OPINIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Un triunfo para las minorías sexuales

Los Estados que no garanticen el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo deberán asegurarse de que no sean discriminados.

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El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que es deber de los países asegurar que la legislación no resulte discriminatoria con las formas no tradicionales de unión. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que es deber de los países asegurar que la legislación no resulte discriminatoria con las formas no tradicionales de unión.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que es deber de los países asegurar que la legislación no resulte discriminatoria con las formas no tradicionales de unión.

En la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responde consultas de Costa Rica relacionadas con la identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, la Corte recuerda que diversos Estados de la región han tomando acciones legislativas, administrativas y judiciales para garantizar los derechos de parejas del mismo sexo. Entre esos mecanismos mencionan el reconocimiento de la unión civil o de hecho, y el matrimonio igualitario.

Con ello, Roberto Caldas, Eduardo Ferrer, Eduardo Vio Grossi, Humberto Sierra, Elizabeth Odio Benito, Eugenio Raúl Zaffaroni y Patricio Pazmiño, los siete magistrados que conforman el tribunal, le responden al país vecino la pregunta acerca de los mecanismos con los que un Estado podría proteger las familias diversas.

La opinión recuerda que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que es deber de los países asegurar que la legislación no resulte discriminatoria con las formas no tradicionales de unión. Advierten que las diferencias de trato al otorgar prestaciones por jubilación a una pareja del mismo sexo constituyen una violación del derecho a estar libre de discriminación.

En 2015, dicen, 34 naciones ofrecían a estas parejas la posibilidad de contraer matrimonio o de establecer una unión civil, con varias de las prestaciones y los derechos del matrimonio. Mencionan el caso Karner versus Austria que dirimió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual se reconoció el derecho que tiene el conviviente sobreviviente de una pareja del mismo sexo a no ser despojado de la vivienda en calidad de sucesor de la tenencia del inmueble.

Citan artículos del convenio europeo que destacan que no son admisibles distinciones basadas en la orientación sexual de las parejas para permitirles el acceso a seguros de salud de los cónyuges no asegurados.

Aluden, además, a la figura “sociedad de convivencia” de la ciudad de México. A nivel federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ese país declaró en 2015 que la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer “es inconstitucional”.

En Uruguay, recuerdan, desde 2007 existe una ley sobre la unión concubinaria que se aplica a las parejas del mismo sexo. Esta incluye como beneficiarios de la pensión de sobrevivencia a las personas que hubieran mantenido una convivencia ininterrumpida, sin importar su sexo, identidad, orientación u opción sexual.

A partir de esos ejemplos, y de muchos casos más, la Corte concluye que hay medidas administrativas, judiciales y legislativas de diversa índole que pueden ser adoptadas por los Estados para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo.

“Si un Estado decide que para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, y por ende, opta por extender las instituciones existentes a las parejas compuestas por personas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio, de conformidad (...) tal reconocimiento implicaría que esas figuras extendidas estarían protegidas por los artículos 11.2 y 17 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos”, dice el documento.

La Corte también advierte que la falta de consenso en algunos países respecto al respeto pleno de los derechos de las minorías sexuales “no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido”.

Los jueces señalan que del principio de la dignidad humana deriva la plena autonomía de la persona para escoger con quién quiere sostener un vínculo permanente y marital, ya sea natural (unión de hecho) o solemne (matrimonio). “Esta elección libre y autónoma forma parte de la dignidad de cada persona y es intrínseca a los aspectos más íntimos y relevantes de su identidad y proyecto de vida (...)”.

Advierten a los Estados que aún no garantizan a las personas del mismo sexo el derecho al matrimonio, que están obligados a no violar las normas que prohíben la discriminación de esas personas, y que deben asegurarles los mismos derechos derivados del matrimonio, porque se debe entender que “siempre se trata de una situación transitoria”.

PANAMÁ NO RESPONDIÓ

La sentencia consigna que mediante notas del 12 de agosto de 2016, la Secretaría de la Corte consultó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, entre otras instituciones, sobre el tema, y que recibieron observaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Uruguay y Panamá.

Este medio consultó a la Cancillería panameña sobre el contenido de lo que respondió a la Corte y dijeron que el país presentó una carta diciendo que no tenía posición. “Al momento de la consulta, Panamá como Estado no presentó una posición en vista [de] que no tiene una legislación que contemplara el tema y su aporte no sería sustancioso de cara a lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos requiere”.

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Tomado de Internet

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