[COLOMBIA]

Buen gobierno, mal Estado

La crisis profunda se ubica en los partidos, cuya fuerza no está en sus dirigentes y programas, sino en manos de los cazadores de votos.

Existe un extraño fenómeno que los colombianos hemos tardado en advertir: el de disponer a la vez de un buen gobierno y de un Estado inoperante carcomido por toda clase de virus. Dígase lo que se diga, Uribe fue un gran presidente. Santos tiene también un relevante perfil. El primero consiguió resultados incuestionables en el campo de la seguridad. El segundo adelanta una exitosa política internacional. Y ambos se han identificado con un modelo económico que ha logrado atraer la inversión extranjera, incrementar el comercio de nuestros productos y asegurar buenas tasas de crecimiento, sin descuidar los programas sociales.

Sin embargo, cierta inevitable polarización política que desde los medios se propaga en la opinión pública, lleva a los antiuribistas a enlodar el limpio nombre de Uribe responsabilizándolo de los escándalos de corrupción que se han venido destapando en el último año. Y, por otra parte, se lanzan críticas al presidente Santos por las desastrosas demoras en la llegada de auxilios a las víctimas del pasado desastre invernal, las carreteras taponadas, las ciudades sin agua y demás problemas que a pesar de las previsiones permanecen vivos.

Pues bien, aunque haya fallas de otro orden asignables a los dos gobiernos, ninguno de estos cargos es justo. El problema tiene una explicación más honda. Reside en un Estado inoperante, donde toda buena iniciativa oficial naufraga bajo el peso de una agobiante tramitomanía; un Estado contaminado además por la corrupción en contrataciones y subsidios, por las cuotas burocráticas exigidas y pagadas al mundo político y muy especialmente por una justicia donde imperan aversiones políticas y sesgos ideológicos, capaz de dar validez a falsos testimonios para condenar a un inocente.

Terrible realidad: el gran elector de hoy en día es el dinero. El juego democrático puede ser limpio en las principales ciudades y muy especialmente en Bogotá, con un abanico de brillantes candidatos, pero no en muchas regiones del país, donde gobernaciones y alcaldías son vistas ante todo como un botín, un negocio rentable. A mí, como seguramente a muchos lectores de este diario [El Tiempo], me alarmó la valerosa columna de Salud Hernández-Mora del pasado domingo 23 octubre, donde con nombres propios señala a inquietantes candidatos con opciones de triunfo en Casanare, Arauca, Huila, Sucre, la Guajira y otras regiones del país.

La crisis profunda se ubica en los partidos, cuya fuerza no está en sus dirigentes y programas, sino en manos de los cazadores de votos. La revista Semana señala en su último número cómo el colapso de 150 años de bipartidismo ha dado lugar a toda suerte de alianzas y aspiraciones no controladas por los partidos.

Esta realidad, ligada al clientelismo y la corrupción, no puede ser neutralizada por los sanos propósitos de un gobierno. Paradójicamente, leyes o normas constitucionales bonitas o ilusas les impiden el control de otros tiempos sobre el aparato estatal. Parecen hechas para países como Suiza o Noruega. ¿De qué vale, por ejemplo, dar especial participación en las regalías petroleras a ciertas atrasadas regiones? Tales recursos millonarios quedan en manos de caciques regionales que acaban tomándolos como un botín personal. ¿Qué ha ocurrido en Casanare, Arauca o el propio Cesar? Persignémonos.

Nuestra patria boba, que legislaba a espaldas de la realidad, no ha desaparecido. Y si uno se atreviera a pensar en soluciones centralistas para que un honesto presidente designara o depusiera gobernadores o alcaldes, quedaría calificado de espantable retrógrado. ¿Qué otra solución cabría? El hecho cierto es que si el Estado no se depura, no nos bastará contar con un buen mandatario.

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