Una riqueza que se escurre

La fina arena que se extrae –día y noche– de la costa de Cermeño es depositada en Vacamonte, sin que el Municipio reciba lo que corresponde.

Dicen los entendidos que la arena que se obtiene de las profundidades de la costa de Chame y Capira es la más fina del país. La mejor para construir.

Seguramente por eso el proceso de extracción del valioso material no se detiene en la costa de Cermeño, sin que la frenética actividad haya impactado positivamente en el empobrecido distrito de Capira.

Un recorrido por esta comunidad, de unos de 38 mil habitantes, muestra una triste realidad: instituciones de salud deterioradas, servicio de agua potable deficiente, desempleo, deserción escolar, calles sin aceras y un largo etcétera.

Leydis Medina tiene 40 años de residir en Capira, a cinco minutos de la vía interamericana. Tiene tres hijos (uno con necesidades especiales) y muchas deudas. Su único ingreso lo obtiene de la venta de rifas los miércoles y domingos.

“A veces no hay plata para comer ni para el transporte de los niños que van a la escuela, así que tengo que pedir prestado. La vida está muy dura para los pobres”, relató.

La realidad de Leydis es la de muchos capireños. Y es que, a pesar de la riqueza arenera del área, en Capira no hay empleo.

Domicen Vega llega a las 3:00 de la madrugada a un pequeño mercado improvisado para vender sus productos junto a su esposa; su único sustento para mantener a seis hijos.

A pocos metros de ellos, un terreno que estaba destinado para el mercado público fue invadido la semana pasada por varias familias que alegan no tener otra alternativa.

IMPUNIDAD

“No se está recibiendo el dinero completo de los impuestos que deben pagar las areneras... Si se diera, este sería un municipio millonario”, comentó el alcalde de Capira, Iván Saurí.

La deuda que tienen las empresas concesionarias con el Municipio (que abarca el año 2011) llega a $800 mil, lo que impide que se ejecuten obras necesarias como parques, la ampliación del cementerio que se quedó pequeño, una guardería, restaurar un campo de juegos y el acondicionamiento del edificio municipal.

El funcionario local también se quejó de que los capireños tienen que pagar la arena a precio de mercado ($18.95 la yarda), a pesar de que la materia prima sale de esa comunidad.

Según los registros de la Alcaldía, 16 empresas están autorizadas para la extracción en la costa de Capira, pero la falta de recursos para contratar a inspectores impide saber a ciencia cierta cuántas embarcaciones tiene cada una.

Los informes de tesorería revelan que en los primeros cinco meses de este año, estas concesionarias pagaron al Municipio unos $200 mil. Sin embargo, explicó el alcalde, deben casi $400 mil, sin contar el 20% por morosidad que establece el acuerdo municipal de 2005.

La Tesorería Municipal tiene registradas 17 naves que extraen arena las 24 horas del día. Lo que no ha podido conocerse es cuántos metros cúbicos sustraen por día, así como el número de viajes que hacen, principalmente hacia Vacamonte para depositar la arena.

“Ellos [los dueños de las concesiones] nos envían un informe de metros cúbicos de arena sustraídos para justificar el pago que nos entregan, pero nosotros sabemos que no colocan el monto real, y cuando refutamos la cantidad nos dicen que no lograron sacar mucha arena porque había lama. ¿Quién les va a creer que van a perder un día de trabajo?”, cuestionó el funcionario.

“Si tuviéramos el sistema de GPS, se estaría cobrando más de un millón de dólares, pero estamos cobrando una tercera parte de la ganancia que se llevan estas empresas”, resaltó el alcalde.

Una de estas embarcaciones es Adelphia (en griego significa “hermanos”) que, según los datos del Municipio de Capira, pertenece a Servicios Transnacionales, sociedad anónima creada por la firma de abogados Ellis & Ellis y que tuvo a la joven Sue Ellen Scott como representante legal.

El nombre de Sue Hellen Scott cobró protagonismo en octubre de 2011, cuando una investigación de este diario reveló sus vínculos con las titulaciones de Juan Hombrón y con la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

Hoy, esta concesión que permite extraer 2 millones de metros cúbicos de arena al año y originalmente otorgada a Servicios Transnacionales, está en manos de otra empresa: Dragados del Pacífico.

Durante ocho meses de operaciones (julio 2011-febrero 2012), los dueños de esta concesión han pagado al Municipio de Capira unos $34 mil. Sin embargo, según cálculos del Municipio de Capira –basados en una mediana de 60 viajes por mes–, por ese período se deben pagar unos $57 mil.

Y a pesar de que el mes de marzo no ha sido pagado, el 5 de junio el Municipio de Capira recibió una carta firmada por Marcelino Ramos, en calidad de representante legal de Servicios Transnacionales, informando que no habían extraído arena en abril. Nada se dijo del mes de marzo.

Ramos (abogado que participó en el proceso de titulación de Juan Hombrón) también informó que ya no tenía la concesión, debido a que “cerramos operaciones”. Lo que no dijo Ramos es que la concesión había sido traspasada a la sociedad Dragados del Pacífico.

Otra de las sociedades en mora con el Municipio de Capira es Arenas y Construcciones, que desde febrero obtuvo en traspaso la concesión de la sociedad Extracciones Minerales, que también tiene como directora a Sue Hellen Scott.

Por su parte Tafelisa Corp., donde también aparece Sue Hellen Scott, solo pagó en enero y febrero.

“No nos atrevemos a mandarles cartas porque después tenemos más problemas con ellos y menos nos pagan”, comentó un funcionario del Municipio.

INCUMPLIMIENTO

De acuerdo con la Ley 32 de 1996, el alcalde del Municipio de la zona de extracción está facultado para sancionar, amonestar o multar a las empresas que incumplan las regulaciones.

El tesorero municipal también puede hacer inspecciones en las zonas de extracción, a los vehículos o los sitios donde se empleen los minerales.

Esta misma ley, que busca entre otras cosas adoptar medidas que conserven el equilibrio ecológico y garantizar el adecuado uso de los recursos minerales, establece que se debe formar una comisión consultiva de concesiones para las exploraciones y explotaciones de minerales no metálicos.

Esta comisión será presidida por el director provincial del Ministerio de Comercio e Industrias, e integrada por el alcalde del Municipio del área de la concesión; un representante de los grupos ecológicos; residentes del área en concesión; el director de la Autoridad Nacional del Ambiente; los directores provinciales de turismo; del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y el presidente del consejo municipal correspondiente.

Al menos en el caso de las concesiones areneras en Capira, esta comisión no existe.

realidad

Mientras las empresas concesionarias siguen con las extracciones y evadiendo el pago municipal, moradores de Capira, como Belarmino Bultrón, no tienen dinero para comprar una yarda de arena y construir su casa.

La humilde vivienda de madera y cinc que ocupa y que está a 10 minutos de la playa donde extraen millones de metros cúbicos de arena, está a punto de derrumbarse. “Llueve más adentro que afuera... tengo cinco hijos y todos están chicos, ellos necesitan una casa digna”, agregó Bultrón.

El lugareño asegura que el paisaje en la playa cambió. “Cada vez veo más barcos sacando arena, a cualquier hora, y nada puedo pedir para la casa de mis hijos”.

En contraste, cerca del área de descanso de los pescadores, avanza una estructura que utiliza arena del lugar sin permiso. Ni los lugareños ni las autoridades municipales saben a quién pertenece. “Lo único que sabemos es que es una pareja de esposos abogados”, comentó un pescador.

Por ahora, el Municipio de Capira espera pasivamente el pago de los impuestos, mientras cientos de camiones areneros entran y salen constantemente del puerto de Vacamonte, cargados de la fina arena capireña.

Concesiones, cuestión de influencias

A las concesiones para la extracción de arena submarina en manos de sociedades anónimas vinculadas a la familia Papadimitriu, se suman otras pertenecientes a personas cercanas al actual gobierno.

Es el caso de la sociedad anónima Agregados y Minerales, que tiene como secretario a Felipe Pipo Virzi, familiar del presidente, Ricardo Martinelli, quien el 17 de diciembre de 2007 pidió una concesión para extraer arena continental en una zona de 200 hectáreas en Antón, Coclé. En ese momento no tuvo suerte.

Sin embargo, el panorama cambió tres años después, en enero de 2010, cuando el entonces ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, otorgó la concesión por 10 años prorrogables.

De Virzi también es la concesión para extraer arena submarina en 68 hectáreas en Cermeño, otorgada en 1995 a la sociedad Agro Ganadera San Marcos. El 15 de diciembre de 2009, Virzi solicitó una prórroga a su contrato que fue rechazada por Henríquez, tal como se informó en la Gaceta Oficial del 25 de marzo de 2010.

Henríquez argumentó que Agro Ganadera San Marcos no había pagado los cánones superficiales y municipales, y que no constaba en archivos la entrega de los informes anuales sobre exploración y explotación de la zona cedida.

Sin embargo, el 16 de diciembre de ese año Henríquez cambió de opinión y aprobó la prórroga.

A pesar del beneficio otorgado a Agro Ganadera San Marcos, un informe del Municipio de Capira revela que esta empresa realizó un pago, en enero de este año, pero omitió saldar el 20% de morosidad que exige un acuerdo municipal de 2005.

A la lista de favorecidos se suma Panalem Internacional, S.A., que logró en febrero de 2009 una extensión al contrato para extraer arena submarina en 300 hectáreas en Cermeño.

Esta sociedad es presidida por Rafael Alemán Mendoza, hermano del diputado Francisco Pancho Alemán, quien recientemente abandonó el Partido Arnulfista para sumarse al oficialista Cambio Democrático.

Esta compañía también deposita la arena en Vacamonte, donde se encuentra la arenera Celymar, de los hermanos Alemán.

Celymar está en Vacamonte, al lado de Construcciones Oeste, sociedad anónima presidida por Erasmo Ábrego, quien formó parte de la directiva de la empresa Deli Fish, perteneciente a la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

¿Es la cercanía al poder la causa de la morosidad que mantienen estas empresas con los municipios donde están las concesiones?

Lo cierto es que informes de la Tesorería del Municipio de Capira dejan en evidencia la deuda de las empresas.

La ya citada Panalem, por ejemplo, se mantiene morosa al mes de mayo, mientras que las empresas ligadas a la familia Papadimitriu –Dragados del Pacífico (Servicios Transnacionales), Tafelisa Corp. y Extracciones Minerales– también le adeudan al Municipio capireño.

Ereida Prieto-Barreiro

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