CASO ODEBRECHT

‘No se violaron derechos a Martinelli Linares’: CSJ

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El pleno de la Corte concluyó que no se violaron garantías constitucionales ni el debido proceso. El pleno de la Corte concluyó que no se violaron garantías constitucionales ni el debido proceso.
El pleno de la Corte concluyó que no se violaron garantías constitucionales ni el debido proceso. Archivo

El pleno de la Corte Suprema de Justicia concluyó que no se violaron garantías constitucionales ni el debido proceso a Ricardo Alberto Martinelli Linares –hijo del expresidente Ricardo Martinelli–, como parte de la investigación que se le sigue por los sobornos que pagó la constructora Odebrecht en Panamá.

Los magistrados de la Corte llegaron a dicha conclusión al rechazar en agosto pasado un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la defensa de Martinelli Linares.

Carlos Carrillo, abogado del hijo del exgobernante, atacó una decisión del Juzgado Duodécimo Penal, que aceptó incorporar al Ministerio de Seguridad Pública como querellante en el proceso de los sobornos.

Carrillo alegó que el Ministerio de Seguridad Pública no puede tener la calidad de querellante en este caso, ya que en la conducta penal investigada no existe una lesión contra bienes del Estado.

Primero, Carrillo presentó un amparo de garantías constitucionales ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, que lo rechazó. Luego, apeló ante el pleno de la Corte.

Martinelli Linares, que no ha comparecido personalmente ante el proceso y tiene paradero desconocido, es investigado junto a otras 80 personas. Las autoridades panameñas gestionan su extradición ante el gobierno de Estados Unidos, donde se supone que reside.

CSJ: no se violó el debido proceso a Martinelli Linares

El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Ricardo Alberto Martinelli Linares –hijo del expresidente Ricardo Martinelli–, como parte del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso de las coimas pagadas por la constructora Odebrecht.

El amparo, interpuesto por el abogado Carlos Carrillo en representación de Martinelli Linares, atacaba una decisión del Juzgado Duodécimo de lo Penal, que admitió como querellante en el proceso al Ministerio de Seguridad Pública.

En el fallo, que tiene fecha del pasado 19 de agosto y ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, la Corte concluyó que en este caso no se ha violentado ninguna norma de carácter constitucional ni existe una violación al debido proceso.

Asimismo, que al pleno no le está permitido examinar la decisión adoptada por el juez de la causa en el ejercicio de sus funciones y que, de hacerlo, estaría excediendo su facultad constitucional.

Los magistrados alegaron que la interpretación y aplicación de la ley corresponde al juez que ejerce el trámite del proceso y que la Corte solo puede intervenir en circunstancias excepcionales, cuando se ha violado un derecho o garantía constitucional por razón de una sentencia arbitraria o en una en la que se haya realizado una deficiente motivación o argumentación.

Carrillo, como abogado de Martinelli Linares, había presentado el amparo inicialmente ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, que se lo rechazó y, por lo tanto, apeló ante la Corte Suprema de Justicia.

Según Carrillo, el Ministerio de Seguridad Pública no puede tener la calidad de querellante, ya que en la conducta penal investigada no existe una lesión contra bienes del Estado.

Martinelli Linares, quien no ha comparecido personalmente ante el proceso, es investigado junto a otras 80 personas por presunto blanqueo de capitales, relacionado con el pago de sobornos por parte de Odebrecht para conseguir proyectos de infraestructura con el Estado panameño.

Como parte del caso, el Ministerio Público gestiona su extradición ante el gobierno de Estados Unidos, donde se supone que reside.

La investigación del Ministerio Público

Ricardo Alberto Martinelli Linares es investigado junto con otras 80 personas por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó en Panamá para conseguir contratos con el Estado.

El caso es por presunto blanqueo de capitales.

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