CORRUPCIÓN

Los ‘servicios’ de Mossack Fonseca en Colombia

La presidenta de una de las compañías más estables y de proyección económica, Servientrega, aparentemente se alió para cometer delitos.

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Antiguas oficinas en la ciudad de Panamá de la firma Mossack Fonseca, cuya labor en el vecino país tenía como propósito, según los investigadores, sacar recursos hacia cuentas ‘offshore’ para así ocultarlos. Archivo Antiguas oficinas en la ciudad de Panamá de la firma Mossack Fonseca, cuya labor en el vecino país tenía como propósito, según los investigadores, sacar recursos hacia cuentas ‘offshore’ para así ocultarlos. Archivo
Antiguas oficinas en la ciudad de Panamá de la firma Mossack Fonseca, cuya labor en el vecino país tenía como propósito, según los investigadores, sacar recursos hacia cuentas ‘offshore’ para así ocultarlos. Archivo

La firma panameña Mossack Fonseca (MF) “ofreció dentro de sus servicios, entre los años 2010 y 2016, un entramado financiero y societario, que tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior”, según afirma la fiscalía colombiana encargada de investigar este caso.

Dentro de esta trama, según reportó el diario El Espectador, fue capturado el pasado 4 de octubre, entre otros, el ecuatoriano Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia. La relación de Arellano con MF se remonta a 2007, año en que el bufete panameño inició sus operaciones en Quito, Ecuador, con cuatro representantes, incluido Arellano.

Informes al respecto indican que en ese entonces constituyeron la empresa Representaciones Molpadar, cuyo nombre comercial fue Mossack Fonseca & Co. Quito. Entre junio de 2006 y el 24 de junio de 2007, Arellano fue presidente ejecutivo de Andinatel. Luego fue enjuiciado por la fiscalía, que lo investigó por un presunto peculado y enriquecimiento ilícito.

Estos procesos se iniciaron con un informe de la Contraloría ecuatoriana sobre el patrimonio de Arellano. De sus declaraciones juramentadas se desprendió, según el organismo de control, que su patrimonio al final de su gestión en Andinatel supuestamente se incrementó en $106 mil 684, de forma injustificada. Este juicio penal terminó en 2014 con el archivo de la causa y la absolución de Arellano en la Corte de Quito.

Entre las personas detenidas también está la presidenta de la reconocida empresa colombiana Servientrega, Luz Mary Guerrero.

Guerrero es investigada por supuestas actividades ilegales que se habrían cometido desde MF, al parecer, para cometer delitos que afectaron la fe pública y patrimonios económicos de particulares. Según el ente investigador, los servicios ofrecidos por MF tenían como propósito sacar recursos de ese país sureño hacia cuentas offshore , para así poder ocultarlos.

De acuerdo con el ente investigador, Guerrero fue quien más movió dinero ilegalmente. Se calcula que $4.5 millones fueron a parar a sus cuentas personales en Panamá y Estados Unidos. Aunque, de momento, la fiscalía descarta un proceso de extinción de dominio a sus bienes. Otros detenidos son: Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Ltda. (Efecty) y Circulante S.A.; Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S.A.; y Martha Inés Moreno, contadora de Efectivo Ltda. y Circulante, S.A.

Entre las pruebas presentadas, la fiscalía hizo referencia a contratos que se habrían realizado para la citada refacturación. Uno de ellos correspondía al año 2013, por $360 mil, y se habría firmado entre Circulante S.A. y una compañía de Costa Rica, con el objeto de hacer una evaluación de la política de pagos. Objeto falso, asegura la fiscalía. “Ustedes manipulaban los contratos, decían qué nombre debía ir para cada empresa de las offshore”, dijo el fiscal, al señalar que ese pago se hizo en un lapso de seis meses, a través de seis facturas de $60 mil cada una.

Una vez se realizaba ese procedimiento financiero, MF descontaba un 3% de los dineros por su participación y les devolvía el resto del dinero a cuentas en el extranjero.

Por estos hechos la fiscalía le imputó cargos a Guerrero de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Sara Guavita y Sánchez Amado, inculpados por falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Marta Inés Moreno tendrá que responder por falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, mientras que Arellano Rumazo debe hacerle frente a los cargos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

(Con información de El Espectador y El Comercio)

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