La ruta de la reversión

El 25 de febrero de 1993 la Asamblea Nacional aprobó la Ley No. 5 “Por la cual se crea la Autoridad de la Región Interoceánica de Panamá (ARI) y se adoptan medidas sobre los bienes revertidos”.

La ARI fue creada con el objetivo fundamental de custodiar, aprovechar y administrar todos los bienes recibidos de manos de Estados Unidos para incorporarlos al desarrollo del país. Estos bienes los recuperó Panamá a raíz de la firma de los tratados canaleros de 1977.

En sus 12 años de funcionamiento, la ARI recibió 137 mil 127.74 hectáreas y 13 mil 868 propiedades entre viviendas, edificios e instalaciones.

La ARI generó ingresos por ventas y alquileres superiores a los 400 millones de dólares.

La ley que creó la entidad estableció que los ingresos generados por sus actividades debían pasar al Fondo Fiduciario para el Desarrollo y al Fondo Especial para Viviendas de Interés Social (Fevis).

Entre 1994 y 1999 se traspasaron más de 100 millones de dólares de los fondos de la ARI a los fondos especiales de desarrollo.

En julio de 1997 fue aprobado un instrumento clave para la planeación del desarrollo de las áreas revertidas: La Ley 21 de ese año, contentiva del Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal.

Entre 1999 y 2004 la ARI produjo 277 millones de dólares y aportó solo 28 millones a los fondos de desarrollo. Y en 2005, año hasta el cual estuvo vigente, envió 2 millones de dólares al Fondo de Inversión Social y al Fevis.

DIFICULTADES

En 2001, el entonces administrador de la ARI, Alfredo Arias, se quejaba de que los proyectos turísticos, industriales y comerciales de la ARI caminaban a paso lento, debido a las trabas burocráticas.

Un año después la Asamblea Nacional aprobó la venta de viviendas y la construcción de mejoras habitacionales en las áreas revertidas. En ese momento había más de 2 mil unidades de viviendas por vender en las áreas revertidas.

Una propuesta para que el área de Amador fuese considerada para uso mixto (residencial-turístico), fue descartada a finales de 2002 por la junta directiva de la ARI. Dicha iniciativa había creado alarma y preocupación entre los gremios empresariales y de la construcción. Amador sería destinado solo al sector turístico, tal como lo indicaba el Plan de Uso de Suelos del Área Revertida.

Para 2003, la ARI planteaba que ocho arrendatarios de Amador debían 1.57 millón de dólares en arriendos y otros cobros. De los nueve concesionarios que estaban legítimamente instalados en Amador, Fuerte Amador Resort & Marina, y Figali Internacional eran los arrendatarios que más debían a la ARI.

Pero los días de la ARI ya estaban contados. La institución dejaría de existir a partir de 2005. Y había incertidumbre sobre cómo se seguiría gestionando la adjudicación de los restantes bienes revertidos.

Una nueva administración, con Julio Ross a la cabeza, se hizo cargo en 2004 del último año de la ARI. Ross tomó una serie de medidas para disminuir la burocracia en la adjudicación de los bienes y en las contrataciones directas.

En junio de 2005, unas 66 empresas que operaban en las áreas revertidas estaban en deuda con la ARI por 651 mil 348 dólares. Más del 97% de la deuda correspondía a concesionarios con inversiones u operaciones en el sector del Pacífico.

En septiembre, a menos de 20 de días del cese de operaciones de la ARI, aún no había claridad sobre qué institución se haría cargo de dar continuidad a sus funciones. 36 mil hectáreas de terreno quedaban por vender, con un valor de más de 4 mil millones de dólares. La junta directiva de la institución había pedido que se prolongara su “vida” por dos años más.

Un mes más tarde, Julio Ross fue removido intempestivamente de su cargo. “Intenté administrar la ARI con parámetros gerenciales de primer mundo”, dijo. Entre tanto, se había creado una gran incertidumbre en torno a los trabajadores que quedarían cesantes.

EL CAMBIO

Para 2006 ya se había decidido la absorción de la ARI por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La mayoría de los trabajadores se quedó en sus puestos y se transfirieron los bienes a cargo de la antigua institución. La nueva entidad se llamaría Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).

Pero para finales de 2007, muchos de los problemas que arrastraba la ARI no se habían superado. Uno de los más notorios, el mantenimiento, se evidenciaba en el estado de deterioro y abandono de muchos inmuebles.

En 2008, las deudas de arrendatarios de predios revertidos sumaban más de 23.1 millones de dólares. El Estado tenía 154 arrendatarios en Albrook, Clayton, Balboa, Coco Solo, Davis, y otras áreas revertidas. Solo el 57% estaba al día.

En marzo de 2011, la UABR envió a la corregiduría de Ancón 27 órdenes de desalojo contra arrendatarios de viviendas ubicadas en las áreas revertidas, por estar morosos en los pagos correspondientes.

El Consejo de Gabinete autorizó al MEF, en junio de 2012, vender de forma individual, en bloque o lotificados los terrenos en manos del Estado localizados en Amador, Veracruz y Farfán. Según la propia UABR, en la actualidad hay 5 mil hectáreas en las áreas revertidas que “están esperando el desarrollo de proyectos”.

El trabajo actual de la UABR

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) del Ministerio de Economía y Finanzas se creó mediante el Decreto Ejecutivo No. 67 del 25 de mayo de 2006 y tras la recepción total de las áreas revertidas que antes ocuparon los estadounidenses en las áreas adyacentes al Canal de Panamá, continúa con la administración, custodia y mantenimiento de las que, aún sin uso, se promueven para su integración productiva al país, según informa en su sitio web.

La UABR promueve la inversión en las zonas aún por adjudicar y realiza subastas periódicas para asignar estos bienes.

Entre 2005 y 2010, el aporte al Fondo Fiduciario ha sido de 127 millones 717 mil dólares.

En la actualidad hay 12 propiedades que se encuentran a la venta entre las áreas revertidas del sector Pacífico. Y 13 propiedades en el Atlántico.

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