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La trama Odebrecht, revelada en 14 acuerdos

En un informe se detallan los hallazgos que sustentan la acusación.

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El último de los acuerdos de colaboración y de pena fue pactado con Carlos Ho, exjefe de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas. El último de los acuerdos de colaboración y de pena fue pactado con Carlos Ho, exjefe de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas.
El último de los acuerdos de colaboración y de pena fue pactado con Carlos Ho, exjefe de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas.

Los 14 acuerdos de colaboración y de pena suscritos hasta ahora por la Fiscalía Especial Anticorrupción y validados por el Juzgado Decimosegundo Penal, permitieron esclarecer la intrincada red de transacciones y esquemas de seguridad usados por Odebrecht para ocultar el pago de coimas en Panamá.

Así se desprende de un informe que la fiscal Especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, envió al Primer Tribunal Superior de Justicia, que debe atender un amparo de garantías constitucionales contra una decisión del juez Carrasquilla -avalada posteriormente por el Segundo Tribu nal Superior de Justicia- que le negó más tiempo para investigar.

En el informe se detallan aspectos de las declaraciones de algunos colaboradores, que describieron pagos a favor de sociedades ligadas a exfuncionarios y personajes como Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.

El último de los acuerdos de colaboración y de pena fue pactado con Carlos Ho, exjefe de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas. El acuerdo fue validado por el juez Carrasquilla el 16 de septiembre pasado.

Acuerdos dejaron al descubierto alcance de corrupción de Odebrecht

A través de los acuerdos de colaboración y de pena alcanzados por la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá, se lograron evidencias clave de la estructura operacional de la empresa.

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La trama Odebrecht, revelada en 14 acuerdos

Ello permitió llegar a los beneficiarios finales de los pagos, enmascarados en una teleraña de transacciones, y la recuperación de  $266 millones 836 mil 784.

Así lo deja claro un informe suministrado por el Ministerio Público a los magistrados del Primer Tribunal Superior de Justicia, quienes deben resolver un amparo de garantías constitucionales contra una decidión del juez Decimosegundo Penal, Óscar Carrasquilla -avalada posteriormente por el Segundo Tribunal Superior- de no conceder una nueva prórroga para culminar la investigación.

Los brasileños

Entre las colaboraciones más valiosas está la aportada por el brasileño André Luiz Campo Rabello, representante de Odebrecht en Panamá, cuya declaración permitió conocer la estructura financiera utilizada para hacer efectivos los pagos a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, para que agilizaran ciertos trámites en el gobierno de su padre Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), relacionados con los contratos y/o adendas de la fase II de la autopista Madden-Colón y del saneamiento de la Bahía. Esta misma estructura, según el documento, fue usada para solventar  problemas en otros proyectos en ejecución, como los contratos de la cinta costera, la línea 1 del Metro y la rehabilitación del Casco Antiguo.

La continuidad de la investigación está pendiente de un amparo de garantías presentado por la fiscalía ante el Primer Tribunal de Justicia, que está en manos de la magistrada Olga Rujano.

Este testimonio también dejó al descubierto los pagos hechos al panameñista Jaime Lasso, con la finalidad de que promoviera reuniones con el entonces diputado y presidente de la Asamblea Nacional, José Luis Varela, hermano del expresidente Juan Carlos Varela, que en esa fecha era vicepresidente de la República.

Exministros y firmas de abogados al descubierto

También queda dibujada la estructura  usada  para hacer pagos al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima y a Diamantis Papadimitriu, padre del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, así como a Jorge Espino, testaferro confeso del extitular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Jaime Ford.

El documento de la fiscalía también contiene detalles de los desembolsos a favor “de agentes públicos para la generación de dinero no contabilizado”, ligados a la firma de abogados Rosas y Rosas y al exdirector de Proyectos Especiales del MOP, Carlos Ho González. (Ver gráfica).

Otro acuerdo de colaboración eficaz destacado es el del operador de Odebrecht  Olivio Rodrigues Junior, quien dio testimonio sobre las cuentas bancarias de las sociedades Constructora Internacional del Sur y Select Engeenering & Consulting Corp., ambas utilizadas por Odebrecht para hacer los pagos ilegales. Igualmente, mencionó pagos a ejecutivos bancarios (Eduardo Patrao y Humberto De León) para “solventar cualquier obstáculo”, presumiblemente con los reguladores bancarios.

Tacla Durán, operador

Mientras que el acuerdo suscrito con Luis Eduardo Da Rocha Soares sirvió a la fiscalía para conocer la composición del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (tambien conocido como departamento de coimas o caja 2), que operaba desde el año 2006.

Soares fue quien precisó que Rodrigo Tacla Durán era un operador financiero que no trabajaba para Odebrecht, pero  ofreció sus servicios a los hijos del expresidente Martinelli.

Zuleyka Moore. Expandir Imagen
Zuleyka Moore.

"Los acuerdos de colaboración y pena alcanzados rindieron inumerables resultados sobre las estructuras usadas para el blanqueo de dinero”.

Más hallazgos

También se menciona la cooperación, a través de acuerdo de pena, ofrecida por Olmedo Méndez Tribaldos, quien admitió haber registrado una cuenta en la Banca Privada de Andorra con el nombre de Ralfim Limited, en la que se depositaron $3.2 millones procedentes de la cuenta de Aeon Group, sociedad creada para canalizar fondos de Odebrecht, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas . Ese dinero, según la fiscalía, estaba vinculado a la estructura ilícita de Odebrecht y tenía como beneficiario final al exministro Frank De Lima.

Gabriel Alvarado Far también llegó a un acuerdo de colaboración eficaz, el cual permitió identificar la estructura  usada en la Banca Privada de Andorra por los hermanos Martinelli Linares, usando la sociedad Aeon Group. Esto ayudó a los fiscales a recuperar $14.2 millones.

En el escrito enviado al Primer Tribunal Superior se menciona, además, el acuerdo de colaboración con pena alcanzado por Mauricio Cort y García, quien usó la cuenta de Cort Business Brokers, registrada en la Banca Privada de Andorra, para depositar dinero de Odebrecht, cuyo destinatario final era el exministro del MOP Federico Suárez.

También se mencionan los acuerdos de colaboración y de pena alcanzados con los banqueros Eduardo Patrao y Humberto De León, ambos relacionados con la apertura de cuentas en Credicorp Bank a personas ligadas a Odebrecht.

Fernando Migliaccio Da Silva también alcanzó un acuerdo de colaboración eficaz. Su testimonio dejó al descubierto  el sistema de comunicaciones encriptado  que manejaba Marcelo Odebrecht para que la información fuera “compartimentada” (es decir, que un empleado no supiera lo que hacía el otro).

También entregó una hoja de cálculo  con fechas y montos, referente a créditos en cuentas bancarias controladas por el sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, “que tenían como origen las obras hechas en Panamá”.

Uno de los últimos acuerdos de pena fue el alcanzado con Raúl de Saint Malo, con el cual se pudieron ubicar bienes adquiridos  a través de transferencias bancarias que justificaron el pago ilícito a los hermanos  Martinelli Linares.

Con esta información se pudo aprehender  un helicóptero y dos barcos.

Recursos dilatorios

La fiscalía advierte que se han presentado acciones judiciales que han “ralentizado” las pesquisas: 184 incidencias legales (de controversia, de prescripción, de nulidad, etc.), 14 amparos de garantías constitucionales y la invocación de, al menos, 10 fueros penales electorales.

Solo el amparo presentado a favor de los hermanos Martinelli Linares contra la petición de la fiscalía de analizar sus cuentas bancarias mantuvo la investigación detenida por seis meses y 25 días.

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