Análisis

La trascendencia legal de los llamados Vareleaks

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Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela.
Juan Carlos Varela. Archivo

En Panamá no pueden ser admitidas como pruebas las evidencias obtenidas ilegalmente. Este principio jurídico excluye las filtraciones de las comunicaciones personales del expresidente Juan Carlos Varela como evidencia para cualquier caso judicial.

No obstante, y más allá del morbo que acompaña este tipo de revelaciones, las filtraciones de los intercambios de mensajes entre el expresidente y otros altos funcionarios, e incluso dignatarios de gobiernos extranjeros, tienen consecuencias legales. Existen dos cursos que pueden tomar las investigaciones: el contenido de los mensajes y la probable interceptación ilegal de las comunicaciones del exmandatario.

Respecto al contenido de los mensajes, este no puede ser utilizado como evidencia ante un tribunal, pero sí puede ser notitia criminis de conductas que, de ser comprobadas, indicarían que se ha cometido un delito.

Es importante entender que, aunque se esté en presencia de mensajes que sean totalmente ciertos y libres de manipulación, los mensajes son en muchas ocasiones una parte de un hecho. Se puede asumir que lo dicho en el mensaje es cierto y que, además, las personas actuaron como dijeron que lo harían, y solo si sus acciones fueran ilegales se habría cometido un delito.

Para darle sentido cotidiano, el lector solo debe pensar en las mentiras que se le dicen a los cobradores, las medias verdades que comparten las personas en una relación romántica o que, incluso, habiendo dicho algo, nunca hubo la intención de realizarlo.

“Del dicho al hecho, hay mucho trecho”, dice un viejo refrán español.Con respecto a las presuntas interceptaciones de comunicaciones de forma ilegal, este asunto es un tema de particular importancia. Independientemente del grado de aprecio que se le dispense al expresidente de la República, las comunicaciones presuntamente interceptadas fueron realizadas contra el jefe del Estado panameño en funciones.

Eso es un delito grave. De darse una afectación a los intereses del Estado panameño por las revelaciones de conversaciones diplomáticas, o de gestiones gubernamentales, la responsabilidad aumenta. Vale la pena aclarar que la Ley 22 de 2005 le garantiza a los periodistas y a medios de comunicación el derecho al anonimato de sus fuentes.

Esto, por extensión, sería aplicable a quienes divulgan los materiales contenidos en el sitio web de los Varelaleaks.El peligro de estas presuntas interceptaciones de comunicaciones es que puedan continuar en la actualidad y que lleguemos a tener Nitoleaks, Ayuleaks, Iglesialeaks y, así, hasta el infinito.

Las interceptaciones se prestan para chantajear a funcionarios por temas de su vida privada, como adulterio, identidad sexual, adicciones u otros asuntos que pueden ser objeto de una extorsión.

El resultado sería que el alto funcionario del Estado panameño podría ser víctima de presiones indebidas para procurar beneficios a grupos del crimen organizado o facilitar ventajas empresariales a los afortunados con acceso a las filtraciones.

Los estamentos de seguridad pública del Estado panameño tienen la capacidad, por medio de la cooperación internacional, de rastrear rápidamente el origen de las filtraciones. Gobiernos como los de Israel y Estados Unidos tienen la capacidad tecnológica y las relaciones de cooperación con el Estado panameño para ayudar en estas pesquisas.

El gran problema que causan estas revelaciones es el de deslegitimar a las instituciones políticas panameñas, y afecta duramente la credibilidad de la procuradora General de la Nación, Kenia Porcell.

Aunque los mensajes referentes a ella fueran falsos o manipulados, se ha creado un velo de sospecha que la afecta. Las investigaciones de los Varelaleaks no las puede encabezar ella, de manera simple y directa, por su vinculación como víctima y como posible sujeto activo de algunas conductas reprochables. Aunque la procuradora cuente con la presunción de inocencia, las filtraciones le hacen mucho daño a su imagen.

Frente a los Varelaleaks, debe haber cautela ciudadana y una respuesta mesurada de parte del gobierno porque, a diferencia de otras filtraciones políticas internacionales, esta parece dirigida a conseguir un objetivo propagandístico y de intimidación. En otras palabras, los Varelaleaks bien pueden ser la secuela de los pinchazos.

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