ANÁLISIS

Un testigo presencial de las entrevistas a los aspirantes a magistrados de la Corte

La Comisión Especial de Evaluación fue establecida en el año 2005 como parte del Pacto de Estado por la Justicia para entrevistar a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Ejecutivo da cinco días más a Comisión Evaluación para preparar informe

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La Comisión Especial de Evaluación ahora tiene que presentar el informe al presidente de la República, Laurentino Cortizo.Elysée Fernández La Comisión Especial de Evaluación ahora tiene que presentar el informe al presidente de la República, Laurentino Cortizo.Elysée Fernández
La Comisión Especial de Evaluación ahora tiene que presentar el informe al presidente de la República, Laurentino Cortizo.Elysée Fernández

El fin de semana pasado acudí al frío salón del Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración para escuchar a unos 20 juristas que expusieron su trayectoria de vida y su visión del derecho y de la justicia.

En 2005, debido al escándalo que produjeron las denuncias de ventas de fallos que denunció el entonces magistrado Adán Arnulfo Arjona, se creó el Pacto de Estado por la Justicia. Este espacio reconocía un rol mayor para la sociedad civil y formalizaba la evaluación de los aspirantes a magistrados por parte de una comisión evaluadora.

Las dimensiones de la crisis de la justicia entre los años 2009 y 2014 provocaron un mayor interés por el proceso de evaluación del 2015. Fue la primera vez que decenas de abogados y abogadas, dentro y fuera del sistema judicial, aplicaban para ser considerados como posibles magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El proceso fue sumamente científico, pero las fricciones entre el Colegio Nacional de Abogados y Movin opacaron lo que debió ser la regla de oro de las evaluaciones. En un frío salón del edificio de Postgrado de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), los aspirantes fueron entrevistados, contestaron un examen de desarrollo de sus especialidades, y tuvieron que enfrentar un test psicológico. Quizás si el presidente Juan Carlos Varela le hubiese hecho caso al orden de la lista de los 10 aspirantes recomendados, las dudas que provoca la justicia panameña no serían tan graves.

Varela escogió a Ángela Russo y a Cecilio Cedalise como magistrados. Su primera decisión, cuando llegaron a la Corte, fue proponer y apoyar con su voto a José Ayú Prado como presidente del Judicial. En los siguientes dos años se nombraron a más de 900 funcionarios judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de a dedo, sin concurso. Tres de ellos: Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara decidieron el caso penal más importante del siglo XXI en nuestro país. Declararon “no culpable” a Ricardo Martinelli.

Escuchar, en viva voz, a exfiscales, jueces, magistrados, litigantes y académicos exponiendo sus experiencias de vida, fue sumamente aleccionador. Todavía tenemos brillantes juristas, decentes y honestos, en el Ministerio Público y en el Órgano Judicial. La media hora que tenía cada uno para exponer se hacía sumamente corta. La realidad de la justicia panameña, que pintaban sus palabras, nos recordaba la gran deuda que tiene el Estado con el Órgano Judicial y el Ministerio Público. No es posible hacerle justicia al esfuerzo y sacrificio de quienes vendieron flores, limpiaron mesas, y asearon sanitarios para pagar sus estudios de derecho y hoy son reconocidos magistrados y jueces.

El proceso de evaluación es imperfecto, porque no hay el tiempo para desarrollar el pensamiento de cada aspirante, o para investigar su trayectoria. Los comisionados han hecho un trabajo extraordinario, demostrando un compromiso con Panamá muy valioso. El CoNEP, el Conato, el Consejo de Rectores, la Alianza Ciudadana pro Justicia, el Colegio Nacional de Abogados, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el asesor presidencial Harley Mitchell, el procurador de la Administración Rigoberto González y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Olmedo Arrocha, le dieron forma a una esperanza sobre la justicia panameña, que le corresponde al presidente Laurentino Cortizo consolidar.

Su administración designará seis magistrados principales a la Corte Suprema de Justicia, y a los nueve suplentes. Muchos talentosos miembros del Órgano Judicial no pueden convertirse en suplentes porque no pertenecen a la Carrera Judicial. Los nombramientos de Cortizo probablemente decidirán los casos de corrupción de alto perfil como Odebrecht y Blue Apple, y definirán la responsabilidad del Estado en millonarias demandas. Lo más importante es que serán los encargados de acabar con la impunidad o de confirmarla.

Es una lástima que el proceso no fue televisado o trasmitido por internet, ya que los panameños habríamos aprendido muchísimo de cómo funciona nuestra justicia. A futuro, este proceso se verá enrarecido, ya que originalmente el representante de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Diego Vásquez, no pudo participar por su edad por ser miembro de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Cuando cerró el proceso de evaluación, la Asamblea informó que su nuevo representante sería la diputada Zulay Rodríguez.

Ejecutivo da cinco días más a Comisión Evaluación para preparar informe

El Órgano Ejecutivo le concedió cinco días más a la Comisión Especial de Evaluación para que prepare el informe sobre los 124 aspirantes a magistrados principales y suplentes de la Corte Suprema de Justicia  (CSJ).

Así lo informó ayer el vocero de la comisión, Carlos Lee, quien dijo que el proceso de  entrevistas a los abogados que concluyó este martes  fue una oportunidad para hacer contacto e interpelar a los aspirantes y conocer su visión sobre  la administración de justicia.

Recordó que el Pacto de Estado por la Justicia surgió, precisamente,  a partir de  denuncias que hizo en 2005  el entonces magistrado  Adán Arnulfo Arjona sobre la venta de fallos, y de  la preocupación de la opinión pública sobre las influencias políticas en la   designación de los magistrados.

Hoy, dijo, la tarea de la comisión se desarrolló cuando “la situación de la  Corte Suprema de Justicia y la percepción de los ciudadanos es mucho más grave que en 2005”, lo cual, precisó, subrayó el  objetivo de  buscar a las personas que demuestren la mayor independencia de criterio para contribuir en el mejoramiento de la administración de justicia.

Agregó que los miembros de la comisión coincidieron en que los designados deben ser juristas con  conocimientos teóricos y técnicos de la sala a la que aspiran; con  suficiente independencia de criterio como para entender la situación del país. Por lo tanto, indicó que  se buscan  figuras que tengan un enfoque del problema de la justicia, con una visión de Estado.

“Queríamos encontrar cuáles de ellos [de los aspirantes]  tienen una visión del rol que juega la administración de justicia en un Estado en el que  la democracia está débil y que debe ser consolidada, precisamente, a través del ejercicio de una administración de justicia adecuada”, dijo.

La cifra  de aspirantes  fue 129. De ellos,  123 fueron entrevistados, 5 se retiraron y a 1  no se le contactó.

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