[DESARME DE LAS FARC]

Colombia busca acabar con la violencia

El ELN todavía no ha dejado la práctica del secuestro, lo que se ha convertido en la razón de máxima fricción con el equipo negociador del Gobierno.

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Campamento de las FARC. Campamento de las FARC.
Campamento de las FARC.

Colombia cierra este martes un ciclo de más de medio siglo marcado por la violencia de las FARC. Los cerca de 7 mil combatientes de la primera guerrilla del país culminan la entrega de armas y comienzan la fase final de su reincorporación a la sociedad. Pero este proceso no basta para alcanzar una paz completa. Hace 10 días una bomba mató a tres mujeres en Bogotá, hay grupos insurgentes que siguen secuestrando y las mafias de narcotraficantes declararon en mayo la guerra a la policía al verse acorraladas por las fuerzas de seguridad. Las autoridades afrontan el desafío de consolidar la normalidad.

El camino recorrido en Colombia desde la firma de los acuerdos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, el año pasado, no tiene precedentes. La guerra con esa organización ha terminado. “No es lo mismo tener a una guerrilla todavía armada que una guerrilla que ha dejado las armas. Entonces, yo creo que lo que logramos es una permanencia de esta situación posconflicto, y eso me parece notorio. El sentido de lo histórico es que se logra la plena irreversibilidad [del conflicto]”, explica a El País Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

Sin embargo, la violencia persiste. Hace dos sábados la sociedad colombiana se enfrentó a sus peores fantasmas. En medio de una tarde de compras, la explosión de un artefacto colocado en un baño de mujeres del centro comercial Andino acabó con la vida de tres jóvenes y dejó una decena de heridos, sembrando el pánico en la capital. Una semana después, las fuerzas de seguridad realizaron 10 registros y detuvieron el sábado a ocho sospechosos del ataque, a los que el domingo se sumó uno más. “Las evidencias en poder de los investigadores señalan que los cuatro hombres y las cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP)”, señaló la fiscalía. Se trata de un grupo insurgente menor que, según las autoridades, tuvo vínculos con células del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esta guerrilla, la más relevante todavía activa, se sentó en febrero con el Gobierno en una mesa de diálogo en Quito (Ecuador) para tratar de negociar un cese al fuego. Sus dirigentes condenaron, al igual que las FARC, el atentado del Andino, pero su estructura horizontal y caótica complica esas conversaciones, que apenas han avanzado. En torno a la medianoche del viernes, el ELN liberó a dos periodistas holandeses que tenía secuestrados desde hacía una semana en la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela.

La liberación se produjo después de un día de confusión, en medio de confirmaciones y desmentidos. La guerrilla alegó que en esa zona, abandonada por el Estado, “la posibilidad de efectuar privaciones temporales de la libertad a personas desconocidas y ajenas a las comunidades se corresponde con una actitud preventiva, de ejercicio de protección y seguridad, natural para cualquier fuerza insurgente”.

La realidad es que el ELN todavía no ha dejado la práctica del secuestro, lo que se ha convertido en la razón de máxima fricción con el equipo negociador del Gobierno. A estas circunstancias se suma la violencia de grupos armados que viven del narcotráfico. El más peligroso, el llamado Clan del Golfo, se caracterizó por la ofensiva contra el Estado conocida como plan pistola. Es decir, un ofrecimiento a los sicarios de 700 dólares por cada policía asesinado que, salvando las distancias, devolvió al imaginario colectivo a los tiempos de la guerra contra Pablo Escobar.

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