una mentira. El tribunal, sin embargo, consideró que los servidores públicos deben tolerar hasta las mentiras y las difamaciones. Según ellos, no tenemos derecho a la defensa de nuestro honor...”, dijo la propia Chinchilla, tras conocer la decisión.

Para el periodista y abogado costarricense Enrique Villalobos, el fallo sienta un precedente que debe preocupar a la ciudadanía, pero todavía más a los funcionarios porque de “ahora en adelante cualquier persona puede escribir y decir mentiras de otra sin que haya una sanción de por medio”, según reporta el sitio de noticias tico El país.cr.

“Una de las razones por las que no me sorprende el fallo es que los funcionarios están más sometidos al escrutinio público y por ende deben aguantar las críticas que los ciudadanos les hagan y así lo consideraron los del tribunal”, afirma.

La representación legal de Chinchilla ha dicho que esperará el término de 15 días que le concede la ley tras la emisión de la sentencia para interponer la apelación.

Por su parte, el empresario Rodríguez Baldí calificó el fallo como “un triunfo para la democracia” y una muestra de que los ciudadanos pueden exigir la rendición de cuentas de los funcionarios. (Con información de servicios internacionales).

El laberinto de lo permitido

¿Dónde queda el límite entre libertad de expresión en la red y la difamación? Las redes sociales, con su explosivo crecimiento y difusión, han hecho aún más tenue y difícil definirlo. Sin embargo, tanto Facebook como Twitter o Google tienen ciertas reglas sobre lo que no está permitido publicar y puede ser denunciado. “Cada uno de nuestros productos tiene unas reglas de uso. Yo recomiendo que se lean esas políticas para ver si lo que a uno no le gusta, realmente entra en lo que consideramos que no se permite en nuestro sitio”, ha dicho a BBC Mundo Alberto Arébalos, director de Comunicación y Asuntos Públicos para América Latina de Google. Arébalos indica que “en nuestros sitios siempre añadimos una opción para que (los usuarios) puedan denunciar contenidos que pueden afectar a terceros. Cuando nos hacen llegar una denuncia, por ejemplo, un video en YouTube, lo bajamos automáticamente”, añade.

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