[CUMBRE DE LAS AMÉRICAS]

Diplomacia frente a Venezuela

La decisión de Perú de excluir a Venezuela de la Cumbre de las Américas en Lima se fundamenta en la larga tradición de las cláusulas democráticas de los organismos regionales.

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Superando la formalidad de una invitación ya cursada al dictador venezolano Maduro, nuestra diplomacia ha tenido el acierto de aprovechar la última reunión de cancilleres del Grupo de Lima para lograr que su Declaración (punto 6) recoja las bien fundadas razones por las cuales “el Gobierno del Perú ha decidido reconsiderar la participación del Gobierno de Venezuela en la VIII Cumbre de las Américas, en Lima”, antes de consignar que “Los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión”. El fundamento principal de esta decisión es la Declaración de Quebec de abril de 2001, emitida por la III Cumbre de las Américas (celebrada cinco meses después de la salida de Alberto Fujimori). En ella se consagra una rotunda cláusula democrática, referencia indispensable de compromisos similares adoptados en otros organismos regionales y subregionales.

El proceso de cumbres no es de vieja data en la OEA ni forma parte de su organigrama. Se inició con la cumbre que el presidente Clinton convocó en Miami para lanzar el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas). Esta interesante iniciativa fue sepultada cuatro años después en la Cumbre de Mar del Plata, donde Néstor Kirchner apoyó vigorosamente al avasallador dúo que formaron Hugo Chávez y Lula Da Silva, ambos discípulos de Fidel Castro. Fue ahí donde el tropical comandante Chávez sentenció: “ALCA… rajo”. Así liquidó, con malcriadez y prepotencia, el promisorio proyecto de Clinton. Desde entonces cobró vuelo el acuerdo ALBA, propulsor del “socialismo del siglo XXI” y brazo ejecutor del Foro de Sao Paulo, potenciando el factor que hizo crecer exponencialmente la corrupción como mecanismo de expansión geopolítica: Lava Jato y el petróleo chavista de Pdvsa. (Ese poder corrupto aseguró también los votos para elegir comisionados y jueces cómplices en el sistema interamericano de derechos humanos que nos sojuzga).

Vale la pena transcribir el texto de la madre de las cláusulas democráticas y de la posterior Carta Democrática Interamericana: “El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en esta y en futuras cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas. Tomando debidamente en cuenta los mecanismos hemisféricos, regionales y subregionales existentes, acordamos llevar a cabo consultas en el caso de una ruptura del sistema democrático de un país que participa en el proceso de cumbres” (párrafo quinto de Quebec).

Raúl Castro fue excepcionalmente invitado a la Cumbre de Panamá (2015) por el frustrado cambio de la política de Obama hacia La Habana, que no varió en un ápice la participación del comunismo cubano en la corrupción de Lava Jato. La inversión de Odebrecht en el elefantiásico y deficiente Puerto de Mariel, que roza los mil millones de dólares, comenzó poco después.

El Perú propuso que el tema central de la Cumbre de Lima sea la perversa conexión entre la corrupción y la gobernabilidad. Estuvo muy bien, pero esa importante agenda no se refuerza con la presencia de Cuba en nuestro país, donde los ciudadanos observamos, atónitos, los avances de la izquierda contra el desarrollo y la inversión, que han llevado a intensificar su campaña para modificar el régimen económico de la Constitución de 1993, base del progreso económico nacional de las últimas décadas.

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