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Otra vuelta de tuerca a la crisis

El presidente catalán Carles Puigdemont no despejó las dudas sobre su declaración de independencia e instó a Madrid al diálogo.

Prisión para dos líderes catalanes

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El gobierno catalán, liderado por Carles Puigdemont, asumió en 2015 el reto de llegar a la independencia de Cataluña. Algo también perseguido por el anterior ejecutivo del expresidente Artur Mas. El gobierno catalán, liderado por Carles Puigdemont, asumió en 2015 el reto de llegar a la independencia de Cataluña. Algo también perseguido por el anterior ejecutivo del expresidente Artur Mas.
El gobierno catalán, liderado por Carles Puigdemont, asumió en 2015 el reto de llegar a la independencia de Cataluña. Algo también perseguido por el anterior ejecutivo del expresidente Artur Mas.

Segundo y último plazo para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vuelva al marco de la legalidad antes de que suenen las alarmas definitivas de la activación del artículo 155 de la Constitución española.

El gobierno central advirtió al líder independentista de que “será el único responsable” si finalmente se interviene el control del ejecutivo autonómico.

El 19 de octubre es la nueva fecha marcada en rojo para que Puigdemont responda que no tiene que “revocar la declaración de independencia de Cataluña porque no está declarada”, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Un galimatías dialéctico que comenzó el pasado 10 de octubre cuando el presidente de la Generalitat pronunció en el Parlamento de Cataluña: “Proponemos suspender durante unas semanas la declaración de independencia para entrar en una etapa de diálogo y llegar a una solución acordada para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña”. Ante la duda semántica de su alocución, el gobierno de Mariano Rajoy pidió claridad.

Ayer, Puigdemont remitió una carta de dos páginas al Palacio de la Moncloa —sede del Gobierno de España— en la que nuevamente dejó en blanco la pregunta de si había declarado o no la independencia de la región de Cataluña.

En ella pretendía establecer una “negociación sincera” con un plazo de dos meses para encontrar una salida a la crisis secesionista.

El diálogo tiene que ser dentro de la legalidad, reiteró la número dos del Gobierno español. “Esperamos que en el segundo plazo responda con la claridad que se le exige”, acotó ayer en su declaración a los medios.

A nadie le extrañó que Puigdemont repitiera su estrategia del desconcierto. Sobre todo, debido al enfado que causaría en el ala más radical de su gobierno reconocer que declarar la independencia de Cataluña no tiene valor jurídico.

A Rajoy tampoco que, en menos de 30 minutos, invalidó la respuesta también por carta. Los líderes políticos no han mantenido ninguna conversación de viva voz.

La mayor crisis de Estado en 40 años de democracia española tiene dos desenlaces posibles: o Puigdemont niega que haya declarado la independencia o lo asegura.

En cualquier caso, lo que está sobre la mesa es la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que habilita al gobierno central de Madrid a tomar el control de una de las 17 comunidades autónomas que conforman España. En este caso, Cataluña.

Se trata de una medida que nunca ha sido puesta en práctica y genera mucha incertidumbre las consecuencias de tal decisión.

El texto de la Constitución establece que el Gobierno puede adoptar “las medidas necesarias” para “obligar” a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de sus “obligaciones” que la Constitución u otras leyes le “imponen” o, si fuera el caso, la “protección” del “interés general”.

El abanico de acción va desde el control de las finanzas de la Generalitat, órdenes y toma de control de departamentos, destitución de cargos de la administración o incluso la disolución del Parlamento.

De forma paralela, ante la Audiencia Nacional compareció el máximo responsable de la policía regional de Cataluña —los Mossos d’ Esquadra— el mayor Josep Lluis Trapero, junto a otros líderes soberanistas imputados por un delito de sedición. Estaban acusados de no cumplir con el mandato de un juez de Barcelona para impedir que se celebrara el referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre, que había sido suspendido por decisión del Tribunal Constitucional español.

Finalmente, Trapero evitó la pena de prisión incondicional que solicitaba para él la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero la juez le retiró el pasaporte y deberá presentarse cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio.

Prisión para dos líderes catalanes

Una jueza de la Audiencia Nacional española decretó prisión preventiva para los líderes de dos influyentes asociaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, imputados por el delito de sedición, según el auto judicial. La decisión tiene que ver con hechos ocurridos el 20 de septiembre en Barcelona, cuando cientos de manifestantes se concentraron ante un edificio del gobierno catalán, en el que la Policía española efectuaba registros, dañando sus vehículos y dificultando su salida.

Según el auto, Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, y Cuixart, de Òmnium Cultural, fueron los “principales promotores y directores” de esa manifestación, y existía peligro de que pudieran “ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba”.

Ambos líderes habían acudido a declarar ayer ante el alto tribunal en Madrid, encausados por sedición.

Tras la sentencia, se registraron manifestaciones en rechazo a la detención de Sánchez y Cuixart, luego de que ambos llamaran a la movilización.

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