[ECUADOR]

Correa contra la prensa

El diario El Universo de Ecuador ha sido condenado a una multa cuya desorbitada cuantía amenaza su continuidad, además de otros cargos aún más abultados y penas de tres años de prisión para el columnista Emilio Palacio y los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, principales directivos de la publicación.

Según la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana, una tribuna firmada de Palacio, en la que se acusaba al presidente Correa de haber ordenado al Ejército que disparase contra un hospital lleno de civiles y gente inocente, constituiría un delito de injurias.

No es este el único caso que enfrenta a Correa con la prensa de Ecuador. Otros dos periodistas, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, fueron condenados la semana pasada a pagar dos millones de dólares por los supuestos daños morales ocasionados al Presidente en un libro con revelaciones sobre los negocios de su hermano. Esta última sentencia se encuentra recurrida.

Aun en el supuesto de que existieran las injurias y los daños morales denunciados por Correa, los tribunales de Ecuador han pretendido dictar una sentencia ejemplarizante que, precisamente por serlo, vulnera los principios del Estado de derecho y supone un grave atentado contra la libertad de expresión.

La aberrante desproporción de las condenas, dictadas, además, por un Poder Judicial sobre el que pesa la sospecha de estar manipulado por el Ejecutivo, deja entrever la inaceptable estrategia del Presidente ecuatoriano.

Correa no busca tanto una reparación como crear un clima de temor que acalle todas las críticas. Pero el carácter ejemplarizante de las sentencias contra El Universo y contra los periodistas Calderón y Zurita, lejos de reparar nada, contribuyen a socavar aun más el Estado de derecho y la libertad de expresión en Ecuador.

El mal comienza a ser endémico en algunos países de América Latina, donde, como en Ecuador, los gobiernos están acabando con las voces disidentes por la vía de ahogar financieramente a las empresas periodísticas a través de procesos penales. Correa, como ciudadano, tiene derecho a que se respete su honorabilidad. Como Presidente, tiene obligación de respetar y hacer respetar la libertad de expresión.

Las recientes sentencias han establecido la absoluta incompatibilidad entre ese derecho y esa obligación, declarando implícita y desgraciadamente la aplastante superioridad del primero sobre la segunda.

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