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La violencia doméstica, un delito de gran prevalencia en el país

Las autoridades coinciden en la necesidad de utilizar nuevas tecnologías –ya aplicadas en otros países–, como medida de protección a las víctimas.

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Las autoridades coinciden en la necesidad de utilizar nuevas tecnologías. Las autoridades coinciden en la necesidad de utilizar nuevas tecnologías.
Las autoridades coinciden en la necesidad de utilizar nuevas tecnologías. LA PRENSA

La violencia doméstica es uno de los delitos con mayor prevalencia a lo largo y ancho del territorio nacional, que afecta no solo a mujeres y niños, sino también a hombres, y cuyas secuelas pueden permanecer durante años con las víctimas.

Así lo confirmó a este diario la fiscal superior de la sección de Familia del Ministerio Público, Katya Meléndez, quien detalló que su despacho recibe un promedio de entre 350 y 420 casos cada mes, algunos de los cuales son muy delicados por el grado de violencia al que se ven sometidas las víctimas.

De acuerdo con Meléndez, la violencia doméstica es la antesala del feminicidio, porque se inicia como un acto de violencia sicológica y verbal, pasa a la agresión física y luego a la violencia generalizada: que incluye golpes y maltrato constante.

Katya Meléndez, fiscal superior de la sección de Familia del Ministerio Público. Expandir Imagen
Katya Meléndez, fiscal superior de la sección de Familia del Ministerio Público.

Estadísticas del Ministerio Público revelan que entre enero y agosto de este año fueron presentadas 11 mil 573 denuncias por casos de violencia doméstica a nivel nacional, mientras que en el mismo periodo de 2018 hubo 10 mil 583 casos registrados.

Las cifras anteriores dan cuenta de un aumento de 990 casos o 9.3% entre 2018 y 2019.

En este sentido, la fiscal Meléndez reconoció que hay un ligero repunte en las estadísticas y que por tanto es necesario tomar conciencia de que la violencia no resuelve los problemas.

La funcionaria dijo que estos casos llegan al Ministerio Público por denuncias de las víctimas, de terceras personas o de oficio.

Recalcó que el primer paso en estos casos es garantizar la protección de la víctima, que en el 80% de los casos son mujeres, por lo que se aplica una medida para sacar al agresor de la residencia, ya sea a través de una boleta de alejamiento o mediante detención provisional, para evitar nuevas agresiones  y preservar la integridad de sus potenciales víctimas.

El artículo 333 del Código Penal establece entre las medidas especiales de protección en los delitos de violencia doméstica: desalojo del agresor de la residencia mientras dure el proceso; suspensión del permiso de portar armas; autorizar a la víctima para que se radique junto con su familia en un lugar diferente; ordenar al agresor a asistir a terapia sicológica  o siquiátrica; ordenar protección policial especial para la víctima; y la detención del agresor por un término de 48 horas, entre otras.

Maltrato no solo físico

La fiscal Meléndez destacó que el maltrato no es solo la agresión física. También existen las agresiones sicológicas, la obsesión hacia una persona y la violencia patrimonial, que por lo general son cometidas contra personas dentro del segundo grado de afinidad y cuarto grado de afinidad.

De acuerdo con la fiscal, entre los factores detonantes de la violencia doméstica está la falta de respeto entre los integrantes del núcleo familiar, manejo inadecuado de las emociones y la ira.

A la vez, consideró que estos casos de violencia doméstica  requieren de una manejo rápido para evitar que la víctima corra riesgos innecesarios.

Como una medida de protección adicional a las víctimas, está el hecho que las denuncias no pueden ser desistidas.

Esto, porque la experiencia ha demostrado que algunas víctimas, en su mayoría mujeres, desisten de las denuncias por presión económica, es decir, porque el hombre que las agrede es quien provee el dinero en el hogar.

“La experiencia revela que violencia doméstica es un delito cíclico, en el que existe una fase de agresión y perdón, que se repite hasta que víctima llega a un punto de quiebra y acude a las autoridades”, explicó Meléndez.

Por la propia protección de las víctimas, las autoridades dispusieron que estos casos no pueden ser desistidos y que deben llegar a una definición ante un juez de garantías, reiteró.

El artículo 200 del Código Procesal Penal establece penas de 5 a 8 años de prisión para la persona que hostigue o agreda física, sicológica  o patrimonialmente a otro miembro de su familia. Este artículo también dispone que el victimario deberá recibir tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal. La pena será aumentada hasta 6 y 9 años si las lesiones  físicas provocan una incapacidad física superior a los 30 días.

Sin embargo, la fiscal reconoce que muchos de los casos de violencia doméstica no llegan a los justicia por falta de denuncias y por temor a represalias del agresor o por ignorancia de las normas legales.

Precisó, empero, que en los últimos años el número de denuncias ha aumentado, en parte por la toma de una mayor conciencia en la sociedad respecto a que la violencia doméstica es un delito grave, que debe ser perseguido y sancionado por las autoridades.

También consideró necesaria la aplicación de formas electrónicas de monitoreo de los agresores, a través de la aplicación de brazaletes con los que se pueda alertar a la víctima de la proximidad del agresor a su residencia. En este aspecto, dijo que aún no hay un consenso de cómo se puede implementar esta tecnología.

Dijo tener conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que el Ministerio de  Gobierno pretende adquirir esta tecnología, aunque dijo que por ahora desconoce cómo se implementará el sistema en el país.

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