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El sumario y el interés público

Sin el ojo vigilante de la prensa y la sociedad civil en Panamá no se estarían llevando a cabo las investigaciones contra la corrupción.

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El concepto corresponde a una visión muy individualista derivada del ejercicio procesal de la inquisición medieval. El concepto corresponde a una visión muy individualista derivada del ejercicio procesal de la inquisición medieval.

El concepto corresponde a una visión muy individualista derivada del ejercicio procesal de la inquisición medieval.

El sumario y el interés público El sumario y el interés público

El sumario y el interés público

“Art. 2040. No habrá reserva del sumario para los abogados y para las partes, quienes podrán enterarse del estado del proceso en cualquier momento. Siempre y cuando estén acreditados por escrito ante el respectivo despacho, los asistentes y voceros de los abogados también tendrán acceso al expediente. [...]”. Código Judicial de la República de Panamá.

La palabra sumario proviene del latín summarium que significa resumen o compilación. En materia judicial, el sumario es el conjunto de todas las actuaciones realizadas por un fiscal en preparación para probar la realización de un delito y la responsabilidad de las personas investigadas. El sumario también puede indicar que no se cometió el delito, o que las personas investigadas no son responsables del mismo.

La reserva del sumario se refiere muy concretamente a la noción de que los datos de la persona investigada y los hallazgos, documentos y testimonios solo sean de conocimiento de los participantes del proceso penal. La idea es proteger la presunción de inocencia y a la vez garantizar la efectividad de las acciones que vaya a realizar la fiscalía.

¿Y el interés público? El principio de reserva del sumario en realidad corresponde a una visión muy individualista derivado del ejercicio procesal del Santo Oficio (la Inquisición). Según esta perspectiva la investigación y las pruebas eran tan secretas que a veces el propio acusado las desconocía.

Con la Revolución Francesa se inicia una profunda reforma procesal en la cual se considera que el delito es un asunto exclusivo del Estado y del individuo. Solo en casos muy graves se utiliza a la sociedad como mecanismo de control en forma de jurados de conciencia.

La práctica anglosajona con su sistema de jueces y audiencias públicas tiene muy poco de reserva salvo en casos sumamente complejos como narcotráfico, terrorismo, espionaje y asuntos similares.

En el reciente escándalo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), la procuradora general de los Estados Unidos reveló la identidad de los detenidos y otros investigados, su presunto comportamiento, pruebas, evidencias y hasta el monto de los caudales de dinero que supuestamente fueron lavados en la banca norteamericana.

En Francia, con el caso del avión de Germanwings que fue estrellado por su copiloto en los Alpes franceses, los investigadores divulgaban periódicamente los hallazgos, los resultados de las pesquisas y hasta el contenido de las cajas negras.

El diario Clarín de Argentina viene publicando los resultados y contradicciones de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien investigaba a la presidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner. El periódico ha podido documentar las inconsistencias del expediente y ha buscado expertos independientes que opinen e ilustren a la opinión pública sobre este polémico caso.

El peruano José Ugaz, autor del libro Caiga quien caiga, ex procurador general de su país y a quien le correspondió investigar a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos, en gran parte tuvo éxito en su trabajo gracias a los medios de comunicación, que adelantaron investigaciones e incluso descubrieron líneas de análisis que eran desconocidas para las autoridades. Sin los medios no hubiera podido ser juzgado Fujimori.

Sin el ojo vigilante de los medios de comunicación y de la sociedad civil organizada, no se estarían realizando muchas de las investigaciones y procesos penales actualmente en Panamá. Esto tiene sus riesgos para una democracia como la nuestra, porque puede crear la percepción en la opinión pública de que tal o cual personalidad es culpable de algún delito, pero el Ministerio Público puede ser incapaz de probar los hechos, o simplemente los jueces pueden considerar que no existen actos delictivos o responsabilidad penal alguna.

¿Es el interés público más importante que la confidencialidad de las actuaciones de fiscales y abogados?

La propia Corte Suprema de Justicia de Panamá contestó este cuestionamiento en el fallo del 30 de abril de 1991, producto de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diario El Siglo. En esta decisión la Corte Suprema dijo: “En otras ocurrencias puede resultar que las investigaciones preliminares orienten más o menos hacia una ubicación de estos delincuentes y/o de los objetos utilizados y relacionados con el delito que se investiga, por lo que no sería pertinente adelantar ningún tipo de dato que brindara la oportunidad de que estas personas logren obtener información y quieran ocultar, transportar las pruebas que lo incriminen, cambiarse incluso de ubicación, en fin, realizar cualquier tipo de acción tendiente a hacer nugatorio el objeto del proceso penal. Lo que sí debe quedar claro es que en algún momento prudente de la investigación es posible comunicar a la comunidad el avance positivo o negativo de las investigaciones, sin redundar en mayores detalles que los que se consideran pertinentes, de modo tal que los asociados estén enterados genéricamente del curso de las pesquisas”.

Las tendencias más recientes en Panamá, van hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas, ya que por ejemplo, en la “Ley de Protección de las Víctimas del Delito” (Ley 31 de 1998), se establece el derecho de las víctimas de participar en los procesos penales y conocer todo lo actuado.

Igualmente, con la implementación del sistema penal acusatorio, como se vivió con el caso del magistrado Alejandro Moncada Luna, la realización de audiencias públicas hace muy abierto el acceso a la información de los procesos.

En los casos de peculado y de blanqueo de capitales proveniente de fondos públicos, todos tenemos el derecho y el deber de conocer lo que pasa y de velar por que se dé una acción fuerte contra la corrupción.

Mientras los defensores piden la reserva de la identidad de sus clientes, los fiscales y jueces tienen que exponer sus caras, en defensa del interés público y asumir enormes riesgos personales, profesionales y familiares. Simplemente no es justo que algunas de las personas más poderosas de esta sociedad puedan mantenerse en la sombra o evitar que se conozca el rastro de sus acciones, mientras el resto de la ciudadanía tiene que vivir con la impunidad y el legado de sus obras siniestras.

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