Ayú Prado, envuelto en casos polémicos

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José Ayú Prado fue nombrado procurador y magistrado de la Corte Suprema de Justicia por el expresidente Ricardo Martinelli. Actualmente, Ayú Prado es presidente de la máxima corporación de justicia. José Ayú Prado fue nombrado procurador y magistrado de la Corte Suprema de Justicia por el expresidente Ricardo Martinelli. Actualmente, Ayú Prado es presidente de la máxima corporación de justicia.

José Ayú Prado fue nombrado procurador y magistrado de la Corte Suprema de Justicia por el expresidente Ricardo Martinelli. Actualmente, Ayú Prado es presidente de la máxima corporación de justicia.

Anabelle Villamonte fue acusada por el caso de Paitilla y Juan Hombrón, pero no fue condenada. Anabelle Villamonte fue acusada por el caso de Paitilla y Juan Hombrón, pero no fue condenada.

Anabelle Villamonte fue acusada por el caso de Paitilla y Juan Hombrón, pero no fue condenada.

José Ayú Prado, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, no solo es el magistrado con más denuncias penales (12) en su contra. Su ascenso de fiscal superior a procurador de la Nación y luego a magistrado de la Corte, se dio tras ser partícipe de las investigaciones de escándalos de corrupción que se dieron en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Ayú Prado intervino en casos como el del terreno de Paitilla, Juan Hombrón y Financial Pacific.

La ruta de un polémico ascenso

El ascenso profesional de José Ayú Prado en los últimos seis años está ligado a escándalos en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, quien lo nombró como procurador general de la Nación y luego como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ayú Prado –que comenzó su trayectoria en 1984 como oficial mayor en una fiscalía– era fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada en 2009, año en que Martinelli se estrenó como presidente de la República.

En diciembre de 2010, el exmandatario lo designó procurador y luego, a partir de enero de 2013, magistrado de la Sala Penal de la CSJ. Tan solo un año más tarde, fue elegido presidente de ese órgano del Estado.

Primero en la Procuraduría General de la Nación y luego en la CSJ, Ayú Prado ha tenido participación en casos de supuesta corrupción que salpicaron el gobierno de Martinelli. La mayoría terminaron archivados y nunca se castigó a nadie.

El actual presidente de la CSJ es el magistrado con más denuncias penales en su contra: tiene 12, según un reciente informe de la Asamblea Nacional.

UN TERRENO NO SEGURO

En agosto de 2011 trascendió que el florista César Segura obtuvo la cesión gratuita de un relleno en Punta Paitilla, valorado en más de $11 millones.

Segura traspasó la tierra a una sociedad anónima de la que él mismo es dignatario, aunque vinculada con los empresarios Gabriel Btesh y Felipe Virzi, amigos cercanos de Martinelli.

Ayú Prado, que entonces era procurador, abrió de oficio la investigación. Acusó a Segura, a la entonces directora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Anabelle Villamonte, y a Francisco Pérez Ferreira, el abogado que constituyó la sociedad a la que Segura cedió el terreno.

Durante la investigación, según señaló recientemente Segura, estuvo dos semanas detenido y fue coaccionado y obligado a devolver el terreno al Estado, a cambio de su libertad.

Esto concuerda con los hechos, pues luego de la devolución del terreno, Segura y Pérez Ferreira fueron beneficiados con medidas cautelares de país por cárcel, concedidas por Ayú Prado.

Cuatro meses después, el caso pasó a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Lizzett Chevalier, quien en una audiencia preliminar, el 30 de mayo de 2012, pidió juicio para los tres acusados por peculado y falsificación.

No obstante, el Juzgado Tercero Penal archivó el caso y la decisión fue confirmada por el Segundo Tribunal el 21 de enero de 2013.

JUAN HOMBRÓN

Dos meses después de que estallara el escándalo del relleno de Paitilla, en octubre de 2011, se conoció la polémica titulación de 54 hectáreas de tierras costeras en las playas de Juan Hombrón, provincia de Coclé.

Las titulaciones, firmadas a favor de pescadores de la zona, fueron cedidas posteriormente a dos particulares y 12 sociedades anónimas, estas últimas vinculadas con los padres del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu. El despacho del procurador Ayú Prado inició la investigación de oficio el 17 de octubre de ese año. Y de nuevo acusó a Villamonte, esta vez junto con tres funcionarios de Anati y dos particulares, por la supuesta comisión de delitos contra el ambiente.

El expediente fue enviado por Ayú Prado a la fiscal quinta de circuito, Ruth Morcillo, que el 22 de mayo solicitó el llamamiento a juicio de los acusados.

Adolfo Mejía, juez tercero de circuito en ese entonces, dictó un sobreseimiento definitivo el 14 de junio de 2012 y el Segundo Tribunal, con ponencia del magistrado suplente Secundino Mendieta, confirmó el archivo el 28 de febrero de 2013.

El caso quedó impune. En este último fallo, el magistrado Luis Mario Carrasco emitió un salvamento de voto y opinó que el proceso debió ir a juicio.

El Estado recuperó las tierras por la vía de la expropiación sin indemnización, mediante un decreto ejecutivo expedido por Martinelli, el 12 de julio de 2012.

Luego de ese fallo, Mejía fue promovido como magistrado principal del Segundo Tribunal Superior.

Mendieta corrió suerte similar: también fue ascendido a magistrado principal del Segundo Tribunal y suplente en la Sala Civil de la CSJ.

NI RADARES NI CULPABLES

El 20 de diciembre de 2011, el dirigente del Partido Popular Orestes del Río presentó una denuncia contra el entonces ministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino por el supuesto pago de sobornos tras la compra de 19 radares a Selex, parte del conglomerado italiano Finmeccanica, valorados en $125 millones.

Un mes y 12 días después, el procurador Ayú Prado solicitó el sobreseimiento definitivo del caso.

Como Mulino era ministro, el caso fue procesado por el pleno de la CSJ, que el 22 de octubre de 2013 acogió la petición de archivo.

El ponente del fallo fue Gabriel Fernández, suplente de Ayú Prado, quien para esa fecha ya era magistrado.

Mientras que en Panamá se cerraba la investigación, en Italia ocurría lo contrario y avanzaba de la mano de fiscales de Roma. De hecho, el próximo 11 de junio el italiano Valter Lavítola y el ex director comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere deben enfrentar un juicio en el Tribunal de Roma al ser acusados de corrupción internacional en Panamá.

Pero resulta que los radares no detectan las lanchas rápidas que usan los narcotraficantes para transportar droga. Por ello, el presidente Juan Carlos Varela ordenó la suspensión del contrato con Selex el 5 de agosto pasado, hasta tanto la empresa ponga en funcionamiento los radares.

Además, el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, anunció el 2 de enero pasado que van a traducir una copia autenticada del expediente seguido en Italia por corrupción en la compra de helicópteros, 19 radares y un mapa digital por $250 millones. Este expediente será entregado a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell.

CONDENA A HERRERA

La ex candidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera fue condenada el 10 de octubre de 2013 a tres años de prisión por el Juzgado Primero Municipal, por divulgar correos electrónicos de Martinelli, en los que hablaba con Lavítola sobre la compra de equipos a Finmeccanica. Ocho días después, Martinelli dictó un decreto y le rebajó la totalidad de la pena. Pese a esto, la condena está pendiente de apelación.

Martinelli, como denunciante, nunca pisó el Ministerio Público. Rosendo Rivera, entonces abogado del exmandatario, contó posteriormente que Ayú Prado, como procurador, redactó las respuestas de un cuestionario que le envió la Fiscalía al exmandatario, como parte de una declaración que se incluyó en el expediente. Herrera es la única persona condenada en Panamá por el caso Finmeccanica.

FINANCIAL PACIFIC

El caso de la casa de valores Financial Pacific (FP) ocurrió en la recta final de la gestión de Ayú Prado como procurador. El 26 de julio de 2012, los directivos de FP West Valdés e Iván Clare denunciaron a su exasistente Mayte Pellegrini por supuesto desfalco.

Paralelamente, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) procedió contra los directivos de FP, a quienes acusó de estafa, falsedad y blanqueo de capitales, por un faltante de aproximadamente $12 millones.

En mayo de 2013, el Juzgado Decimosexto Penal archivó la acción contra los dos ejecutivos, a petición de la Fiscalía Tercera de Circuito.

Caso contrario ocurrió con la denuncia a Pellegrini, una de las 13 personas acusadas en ese expediente.

En una indagatoria, Pellegrini reveló la existencia de una cuenta secreta denominada High Spirit, que –según ella– era de Martinelli y se usaba para manipular las acciones de la empresa Minera Petaquilla en la bolsa de valores. Luego, Pellegrini (cuando tenía una detención preventiva) amplió su indagatoria y negó lo dicho sobre High Spirit.

No sería la primera vez que se retractaba, porque más tarde, en otra indagatoria, dijo que la cuenta de Martinelli sí existía y que la declaración en la que negó la vinculación del gobernante se la redactó el propio Ayú Prado, quien asegura, le prometió darle libertad.

Sumado a ello, Martinelli envió una carta a Ayú Prado en la que confirmó que tenía una cuenta en FP. Con la investigación en curso, el mandatario instruyó al entonces procurador para que la misiva no fuese usada con fines políticos.

Más tarde, el 20 de diciembre de 2012, Martinelli envió una segunda carta a Ayú Prado para que anexara a la investigación una certificación de FP que indicaba que ni él ni su familia tenían relación con la cuenta High Spirit.

A Financial Pacific también le sonreía la suerte por los lares de la CSJ.

El 8 de noviembre de 2012, Alejandro Moncada Luna –exmagistrado designado por Martinelli y quien entonces presidía la CSJ– admitió un amparo de garantías que suspendió la intervención de la SMV a la casa de valores.

Sin el estorbo de la SMV, Clare y Valdés recuperaron el control de FP y vendieron la empresa. Posteriormente, desistieron del amparo de garantías, que Moncada Luna nunca resolvió, aunque legalmente tenía un plazo de 48 horas para hacerlo.

EL JUEZ ACOSADO

El 19 de marzo de 2014, Alexis Ballesteros, entonces juez cuarto penal, denunció públicamente haber sido presionado por sus superiores –los magistrados de la CSJ Ayú Prado y Moncada Luna, y Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz del Segundo Tribunal Superior– para fallar a favor de allegados de Martinelli.

Específicamente, Ballesteros dijo haber sido coaccionado para fallar contrario en derecho en tres casos: el de Balbina Herrera; otro que involucra a un familiar de Gabriel Btesh, y el del bloqueo a Corporación La Prensa por los trabajadores de Transcaribe Trading (TCT), un importante contratista del Gobierno anterior. TCT es propiedad de David Ochy, amigo de Martinelli.

Dos días después, el 21 de marzo, Ballesteros fue despedido y mientras se resolvía la reconsideración de su destitución renunció, casi obligado, por las presiones en su contra y las amenazas de muerte a sus familiares.

El 26 de marzo del año pasado, Ballesteros presentó una denuncia en la Asamblea contra los cuatro magistrados y el exadministrador de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah.

La denuncia de Ballesteros forma parte de los 51 procesos penales contra magistrados de la CSJ, pendientes de trámite en la Asamblea.

El exjuez cuarto penal amplió la denuncia el 13 de marzo de este año.

REACCIONES

Consultado sobre las acciones que lo ligan a los procesos señalados, Ayú Prado contestó a través de la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial: “cuando uno es fiscal, juez o magistrado, está prohibido que aplaudamos o censuremos, que nos defendamos y que expliquemos fallos”.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, dijo que no cuestiona la elección de Ayú Prado, pero “exige cárcel para los corruptos”.

“Ya estamos cansados de administradores de justicia que les tiembla la mano a la hora de tomar decisiones. La independencia se prueba también con actuaciones”, agregóÁlvarez.

A su vez, la exmagistrada de la CSJ Esmeralda Arosemena de Troitiño manifestó que “hay que hacer un cuestionamiento al sistema judicial sobre su principio básico de la independencia como garantía de los ciudadanos”.

Argumentó que se debe procurar que la justicia funcione para que la vida en democracia no sea una utopía. “Investigar, juzgar y sancionar es fundamental para todos los que, de una u otra forma, estén involucrados con la justicia”, advirtió.

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