‘CONSTITUCIÓN’

La travesía de la reforma: de la protesta en las calles a la propuesta en el pleno

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El pasado 13 de noviembre, Ricardo Beteta, de la Asociación de Hombres y Mujeres nuevos, hizo un recorrido por la lucha de la población LGBTI, en la Asamblea Nacional. Agustín Herrera El pasado 13 de noviembre, Ricardo Beteta, de la Asociación de Hombres y Mujeres nuevos, hizo un recorrido por la lucha de la población LGBTI, en la Asamblea Nacional. Agustín Herrera
El pasado 13 de noviembre, Ricardo Beteta, de la Asociación de Hombres y Mujeres nuevos, hizo un recorrido por la lucha de la población LGBTI, en la Asamblea Nacional. Agustín Herrera

Al menos 64 personas, entre estudiantes universitarios y representantes de organizaciones, han pasado por la Asamblea Nacional este mes, en un ejercicio ciudadano a propósito de su rechazo a la propuesta de reformas a la Constitución.

El 20 de noviembre tendrá lugar el tercer diálogo previsto. Hasta ahora, la mayoría de los participantes ha hecho énfasis en que no es “negociable” el retiro del proyecto. Sin embargo, no hay indicios de que el Legislativo y el Ejecutivo estén pensando en hacerlo.

El presidente Laurentino Cortizo impulsó el diálogo y propuso modificaciones al proyecto aprobado, entre ellas, eliminar los artículos que propiciaron las protestas de finales de octubre, con los cuales los diputados tratan de asegurarse más facultades y poder.

Echar atrás las reformas no está en la agenda

Sacar el paquete de reformas constitucionales  del pleno legislativo es una opción que parece no estar en el radar de los órganos Legislativo y Ejecutivo.

En las últimas semanas, los llamados al “diálogo”, tanto del presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, como del presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, han sido reiterativos, de cara a modificar el proyecto de acto constitucional que fue aprobado en tercer debate, en octubre pasado, durante la primera legislatura de la Asamblea.

Solo el pasado miércoles, al ser abordado sobre el retiro de la propuesta, Castillero manifestó que “la población tiene dos opciones: dejar la misma Constitución que tenemos o [apoyar] una reforma constitucional. Las personas van a decidir en el mes que se haga el referéndum, aprobar o no aprobar las reformas”.

Cortizo, en tanto, ya ha dicho que no es partidario de que la Carta Magna se quede como está. De hecho, tras las críticas surgidas por los artículos introducidos por los diputados, fue el primero en manifestar: “hay dos vías: una [es] quedarnos con la actual Constitución, y [la] otra es hacer el esfuerzo de mejorarla, y no solamente en fortalecimiento a la institucionalidad, sino también mirar hacia las comunidades que se nos han quedado atrás”.

Ejecutivo

El pasado miércoles, cuando Castillero atendía la segunda jornada de diálogo en el pleno, Cortizo hacía lo propio en el Palacio de las Garzas.

Un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado informó que se reunió –durante cuatro horas– con 75 representantes de 30 organizaciones que hacen vida en universidades y escuelas secundarias, así como de la sociedad civil. Durante ese encuentro les presentó las sugerencias que está integrando al paquete de reformas aprobado y que presentará a la Asamblea en enero de 2020, cuando inicie el primer período de sesiones ordinarias del año, y debe retomarse el proyecto.

Hace ocho días, luego de casi dos semanas de protestas en la Plaza 5 de Mayo, el mandatario hizo públicas 19 modificaciones que propone incluir en el proyecto de acto constitucional. También planteó eliminar cuatro artículos –aquellos en los que el Legislativo se arrogaba nuevas atribuciones– e incluir uno nuevo.

Entre las atribuciones que los diputados otorgaron a la Asamblea en el paquete de reformas aprobado y que Cortizo pide eliminar están: aumentar las erogaciones en el proyecto de presupuesto general del Estado, así como la estimación de los ingresos; la posibilidad de cesar a un ministro de Estado a través del voto de censura, y la potestad de nombrar un fiscal especial superior para que investigue a los procuradores.

Asamblea

En noviembre, por el pleno legislativo ya han pasado 64 jóvenes, entre estudiantes universitarios y representantes de diferentes organizaciones, quienes han planteado quejas, han hecho llamados de atención a las autoridades del país y han manifestado preocupación por su futuro, frente a la crisis del sistema educativo, de los desafíos medioambientales, entre otros aspectos.

También hablaron de elevar a rango constitucional el deporte y la educación, y de permitir que sea la Corte Suprema de Justicia la que decida sobre el matrimonio igualitario.

Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales –instancia que efectuó las consultas nacionales sobre el paquete de reformas elaborado originalmente por el Consejo de la Concertación Nacional–, manifestó que todas las inquietudes están siendo recopiladas. “Se está haciendo una memoria con todo lo que han hablado los jóvenes y los representantes de organizaciones para tomarlas en cuenta, ya sea para ajustes a la Carta Magna o leyes”, aseguró Ávila.

Manifestantes

El Ejecutivo cumplió con una de las peticiones del grupo de manifestantes que se mantuvo por dos semanas en la calle: que se archivaran los expedientes de los 93 ciudadanos que fueron aprehendidos en las protestas del 30 y 31 de octubre.

La segunda petición de los jóvenes es que se retire el proyecto y aseguran que no es “negociable”.

Ileana Corea, miembro del grupo Pensamiento y Acción Transformadora de la Universidad de Panamá, dijo a este medio que seguirá asistiendo al diálogo en la Asamblea. Aseguró, empero, que se mantiene en su posición de que se retire el proyecto de acto constitucional, ya que el Consejo de la Concertación no es “un espacio representativo para el pueblo panameño”. “Lo que proponemos es que las reformas sean sacadas y luego discutamos cuál debe ser el espacio e instrumento que el pueblo va a utilizar para trabajar lo concerniente a la Constitución, es decir, que sean los panameños los que digan si el tema se va a abordar mediante una constituyente o mesa de diálogo”.

¿Cómo se llevaría a cabo ese procedimiento para encontrar la vía para reformar la Constitución?

Corea señala que es responsabilidad del Ejecutivo llamar a todas las organizaciones que representan al “pueblo”, para sentarse a dialogar sobre cuál debe ser la forma. Añadió que no asistirán a los llamados “talleres de diálogo” planteados por el Ejecutivo junto al Consejo de la Concertación.

Se trata de una opción de diálogo anunciada por Cortizo el día que divulgó sus propuestas de modificación al paquete de reformas constitucionales, el pasado 9 de noviembre, durante una rueda de prensa desarrollada en conjunto con el Consejo de la Concertación.

Karla Boza, estudiante de derecho de la Universidad Santa María la Antigua, manifestó su rechazo. “No al paquete de reformas, porque favorece a algunas minorías, mientras que desfavorece al resto de nosotros. No vamos a ir a una Concertación Nacional, porque no tiene las facultades, no es legítima y es excluyente”, dijo.

El próximo miércoles tendrá lugar el tercer diálogo por las reformas en el Legislativo.

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